Las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban la reforma del Estatuto del Consumidor

El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobó este jueves la modificación del Estatuto de las Personas Consumidoras, una reforma que actualiza el régimen jurídico autonómico para adaptarlo a los cambios operados en la normativa nacional y europea en materia de infracciones, sanciones y protección de derechos. La iniciativa, impulsada por el Gobierno regional, salió adelante con el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista y la abstención de PP y Vox.

El consejero de Sanidad —del que también dependen las competencias de Consumo en la Administración autonómica—, Jesús Fernández Sanz, defendió ante la Cámara que la reforma respondía a la necesidad de poner al día un texto que había quedado obsoleto. "Se gana en seguridad jurídica y claridad normativa", afirmó el consejero, quien apeló al apoyo unánime de los grupos parlamentarios al considerar que la norma mejora la respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos. Fernández Sanz también destacó el compromiso del Ejecutivo con la protección de los consumidores a través de mecanismos como el arbitraje de consumo.

Infracciones más claras e indemnizaciones en el procedimiento sancionador

La modificación introduce una clasificación más precisa de las infracciones, diferenciando con ejemplos concretos cuáles son leves, graves o muy graves, con el fin de evitar interpretaciones ambiguas. Se consideran leves conductas como la falta de hojas de reclamaciones; graves, los fraudes en la información o las características de productos y servicios, incluyendo la obsolescencia prematura o el uso de etiquetados engañosos; y muy graves, situaciones como el corte de suministros básicos sin notificación previa o la subida de precios en contextos de emergencia o necesidad.

Uno de los avances más destacados del nuevo texto es la incorporación de la posibilidad de exigir la reposición de la situación alterada y la indemnización por daños y perjuicios en el propio procedimiento sancionador, lo que evita que los consumidores tengan que acudir a la vía judicial para reclamar compensaciones. Desde el Grupo Socialista, el diputado Ángel Tomás Godoy defendió que la reforma impulsada por el Gobierno de Emiliano García-Page busca reforzar la protección de las personas consumidoras y es fruto del consenso, y destacó mejoras en información y derechos, especialmente en materia de vivienda, así como un mayor peso de la inspección, la mediación y el arbitraje, junto al impulso del consumo sostenible.

Vox y PP critican carencias en el texto

El diputado de Vox Iván Sánchez rechazó la norma al considerar que no protege suficientemente a los consumidores y que se centra en "endurecer sanciones", advirtiendo además de un "laberinto normativo" y de carencias en el acceso digital a los servicios de consumo.

Desde el Partido Popular, el diputado Juan Antonio Moreno criticó que el Ejecutivo regional "pierde una oportunidad clave", especialmente en el ámbito sanitario. Recordó que el PP presentó 13 enmiendas para mejorar el texto, muchas de ellas rechazadas, y lamentó que la ley no aborde la regulación de la publicidad sanitaria ni refuerce los controles frente a prácticas engañosas como los "productos milagro". Moreno reprochó al Gobierno que no dé respuesta a los problemas reales de los consumidores y defendió la necesidad de garantizar una protección más efectiva, con mayor control de las prácticas abusivas y medidas concretas que eviten fraudes en el mercado.

El PP pide una comisión sobre el agua en el Alto Guadiana, rechazada por el PSOE

El pleno también rechazó —con los votos en contra del PSOE y la abstención de Vox— la petición del Partido Popular de crear una Comisión de Estudio sobre la situación de los cultivos leñosos en el Alto Guadiana y la posibilidad de ampliar el horizonte de la Directiva Marco del Agua (DMA) (2000/60/CE) en el sur de Europa hasta diciembre de 2032.

El diputado popular Santiago Lucas-Torres defendió que "se puede proteger el agua sin arruinar a la gente" y abogó por buscar alternativas que combinen la prórroga del Plan del Alto Guadiana, la modificación normativa para dar seguridad jurídica y la recuperación de aguas residuales depuradas para cultivos sociales o recarga de acuíferos. "El problema del agua en Castilla-La Mancha es muy claro. No elijamos restricciones, la burocracia y las sanciones", afirmó Lucas-Torres, quien advirtió de que "recortar el agua en Castilla-La Mancha no es proteger el medio ambiente, es condenar el medio rural".

La portavoz socialista Ana Isabel Abengózar rechazó la propuesta al considerar que "no añade nada, no soluciona nada y solo duplica", y defendió que lo más razonable sería que el propio Gobierno, de la mano del sector, elaborase un documento de trabajo que llegara después a las Cortes. Abengózar reivindicó "con firmeza" el derecho de la región a usar sus propios recursos hídricos y subrayó que el Gobierno "no contempla la posibilidad de revisar y, menos aún, extinguir derechos de agua". Recordó que el 70% de los regadíos de la comunidad ya son eficientes, aunque admitió que la región se sitúa un 5% por debajo de la media nacional en superficie regada.

El diputado de Vox Francisco Cobo defendió por su parte que el agua "no puede gestionarse desde un despacho de Bruselas" y exigió un Plan Nacional del Agua, al tiempo que reclamó a PP y PSOE que asumieran su "responsabilidad" por la aprobación de la DMA, a la que calificó de "impuesto al desarrollo".

