Page prefiere que "hablen los españoles" a consentir un "atropello" en la financiación
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha endurecido su discurso contra la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada por la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En un día que él mismo calificó como “doloroso”, aseguró que rechaza “bajo ningún concepto” el modelo planteado, un esquema que considera “pactado con los independentistas”, articulado “a espaldas del resto del país” y que, en su opinión, dinamita los fundamentos de igualdad sobre los que se sostiene el Estado de las autonomías.
A pie de acto institucional en Alcoba de los Montes (Ciudad Real), García-Page reivindicó que, antes de permitir “un atropello de esta naturaleza”, “prefiere que hablen los españoles, y que lo hagan muy claro”.
La postura de Castilla-La Mancha: Page denuncia un “atropello” y un “intento de suicidio político de la izquierda”
El presidente castellanomanchego elevó el tono como pocas veces antes. “Hoy es un día doloroso, muy doloroso”, comenzó. Acto seguido, deslizó que no participará “bajo ningún concepto del intento de suicidio político de la izquierda que algunos están buscando en España solo por interés personal”.
Aseguró que la propuesta se ha conocido sin negociación previa y que, por primera vez, ha tenido que escuchar “argumentos ininteligibles, caóticos, para intentar explicar lo inexplicable, al menos desde posiciones progresistas”. Para García-Page, “es intolerable que en España se pacte el modelo de financiación de todos con unos independentistas y luego se sirva el plato frío al resto”.
El presidente autonómico sostuvo que la reforma supone “echar a la basura decenas de años de pelea por la progresividad fiscal”, es decir, por la idea de que “pague más el que más tiene, pero no para que se lleve más el que más tiene”. Y remachó: “Pasar de un modelo de progresividad fiscal a uno de regresividad fiscal es inconcebible”.
Se mostró especialmente dolido al afirmar que ve “a gente que dice llevar la misma camiseta que los que estamos aquí —no sé si limpia o muy sucia— defendiendo lo indefendible, cosas que solo defendería la derecha más reaccionaria”.
Según sus palabras, el planteamiento del Gobierno representa “el mayor ataque a la igualdad de los españoles que se ha producido en toda democracia”, un cambio que “solo hubiera esperado de la derecha más reaccionaria”, y que “pone en juego lo más importante: cómo compartimos los españoles la riqueza que es de todos”.
“Que hablen los españoles”: Page reclama una decisión nacional
García-Page insistió en que, ante un escenario así, la respuesta debe ser del conjunto del país.
“Prefiero que antes de que avance un atropello de esta naturaleza… hablen los españoles”, denunció, subrayando que el sistema proyectado “decide cómo se reparte la riqueza de España por parte de quienes quieren romperla”.
Recalcó que “sobre esto deben opinar todos los españoles”, porque en juego está “el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos”. Y añadió que su Gobierno no va a consentir “más trampas ni más engaños”.
“No se puede considerar a este país como una inmensa guardería a la que se le puede imponer un relato para que cacaree trampas una tras otra”, lamentó.
Además, criticó que el Ejecutivo haya tenido “once años” para renovar el sistema, tiempo suficiente “para que se hornee un pastel más grande”, pero ahora, aunque “el pastel es más grande”, considera que “los trozos son mucho más injustos”.
“Solo se ha pensado en el trozo de un territorio e incluso se permite el lujo de crear fondos de limosnas”, reprochó, unas medidas que calificó de “ofensa a los valores progresistas”.
Violación de principios progresistas: ordinalidad, regresividad y desigualdad
Las advertencias de Page se centraron también en el principio de ordinalidad, que el Gobierno asegura que inspira el modelo y que, según ERC, situaría a Cataluña como tercera comunidad tanto en aportación como en recepción.
“El paso de un modelo de redistribución justa de la riqueza a uno de ordinalidad es probablemente el mayor ataque a la igualdad de los españoles”, sostuvo el presidente, señalando que escuchar esto de personas “con las que comparte principios en teoría” le provoca un daño político y personal considerable.
“Nos estamos jugando el todo por el todo”, zanjó.
Page cuestiona la viabilidad del modelo: “Haremos todo lo posible para frenarlo”
En su intervención, García-Page aseguró que es plenamente consciente de que “este proyecto no tiene viabilidad”, y que su Ejecutivo hará “todo lo posible para que no arruine por completo los principios progresistas en este país, bajo ningún concepto”.
“Ya está bien de barrer siempre para los mismos”, advirtió, defendiendo que Castilla-La Mancha mantendrá una posición firme “como región afectada” y también “por coherencia con un modelo de país que garantice la igualdad”.
La afección para Castilla-La Mancha: 1.248 millones más, pero un reparto “injusto”
Según las cifras divulgadas por el Ministerio de Hacienda, Castilla-La Mancha recibiría 1.248 millones de euros adicionales en 2027 respecto al sistema vigente, situándose entre las comunidades infrafinanciadas que verían incrementados sus recursos junto a Murcia, que obtendría 1.188 millones.
