Cospedal afirmó que había que "matar" al fiscal Grinda en una conversación con Villarejo

Un nuevo escándalo golpea al Partido Popular tras la revelación, este lunes, por parte de El País, de una serie de grabaciones inéditas que involucran a la ex presidenta de Castilla-La Mancha y ex secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. En una de las grabaciones, fechada el 6 de julio de 2017, Cospedal pronuncia una alarmante y polémica frase: “A Grinda hay que matarlo”, en referencia al fiscal anticorrupción José Grinda.

Este audio forma parte de un voluminoso paquete de documentos recientemente entregados al Partido Socialista por la exconcejala Leire Díez, quien facilitó un pendrive que contenía cientos de conversaciones grabadas por el excomisario José Manuel Villarejo. Las grabaciones documentan reuniones privadas y maniobras entre influyentes políticos del PP y miembros de las fuerzas de seguridad, así como estrategias de presión y manipulación en diversas esferas del Estado.

En el diálogo revelado, Villarejo expresa la urgencia de relevar a mandos de unidades policiales clave como la UCO (Unidad Central Operativa) y la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), a quienes considera demasiado próximos al PSOE y, por tanto, un obstáculo para los intereses del PP. Cospedal, de acuerdo al contenido del audio, respalda la iniciativa: “Estoy detrás de las gestiones de Interior y creo que lo vamos a conseguir…”. Estas conversaciones reflejan supuestos intentos de manipular la estructura policial y de inteligencia del Estado con fines partidistas, especialmente para intervenir en investigaciones y procesos judiciales que afectaban al Partido Popular.

El fiscal José Grinda, objeto de la frase amenazante, ya había sido señalado en el pasado por un plan de acoso y desprestigio orquestado por Villarejo. En su afán de neutralizarlo, el excomisario llegó a difundir información falsa sobre supuestos vínculos de Grinda con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), intentando poner en duda su independencia y restar credibilidad a sus investigaciones sobre casos de corrupción que implicaban al entorno del PP.

No es la primera vez que grabaciones vinculadas a Villarejo dejan al descubierto las llamadas “cloacas del Estado”. Otras conversaciones ya desveladas han documentado prácticas irregulares y operaciones extraoficiales contra adversarios políticos, incluidos líderes y entidades vinculadas al independentismo catalán. En este caso, la nueva tanda de audios confirma que el uso de bulos, informes manipulados y filtraciones a medios de comunicación era parte de una estrategia deliberada de guerra sucia para influir en la opinión pública y desestabilizar a oponentes.

La publicación de este material ha llegado ya a la Fiscalía General del Estado, que será la encargada de analizar la autenticidad de los documentos y determinar si existen responsabilidades penales adicionales. Aunque varios fragmentos de las conversaciones ya habían sido incluidos en las investigaciones del conocido caso Tándem, este nuevo lote de audios promete reabrir el debate sobre el control democrático de los cuerpos policiales, la transparencia institucional y los límites de las prácticas de inteligencia en España.

Hasta el momento, el Partido Popular no ha ofrecido una respuesta oficial a las revelaciones, limitándose al silencio pese a la gravedad de los hechos expuestos. Por su parte, el PSOE ha elevado el tono y exige “explicaciones inmediatas y contundentes”. Fuentes socialistas han adelantado que no descartan solicitar la comparecencia urgente de Cospedal y de otros altos cargos presuntamente implicados ante el Parlamento para depurar responsabilidades políticas. El caso amenaza con desatar una nueva tormenta en el panorama político español y poner sobre la mesa la cuestión, siempre latente, de la utilización partidista de las instituciones públicas y el peligro de la existencia de redes de poder informales y opacas dentro del Estado.

Esta crisis, que estalla siete años después de las conversaciones grabadas, no solo pone en entredicho el respeto a la separación de poderes, sino que también reaviva el debate sobre la necesidad de reformas profundas en los dispositivos de control interno y supervisión democrática de las fuerzas de seguridad e inteligencia en España. Mientras tanto, la expectación crece entre la ciudadanía y los diferentes partidos, a la espera de una reacción institucional que arroje luz sobre los hechos y garantice el funcionamiento íntegro y transparente del Estado de derecho.