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, respondió a Vox que la DMA "es de obligado cumplimiento" dentro del derecho comunitario. Explicó que el Gobierno regional trabaja para documentar que existe "un impacto irreparable" si no se aprueba la prórroga, y que la solicitud debe realizarla en primera instancia el Gobierno de España, aunque "las regiones podemos hacer ese papel". Gómez descartó que el canon del agua penalice a los agricultores —"están exentos", aclaró— y advirtió de que "cada vez que hemos tenido un Plan Nacional del Agua, la única comunidad autónoma que ha salido penalizada siempre ha sido Castilla-La Mancha".

Las Cortes instan a presentar la ley de carrera profesional sanitaria

El pleno aprobó una propuesta de resolución del PSOE —con la abstención del PP— por la que se insta al Gobierno regional a presentar en el siguiente periodo de sesiones el proyecto de ley que dote de rango legal a la carrera profesional sanitaria, asegurando su estabilidad y continuidad. Las propuestas de PP y Vox sobre esta misma materia quedaron rechazadas.

El diputado de Vox y presidente de su grupo parlamentario, David Moreno, consideró que "la carrera profesional hoy no es una realidad" y la calificó como una "recuperación en diferido" con "partes adelgazadas". Reprochó al Gobierno sus "anuncios y promesas incumplidas" y definió al presidente autonómico como "el máximo ejemplo del gatopardismo".

El diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya interpretó que el PSOE había presentado esa propuesta "para obligar al Gobierno de Emiliano García-Page a cumplir el acuerdo", lo que a su juicio evidenciaba que "ni el PSOE se fía de que Page vaya a cumplir". Señaló que los efectos económicos del acuerdo llegarán a las nóminas de los sanitarios "a finales del mes de enero de 2027", cuatro meses antes de las elecciones autonómicas, y puso en cuestión su consolidación definitiva en 2028.

Desde el PSOE, el parlamentario Juan Antonio Contreras preguntó al PP si está de acuerdo en recuperar la carrera profesional "o es que están pensando en otra cosa", mientras que Ángel Tomás Godoy retó a los populares a confirmar si aprobarán los presupuestos de 2027, "donde va a estar la carrera profesional".

El Gobierno rechaza que las rehalas sean BIC, aduciendo que la iniciativa debe partir del sector

El pleno debatió, a propuesta de Vox, la declaración de la montería como Bien de Interés Cultural (BIC) en Castilla-La Mancha, en el marco del Pacto Regional por la Caza. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, señaló que el Ejecutivo trabaja en dicho procedimiento desde que la asociación Ática Castilla-La Mancha presentó la solicitud en septiembre de 2025, aunque advirtió de que es un "procedimiento administrativo difícil": Andalucía y Extremadura tardaron cerca de cuatro años en completarlo.

El PP, por su parte, planteó ampliar el reconocimiento BIC para incluir también a las rehalas, petición apoyada por Vox. Sin embargo, Gómez rechazó asumir esa iniciativa de oficio, argumentando que corresponde al propio sector cinegético presentar la solicitud. "Si quiere, que presente la solicitud correspondiente y desde la Consejería de Desarrollo Sostenible apoyaremos la iniciativa", afirmó la consejera.

El diputado de Vox Luis Juan Blázquez defendió que la declaración BIC de las monterías "no debería generar ningún tipo de polémica" y recordó que el sector cinegético representa el 2,1% del PIB regional, con una facturación cercana a los 964 millones de euros anuales y más de 21.500 puestos de trabajo. La diputada del PP Lola Merino apeló al conjunto de la Cámara para conseguir el reconocimiento BIC tanto de la montería como de la rehala, calificando la caza como "identidad, cultura, historia, paisaje y economía".

El socialista Antonio Sánchez Requena acusó al PP de "ventajismo político" al registrar su iniciativa una vez supo que Vox ya lo había hecho, y aseguró que el Ejecutivo regional ya impulsa, junto a las asociaciones del sector, el expediente BIC para las monterías. La Proposición No de Ley de Vox fue rechazada por la mayoría socialista.

Preguntas orales sobre el Hospital Virgen del Valle, las escuelas infantiles y las ayudas para castellanomanchegos

El bloque de control al Gobierno incluyó un turno de preguntas orales en el que intervinieron el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor. Caballero respondió a una pregunta del Grupo Vox sobre la priorización de las ayudas públicas para los castellanomanchegos. Por su parte, Pastor dio respuesta a dos preguntas del Grupo Popular: la primera, sobre el cierre del Hospital Virgen del Valle de Toledo; la segunda, sobre la convocatoria de huelga en las escuelas infantiles de titularidad regional.

Minuto de silencio y nuevo miembro en el Consejo Social de la UCLM

La sesión arrancó antes de su inicio formal con un minuto de silencio en memoria de Alejandra Marvin, de 43 años y vecina de Seseña (Toledo), asesinada una semana antes en el último crimen de violencia de género registrado en la región. El gesto contó con la participación de los tres grupos parlamentarios y de miembros del Consejo de Gobierno, entre ellos el presidente regional, Emiliano García-Page. El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, reconoció que era "la peor manera posible de empezar un pleno" y trasladó la solidaridad de la Cámara a los familiares y allegados de la víctima.

El pleno aprobó además, como primer punto del orden del día, la designación del alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, como nuevo miembro del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), a propuesta de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) de Castilla-La Mancha, en representación de los ayuntamientos con centros universitarios. La propuesta, elevada por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, y admitida a trámite por la Mesa de las Cortes el 23 de abril, fue aprobada por asentimiento. Cañizares ocupa el puesto que hasta ahora tenía el alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio.