La Junta regula las entidades colaboradoras en Castilla-La Mancha

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó este martes 28 de julio el decreto que regula la figura de las entidades colaboradoras de la Administración regional, una herramienta con la que el Ejecutivo de Emiliano García-Page busca modernizar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo administrativo más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía. La norma habilita la participación de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión, aunque sin ceder ninguna competencia pública de resolución ni de control.

Así lo expuso el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. El decreto, detalló, desarrolla el marco previsto en la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa y establece un sistema de colaboración en el que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública. Las entidades privadas únicamente podrán ejercer funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado.

Una de las garantías esenciales recogidas en la norma es el carácter voluntario de este sistema para los interesados: ningún ciudadano ni empresa estará obligado a acudir a una entidad colaboradora para tramitar un procedimiento administrativo. La Administración mantendrá en todo caso la vía ordinaria de tramitación directa.

Un registro general para garantizar el control

El decreto crea el Registro General de Entidades Colaboradoras de Castilla-La Mancha, una herramienta de transparencia y supervisión que recogerá información sobre autorizaciones, renovaciones, tarifas, sanciones, memorias de actividad y entidades locales que decidan emplear este instrumento. Martínez Guijarro lo presentó como la prueba de que la simplificación no implica renuncia al control administrativo: "se simplifica, pero no se renuncia al control", resumió.

Requisitos exigentes para operar como entidad colaboradora

Para poder actuar como entidades colaboradoras —denominadas en el decreto con el acrónimo ECAS— las empresas deberán cumplir un exigente catálogo de requisitos previos. Según el articulado aprobado, deberán obtener autorización administrativa previa, estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), inscribirse en el Registro General específico, disponer de personal técnico cualificado, acreditar solvencia organizativa y económica, contar con sistemas internos de calidad y control, y suscribir una póliza de responsabilidad civil profesional con una cobertura mínima de un millón de euros.

"Todo ello estará sometido a un régimen permanente de supervisión e inspección por parte de la Administración autonómica", confirmó el vicepresidente primero, descartando así cualquier margen de actuación al margen del control público.

Urbanismo, servicios sociales y medio ambiente, entre los ámbitos de aplicación

El nuevo régimen jurídico permitirá incorporar entidades colaboradoras en siete ámbitos de actuación administrativa: urbanismo, gestión forestal, servicios sociales, patrimonio cultural, actividad cinegética, economía circular y evaluación ambiental. En todos ellos podrán desarrollar funciones técnicas de comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes.

Martínez Guijarro defendió que se trata de sectores "muy relacionados con el impulso a la actividad económica" de la región y que la intervención de las ECAS contribuirá a agilizar los procedimientos y a mejorar la capacidad de respuesta de la Administración ante los ciudadanos y las empresas.

Una herramienta pensada para los pequeños municipios rurales

El vicepresidente primero puso especial énfasis en el papel que las entidades colaboradoras podrán jugar en los pequeños ayuntamientos de las zonas rurales de Castilla-La Mancha. Muchos de estos municipios carecen de personal técnico suficiente y arrastran dificultades crónicas para gestionar proyectos urbanísticos o tramitar expedientes de cierta complejidad. Las ECAS, explicó Martínez Guijarro, se han concebido precisamente como un instrumento de apoyo para estos consistorios, que podrán externalizar funciones técnicas sin renunciar a las garantías jurídicas propias de la Administración.

El decreto se enmarca en el proceso de modernización administrativa que el Gobierno regional impulsa a través de la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa, una hoja de ruta que busca reducir la burocracia y acercar los servicios públicos a una ciudadanía y un tejido empresarial que demandan respuestas más ágiles y predecibles.