Aun así, García-Page insiste en que este aumento no compensa un esquema global que considera desequilibrado. De hecho, volvió a recordar que “el coste de un médico, de su sueldo o de una radiografía es el mismo en las Ramblas que en la Castellana o en Bilbao”, y que el principio de equidad debe aplicarse en función de necesidades reales y coste de los servicios públicos esenciales, no de acuerdos bilaterales con partidos independentistas.
Mientras García-Page denunciaba un modelo que considera regresivo y pactado al margen del resto de comunidades, el Gobierno defendió este viernes una propuesta que, según la ministra María Jesús Montero, busca modernizar y reforzar la financiación autonómica.
“Castilla-La Mancha seguirá infrafinanciada y por debajo de la media”
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado su posición crítica frente a la propuesta estatal al asegurar que, con el nuevo modelo planteado, la región continuará infrafinanciada y situada “por debajo de la media del conjunto de las comunidades autónomas”. Así lo trasladaron fuentes de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que insisten en que el esquema presentado por el Ministerio no corrige los desequilibrios que vienen denunciando desde hace años.
Según el departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina, Castilla-La Mancha seguirá “castigada como lo está ahora con el actual modelo”, pese al incremento global de recursos que prevé la reforma. El Ejecutivo autonómico subraya que el debate no consiste en que todas las regiones reciban más “porque la tarta sea más grande”, sino en determinar “si el trozo que se lleva cada uno es realmente justo”.
Desde la Administración regional reconocen que el volumen total de financiación previsto “es positivo”, pero cuestionan de forma frontal la metodología con la que se distribuyen los fondos. Sostienen que “el modelo impide, en cualquier caso, que todas las comunidades puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos”, y califican el planteamiento como “claramente regresivo”. Según explican, la fórmula diseñada beneficia a los territorios con mayor capacidad tributaria, al permitirles disponer de más recursos y, en consecuencia, prestar los servicios públicos “en mejores condiciones que los demás”.
El posicionamiento castellanomanchego insiste en que el sistema “debe regirse por aportar en función de la capacidad y recibir en función de las necesidades”, lo que requiere —en su opinión— un cálculo riguroso de la población ajustada que refleje el coste real de los servicios esenciales en cada comunidad autónoma y no la capacidad económica del territorio. Sobre este extremo, la Junta asegura que aún desconoce la financiación por habitante ajustado que corresponde a cada región con el nuevo modelo.
Por todo ello, el Ejecutivo autonómico concluye que la propuesta trasladada por Hacienda “es más un modelo de reparto de la riqueza nacional que un verdadero modelo de financiación que atienda al coste real de los servicios públicos fundamentales”.
Los detalles del nuevo modelo presentado por el Gobierno
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó este viernes los ejes del nuevo sistema de financiación autonómica, una propuesta que calificó de “reforma imprescindible” tras más de una década de vigencia del modelo anterior. Según explicó, el Gobierno busca “modernizar los criterios de reparto, reforzar la suficiencia y mejorar la capacidad fiscal de las comunidades”.
El planteamiento elevará en 2027 la financiación total de las autonomías hasta 224.507 millones de euros, lo que supone 20.975 millones más que si continuara el sistema actual. Montero justificó esta cifra en una combinación de medidas diseñadas para acercar los recursos autonómicos a la realidad económica del país.
La pieza central es el aumento de la cesión del IRPF y el IVA, que pasarán del 50 % al 55 % y 56,5 %, respectivamente. Con los datos de 2024, este cambio habría aportado 12.355 millones adicionales a las regiones. “Se trata —explicó— de un sistema que refleja mejor la actividad económica del territorio y ofrece mayor estabilidad a las haciendas autonómicas”.
La propuesta incorpora también la integración de nuevos impuestos en la cesta de tributos cedidos —patrimonio, depósitos bancarios, juego y residuos—, además de una revisión profunda del cálculo de la población ajustada, el indicador que determina las necesidades de gasto. Con ello, Hacienda pretende ponderar mejor variables como la edad, la dependencia o las circunstancias educativas, que Montero considera “factores básicos para garantizar una financiación justa de los servicios públicos”.
El modelo incluye además mecanismos de nivelación, que sumarán 18.993 millones para corregir diferencias entre territorios, y un fondo climático de 1.004 millones, con dos tercios orientados al litoral mediterráneo. Montero subrayó que la reforma “tiende a la ordinalidad”, principio según el cual la posición fiscal de una comunidad debe corresponderse con su posición en recursos por habitante, aunque admitió que los ajustes —especialmente el llamado statu quo— impedirán su cumplimiento pleno en todas las regiones.
El Gobierno defiende que ninguna comunidad saldrá perjudicada y que el modelo “beneficia a todas”, algo que ERC también ha resaltado al asegurar que Cataluña podría recibir 4.700 millones adicionales sin que otras regiones pierdan. El PP, por su parte, denuncia que el acuerdo es “corrupción política”, mientras que Vox habla de “estafa”.
La ministra trasladará ahora la propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, convocado para la próxima semana, y posteriormente abrirá una ronda de reuniones bilaterales antes de que el proyecto de ley llegue al Consejo de Ministros y, después, a las Cortes. Montero confió en que el texto reciba un “apoyo amplio” para que el sistema pueda entrar en vigor el año que viene.