El PP de Castilla-La Mancha financia con dinero público a Vito Quiles

Las diputaciones provinciales de Toledo y Ciudad Real o el Ayuntamiento de Toledo, tres instituciones que el Partido Popular gobierna en Castilla-La Mancha, han adjudicado en los últimos años una serie de contratos menores de publicidad institucional a la empresa EDA TV Consulting SL, propietaria de los medios en los que opera el agitador ultraderechista Vito Quiles y que dirige el periodista Javier Negre. Todas las adjudicaciones se sitúan por debajo del umbral económico que obliga a concurso público, lo que ha permitido formalizarlas mediante el procedimiento de contrato menor, sin concurrencia competitiva. La información se enmarca en la investigación publicada el pasado mes por el diario El Salto, que cifró en 681.420 euros y 172 contratos el dinero público inyectado por administraciones del PP a esta empresa entre 2021 y 2025.

El caso ha cobrado relevancia esta misma semana tras el incidente protagonizado por Quiles con Begoña Gómez a la salida de un restaurante de Las Rozas (Madrid), por el que la mujer del presidente del Gobierno ha anunciado acciones legales. El programa Mañaneros 360 de TVE retomó este viernes la investigación de El Salto y ofreció el detalle del reparto territorial de los contratos, mientras que el espacio laSexta Xplica dibujó este sábado un mapa estatal con las instituciones que sostienen económicamente al medio: seis comunidades autónomas, siete diputaciones y veintiséis ayuntamientos, todos gobernados por el PP, según el recuento ofrecido en el programa.

Toledo, Ciudad Real y el Ayuntamiento, tres focos en Castilla-La Mancha

En la Diputación Provincial de Toledo, presidida por la popular Concepción Cedillo, la institución adjudicó a EDA TV un contrato menor de 3.305,79 euros sin IVA en septiembre de 2025 para una "tercera campaña publicitaria institucional", según consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público. En 2026 figuran ya otras dos adjudicaciones: una campaña publicitaria firmada en marzo y otra para promoción en FITUR 2026, formalizada el pasado febrero. El agregado declarado para el ejercicio 2026 es de dos contratos por importe de 4.132 euros.

La Diputación Provincial de Ciudad Real, gobernada por el popular Miguel Ángel Valverde con el apoyo de Vox —que ostenta dos vicepresidencias—, es la institución castellanomanchega que más recursos ha destinado al medio. En 2024 figuran ocho contratos menores por un total de 17.122 euros, con conceptos tan diversos como la campaña contra la violencia de género, la promoción de Fercatur, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o una campaña institucional de concienciación sobre el ahorro de agua. En 2025 se sumaron otros cuatro contratos por 8.316 euros, vinculados a campañas de Semana Santa y a FITUR 2025. Una investigación previa de El Plural elevaba a más de 30.000 euros el importe total adjudicado a EDA TV en lo que va de legislatura por esta diputación, dentro de un paquete de 135.696 euros repartidos entre medios afines a la extrema derecha como OKDiario, El Debate, Periodista Digital, The Objective o Libertad Digital.

El Ayuntamiento de Toledo, dirigido por el alcalde popular Carlos Velázquez, completa el mapa regional con cuatro contratos identificados desde 2024. Entre ellos figuran adjudicaciones para difusión publicitaria del Corpus 2025 (1.652,89 euros), la Semana Santa 2025 (1.239,67 euros) o FITUR 2026 (1.653 euros).

Una empresa con accionistas relevantes

EDA TV Consulting SL está controlada por Francisco Javier García Negre, conocido como Javier Negre, con el 71,3 % del capital, según los datos del Registro Mercantil recopilados por El Salto. Entre sus socios minoritarios figura Majal Gestión SL, sociedad vinculada a María José Álvarez Mezquiriz, presidenta ejecutiva del Grupo Eulen, donde Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente del PP Alberto Núñez Feijóo, dirige el área noroeste de la compañía. También aparece como accionista el exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto.

