Castilla-La Mancha confía que el fallo del Supremo acelere el cambio del trasvase

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, atendiendo a los medios este lunes en Guadalajara.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, confió este lunes en que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) acelere el cambio de las reglas de explotación del trasvase, previsto desde febrero de 2024

"No puede ser que el Tajo sea el único río de toda Europa que no cuente con caudales ecológicos", subrayó la consejera, que advirtió de que la Junta acudirá a "los tribunales que sean necesarios" después de que la Audiencia Nacional admitiera a trámite su demanda contra el Gobierno central por incumplir el Real Decreto que obliga a actualizar esas normas.

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, compareció este lunes ante los medios en Peñalén (Guadalajara) donde valoró la situación del trasvase Tajo-Segura en vísperas del fallo del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado por el Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (SCRATS) contra el modelo propuesto para la gestión del trasvase. Gómez expresó su confianza en que la sentencia siga la línea de las resoluciones anteriores, todas favorables a los intereses de la región, y subrayó que ello debería bastar para que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) acometa de una vez el cambio normativo pendiente desde hace más de dos años.

La consejera recordó que el propio Miteco ha señalado en repetidas ocasiones que aguardaba este pronunciamiento del alto tribunal para proceder a la modificación definitiva de las reglas de explotación. "Creemos que la sentencia de mañana debería ir encaminada a lo que han venido siendo las últimas sentencias, y es que realmente no puede ser que el Tajo sea el único río de toda Europa que no cuente con caudales ecológicos", declaró Gómez.

La demanda contra el Estado, en marcha

Gómez defendió también la decisión del Gobierno regional de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el Miteco, admitido a trámite por la Audiencia Nacional. La consejera explicó que la "paciencia" de la Junta de Comunidades se agotó ante la inacción del Ejecutivo central y que espera que la propia admisión del recurso sea suficiente para que el Ministerio actúe sin necesidad de llegar a una sentencia, aunque advirtió de que, si no fuera así, el Gobierno autonómico no se detendrá.

"Han pasado más de dos años y la paciencia del Gobierno de Castilla-La Mancha ha llegado a un punto en el que nos ha obligado a presentar una demanda contra el Estado pidiendo y exigiendo que se cumpla lo que dice el Real Decreto, y es que se tiene que contar con unas nuevas reglas de explotación", afirmó la consejera. Gómez rechazó además el argumento implícito del Gobierno central de que las lluvias primaverales de este año han resuelto el problema estructural del río. "Desde el Estado se piensan que, como este año ha empezado con lluvias en primavera, ya está todo solucionado. Pero no está solucionado", aseveró.

Daños acreditados a la Red Natura 2000

La demanda incluye un informe técnico que, según la consejera, acredita los perjuicios que la ausencia de caudales ecológicos en el Tajo está causando a la Red Natura 2000, la red europea de espacios naturales protegidos. Gómez subrayó que esos daños son reales pese a que desde otras instancias se sostenga lo contrario.

"Durante todo este tiempo que no hemos contado con esos caudales ecológicos ni con esas reglas de explotación de trasvase —aunque otros crean o supongan que sí se están cumpliendo— se están provocando graves daños a la Red Natura 2000", afirmó la consejera, que precisó que el informe aportado al procedimiento judicial "viene a demostrar" la existencia de esos perjuicios.

El Supremo, árbitro del conflicto

El fallo que el Tribunal Supremo tenía previsto emitir este martes concentró buena parte de la comparecencia de Gómez. Si el alto tribunal se pronuncia en la misma línea que sus resoluciones anteriores, la Junta confía en que el Miteco quedará sin argumentos para seguir aplazando la modificación normativa. La consejera insistió en que lo que reclama Castilla-La Mancha no es una decisión discrecional del Ejecutivo central, sino el cumplimiento estricto de lo que ya establece el Real Decreto en vigor.

Con dos frentes judiciales abiertos —la demanda en la Audiencia Nacional y la sentencia pendiente del Tribunal Supremo—, el Gobierno regional mantiene la presión sobre el Estado en un conflicto hídrico que arrastra más de dos años de incumplimiento y que, a juicio de la Junta, causa un daño ambiental continuo y documentado sobre uno de los ríos más regulados de Europa.