Castilla-La Mancha rechaza la propuesta de financiación por injusta y regresiva

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, advirtió este lunes en rueda de prensa que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica remitida por el Ministerio de Hacienda a las comunidades no abre ningún proceso de negociación real, porque el acuerdo ya está cerrado de antemano y coincide con el pacto que el Gobierno de España firmó en enero con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). La comparecencia tuvo lugar en el Palacio de Fuensalida de Toledo, acompañado por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández, como paso previo a la reunión técnica convocada para este martes y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) previsto para el 29 de julio.

Ruiz Molina fue categórico al calificar la situación: "No puede calificarse como negociación un proceso en el que el modelo ya está cerrado de antemano". La documentación recibida el pasado viernes no es, a su juicio, otra cosa que "la reproducción, ya no en forma de Power Point, sino en forma de acuerdo de 70 páginas, de lo que ya anunció el pasado mes de enero la anterior ministra María Jesús Montero, sin incorporar cambios ni modificaciones". Por ello, tachó la propuesta de "contrato de adhesión" en el que las comunidades autónomas solo pueden elegir entre aceptar o rechazar un texto ya pactado.

El consejero añadió que el modelo se articula, además, "como un chantaje": las comunidades que no lo acepten seguirán rigiéndose por el sistema anterior y quedarán excluidas de los más de 21.000 millones de euros que el Gobierno central está dispuesto a aportar para financiar a las autonomías. "Quien no esté de acuerdo con este modelo, continuará con el anterior, sin beneficiarse de esos 21.000 millones", sentenció.

Un modelo que genera privilegios y rompe el principio de igualdad

El titular de Hacienda castellanomanchego insistió en que Castilla-La Mancha rechaza la propuesta porque es "profundamente injusta" al generar privilegios para una comunidad autónoma que se traducen en agravios para el resto. Criticó específicamente que el modelo incorpore el principio de ordinalidad defendido por los partidos independentistas, que consolida un sistema en el que "los territorios con mayor capacidad económica disponen también de más recursos para prestar los servicios públicos". Ruiz Molina lo ejemplificó con el IRPF: "Quien paga más IRPF porque tiene más capacidad económica tiene derecho a recibir mejor sanidad o educación". Se trata, concluyó, de una propuesta "regresiva" e "incompatible" con el principio de igualdad que el Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha defendido, en virtud del cual todos los ciudadanos deben poder acceder al mismo nivel de calidad en los servicios públicos con independencia de la comunidad en la que residan.

CLM rechaza que el Fondo de Compensación corrija las desigualdades del modelo

Ruiz Molina reveló que el propio Ministerio de Hacienda es "consciente de la desigualdad" que genera el modelo. Como prueba, apuntó que en la reunión bilateral mantenida el 22 de junio con el secretario de Estado de Hacienda, el Gobierno central propuso utilizar el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) para compensar a Castilla-La Mancha y a las comunidades que, con el nuevo sistema, quedarían por debajo de la media de financiación por habitante. El Ejecutivo autonómico rechazó esa vía de plano.

"Castilla-La Mancha no necesita compensaciones, sino un sistema de reparto de la riqueza nacional justo desde el inicio", argumentó el consejero, quien recordó que el FCI tiene como finalidad constitucional reducir los desequilibrios económicos entre territorios mediante políticas de desarrollo regional, y que "nunca ha formado parte del sistema de financiación". Más aún, señaló que esa propuesta de compensación ha desaparecido de la documentación remitida posteriormente por el Ministerio, sin explicación alguna. Ruiz Molina aprovechó para reivindicar la aprobación de "un fondo transitorio de nivelación" mientras llega el nuevo modelo, habida cuenta de la infrafinanciación histórica de la región.

Críticas a la falta de transparencia y petición de abstención al ministro

El consejero también denunció la "falta de transparencia" que, a su juicio, no tiene precedentes en ningún proceso de negociación de la financiación autonómica en la historia de las comunidades. Subrayó que Castilla-La Mancha remitió al Ministerio una propuesta formal de financiación —"la única comunidad autónoma que lo ha hecho", según la información de que dispone el Gobierno regional— y solicitó información adicional para conocer el impacto real del nuevo modelo, sin haber obtenido respuesta. Solo ha llegado "información parcial y sesgada": una estimación de incremento de 1.248 millones de euros más para Castilla-La Mancha, sin que el Ministerio haya explicado cómo se calcula esa cifra ni cuál sería el resultado para el conjunto de las autonomías.

Ruiz Molina exigió al ministro Arcadi España acceso a los mismos datos e información de los que dispone la Generalitat de Cataluña o ERC, y le instó a no "escenificar un proceso de negociación que no existe". En ese sentido, el consejero anunció que pedirá formalmente al Gobierno central que se abstenga en la votación del CPFF del 29 de julio y deje la decisión en manos de la mayoría de las comunidades autónomas. "Lo importante es que el resultado refleje el sentimiento de las comunidades. Sería una trágala si, con el Gobierno de la Nación y una sola comunidad autónoma, sale algo en contra de las 14 comunidades que también nos estamos jugando el dinero de esa riqueza nacional", advirtió.

La propuesta de CLM y la petición de una Conferencia de Presidentes

Frente al modelo del Ejecutivo central, el Gobierno de Castilla-La Mancha defiende un sistema basado en el principio de igualdad que parta de la premisa de que "la riqueza nacional es de todos, y por tanto debe repartirse con criterios objetivos que garanticen a todas las comunidades autónomas tener la misma financiación por habitante". "Castilla-La Mancha no quiere más que nadie, pero tampoco menos", resumió Ruiz Molina, quien cuantificó la brecha: según los cálculos estimatorios del Gobierno regional, la diferencia con Cataluña es de aproximadamente un 10% de financiación por habitante.

El consejero reivindicó igualmente que un asunto de "máxima importancia", con un rechazo "casi unánime" de las comunidades autónomas, debe debatirse en el foro institucional de mayor nivel: la Conferencia de Presidentes y Presidentas, tal y como lleva reclamando el presidente regional, Emiliano García-Page. Finalmente, respondió al delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien había valorado positivamente la propuesta del Ejecutivo central por el incremento de financiación que supone, recordándole que en el último congreso federal del PSOE en Sevilla se acordó que la financiación autonómica debía negociarse de manera multilateral, con participación de todos los gobiernos regionales, y que le "chocaba" que un socialista se mostrase favorable al principio de ordinalidad. El Ejecutivo autonómico acudirá a las próximas reuniones, aseguró Ruiz Molina, "con la voluntad de defender única y exclusivamente los intereses de Castilla-La Mancha, por encima de los colores del partido político en el que se sustente el Gobierno de España".