Núñez (PP) da por agotada la etapa de Page y sitúa el cambio político en 2027
El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, aseguró este jueves en Ciudad Real que “el tiempo de Emiliano García-Page ha acabado” y afirmó que el cambio político en la región llegará en 2027, tras realizar una valoración muy crítica de la situación económica, social y de los servicios públicos. Lo hizo durante un desayuno informativo del PP, acompañado por la vicesecretaria nacional Carmen Fúnez y el presidente provincial Miguel Ángel Valverde, en el que reclamó además un cambio político también a nivel nacional.
Núñez abrió el turno de intervenciones con un diagnóstico que calificó de “preocupante” para Castilla-La Mancha, a la que situó entre las comunidades con peores indicadores laborales del país. Según expuso, en 2025 el paro aumentó en 7.600 personas, superando los 130.000 desempleados, con una tasa de paro femenino del 15,4%, la tercera más alta de España, y una tasa global que sitúa a la región como la cuarta peor del país. A ello sumó un paro juvenil del 28%, que, a su juicio, está provocando una “huida de talento” hacia otros territorios.
El líder regional del PP vinculó estos datos a un modelo de gestión “agotado, sin ideas ni ambición”, y alertó de que el 71% de los jóvenes manifiesta su intención de abandonar la comunidad por la falta de oportunidades y los salarios más bajos del país. En el ámbito social, recordó que más del 34% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión, porcentaje que asciende al 41% entre los jóvenes, una situación que, según los indicadores europeos, sitúa a la región por debajo de países como Bulgaria en renta media por habitante.
En sanidad, Núñez denunció que Castilla-La Mancha atraviesa “los peores datos de listas de espera de su historia”, con demoras récord para operaciones, pruebas diagnósticas y consultas. Criticó la ausencia de un plan de choque, la falta de avances en la carrera profesional sanitaria y el abandono de la Atención Primaria, especialmente en el medio rural. En materia de vivienda, alertó de que el alquiler ha subido un 19,8% en el último año, lo que dificulta la emancipación juvenil, y reclamó una bajada del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 9% al 4%, además de cambios legislativos para generar suelo y facilitar vivienda asequible.
Tras este análisis general, Núñez centró parte de su intervención en la provincia de Ciudad Real, defendiendo que necesita “inversiones reales y no anuncios”. Entre sus compromisos, aseguró que las propuestas del PP en las Cortes regionales se convertirán en acuerdos del Consejo de Gobierno si alcanza la Presidencia de la Junta en 2027, citando la conexión por autovía entre Ciudad Real y Toledo, el impulso logístico e industrial, mejoras en carreteras, la implantación de una UCI en el hospital de Tomelloso, nuevos servicios de urgencias en municipios como Pozuelo de Calatrava, mejoras en centros de salud y actuaciones en los hospitales de Valdepeñas y Manzanares.
Defensa del campo y salvaguardas con Mercosur
En segundo lugar intervino la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien respaldó las movilizaciones de agricultores y ganaderos y defendió el compromiso del PP con el sector primario mediante el endurecimiento de las salvaguardas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Fúnez consideró “lógicas” las protestas del campo tras años en los que, según dijo, el Gobierno ha sacado al sector de la agenda política.
La dirigente popular reconoció que la Renta Agraria ha aumentado en los últimos años, pero subrayó que ese incremento no ha compensado el alza de los costes de producción. Como ejemplo, señaló que “antes con un kilo de cereal se compraban tres kilos de fertilizante, y ahora para comprar un kilo de fertilizante hay que vender tres de cereal”, a lo que se suma el encarecimiento de la energía y la maquinaria.
Fúnez defendió el libre comercio, pero con controles efectivos: “Mercosur sí, pero como nació no”. En este sentido, explicó que el PP ha trabajado en el Parlamento Europeo para lograr un reglamento que reduce los umbrales de activación de las salvaguardas del 10% al 5% en sectores sensibles, refuerza la vigilancia de las importaciones y garantiza una activación rápida en un máximo de 21 días, además de exigir reciprocidad en estándares ambientales, bienestar animal y seguridad alimentaria. Añadió que esta posición será defendida por Alberto Núñez Feijóo en la próxima cumbre del Partido Popular Europeo en Zagreb.