Según expuso en Mañaneros el periodista Javier H. Rodríguez, autor de la investigación de El Salto, la facturación declarada por la empresa en 2024 ascendió a 1,3 millones de euros, lo que sitúa los contratos del PP como una proporción muy relevante de sus ingresos. "Es evidente que serían insostenibles estas empresas sin esos dopajes de dinero público", afirmó el redactor en directo.

La comida en el Senado y la reacción del PSOE

El foco sobre la conexión castellanomanchega se ha intensificado tras conocerse, también esta semana, que el agitador comió en la cafetería del Senado el pasado martes con dos senadores del PP por la región: Lucas Castillo, presidente provincial del partido en Guadalajara, y Benjamín Prieto, expresidente provincial del PP en Cuenca y alcalde de Fuentelespino de Haro. La información, adelantada también por Mañaneros 360, sitúa el encuentro menos de 24 horas antes del incidente del activista con la mujer del presidente del Gobierno. El PP negó a la cadena pública que la reunión estuviera "agendada" y la calificó de "casual".

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, exigió ese mismo jueves al presidente del PP regional, Paco Núñez, que condene los hechos "antidemocráticos" y que "pida explicaciones a sus dos senadores sobre qué hacían comiendo con un agitador". "La evidencia de que dos senadores del PP de Castilla-La Mancha hayan comido con un agitador antes de un incidente lamentable de este con la mujer del presidente del Gobierno demuestra qué clase de Partido Popular tenemos en Castilla-La Mancha. El más radical de toda España", escribió Gutiérrez en sus redes sociales.

En la misma línea se expresó este viernes el secretario general del PSOE en la provincia de Guadalajara y presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, durante la manifestación del 1 de mayo en la capital alcarreña. Bellido calificó la comida como "un anticipo de lo que nos espera", anticipó "una campaña muy sucia" y lamentó que el PP "esté contratando a ese señor para ensuciar el ambiente". "Espero no verlo en la provincia de Guadalajara", añadió. El dirigente socialista vinculó esa estrategia con la situación electoral de los populares en su provincia: "Creo que el Partido Popular sabe que está hundido en la provincia de Guadalajara, creo que es consciente de que ya le ha superado Vox y que va a ser tercera fuerza política prácticamente de manera inevitable y están dispuestos a todo".

Retirada de publicidad institucional a la prensa local

El flujo de fondos públicos castellanomanchegos hacia EDA TV se produce, además, en un contexto en el que las tres administraciones implicadas han recortado o suprimido la publicidad institucional que destinaban a algunos medios de comunicación locales y regionales tras el cambio de gobierno. Medios como clm24.es han dejado de figurar como receptores de campañas institucionales de la Diputación de Toledo, la Diputación de Ciudad Real o el Ayuntamiento de Toledo, a pesar de que sí lo hacían bajo los anteriores ejecutivos socialistas.

El propio Quiles negó este martes en X las informaciones publicadas por El Salto. "Esto es simplemente FALSO", escribió, antes de matizar a continuación que se trata de "acuerdos de publicidad institucional o campañas turísticas que realizan muchos ayuntamientos". En el mismo mensaje amenazó al diario: "Os doy 24 horas para eliminar la noticia si no queréis acabar como vuestro Fiscal General", en referencia a la reciente condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya administración encabeza el ránking nacional de adjudicaciones a EDA TV con 41 contratos por valor cercano a los 133.000 euros según los datos de El Salto, defendió esta semana al agitador y afirmó que "el agredido es un periodista", contradiciendo así el relato de la denuncia presentada por la mujer del jefe del Ejecutivo.

El recorrido por los registros públicos dibuja un patrón homogéneo en las administraciones del PP de las cinco provincias en las que el partido gobierna instituciones en Castilla-La Mancha: contratos menores fraccionados, importes situados sistemáticamente por debajo del umbral de licitación obligatoria y un destinatario común que carece de presencia editorial estable en el territorio que abona sus campañas.