Aumento de las listas de espera
En el ámbito sanitario, la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, achacó el aumento de las listas de espera a la falta de previsión del Gobierno de España por no haber ampliado las plazas MIR, una decisión que, según sostuvo, está limitando la incorporación de nuevos médicos al Sistema Nacional de Salud.
Fúnez señaló que la demora media en Atención Primaria ha pasado de cuatro a diez días desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo, una evolución que vinculó directamente a la escasez de profesionales sanitarios y a la ausencia de una planificación adecuada en la formación de médicos especialistas.
A su juicio, esta situación es consecuencia de “ocho años sin una gestión eficaz”, lo que se traduce en falta de inversiones y en la no ejecución de partidas presupuestarias. Como ejemplo, citó el Ministerio de Sanidad, cuyo presupuesto pasó de 3.000 millones de euros en 2023 a 1.500 millones, además de dejar sin ejecutar un 16% del crédito disponible en el último ejercicio.
La dirigente popular defendió que el incremento de las listas de espera no es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones mantenidas en el tiempo, entre ellas la negativa a ampliar las plazas MIR, lo que impide reforzar las plantillas médicas y ofrecer una respuesta adecuada a la demanda asistencial. En este contexto, subrayó que los ciudadanos, tras el pago de impuestos, tienen derecho a exigir “servicios públicos que funcionen a la altura de ese esfuerzo fiscal”.
Asimismo, advirtió de que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado supone una “anomalía democrática” que afecta directamente a la financiación de los servicios públicos y alertó de que la falta de inversión y de ejecución presupuestaria repercute de forma directa en ámbitos esenciales como la sanidad, la dependencia o los servicios sociales.
Mostró también su preocupación por el sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno, al considerar que no garantiza la sostenibilidad futura de los servicios públicos ni tiene en cuenta el incremento previsto de la población mayor en los próximos años, lo que, a su juicio, puede generar “más desigualdades territoriales” y poner en riesgo el acceso equitativo a la sanidad.
El accidente de Adamuz y la falta de gestión en infraestructuras
En este contexto, Fúnez amplió sus críticas a la gestión de las infraestructuras tras el accidente ferroviario de Adamuz, que enmarcó en un balance general del país que calificó de “tremendamente negativo”. A su juicio, España ha pasado del asombro inicial por los casos de corrupción conocidos en 2025 a un clima de desconfianza al inicio de 2026, como consecuencia de un Gobierno que consideró “completamente agotado”.
La dirigente popular advirtió de que no se trata de un hecho aislado, sino de un error mantenido en el tiempo, recordando que existían avisos previos de maquinistas y alertas de los propios usuarios. Tras el accidente, afirmó que existen “demasiadas dudas” sobre el estado real de las infraestructuras ferroviarias.
Por ello, anunció que, además de las preguntas parlamentarias ya registradas, el Partido Popular solicitará una comisión parlamentaria de investigación, al considerar que las víctimas mortales merecen explicaciones claras y no “simples comparecencias” del ministro de Transportes, Óscar Puente, en un contexto en el que, aseguró, se ha instalado una creciente sensación de desconfianza entre los usuarios del ferrocarril.
Objetivo: ampliar el poder municipal en 2027
Cerró el turno de intervenciones el presidente provincial del PP y de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, quien subrayó que el Partido Popular gobierna actualmente en el 65% de los municipios de la provincia. Valverde dejó claro que el objetivo no es solo mantener esa posición, sino ampliarla en las elecciones de 2027, convencido de que un mayor respaldo municipal será clave para conservar la Diputación y optar al Gobierno de Castilla-La Mancha.
Para ello, anunció un trabajo intenso de refuerzo de las juntas locales y la selección de “las mejores candidaturas posibles” en cada municipio, con el fin de consolidar el proyecto político del PP tanto en la provincia como en el conjunto de la comunidad autónoma.