Catedrático de la UCLM: "Los secretos del 23F deben pasar a la historia"

El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Francisco Javier Díaz Revorio, ha defendido la desclasificación de los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23F) al considerar que, tras 45 años, el interés histórico prevalece sobre las razones de seguridad nacional que en su día justificaron su carácter secreto, y ha subrayado que las conversaciones del rey Juan Carlos I son “lo más relevante” de los papeles conocidos.

En una entrevista concedida a Europa Press, el profesor entiende que la clasificación inicial tuvo sentido conforme a la Ley de Secretos Oficiales y por motivos de defensa y seguridad, pero sostiene que el paso del tiempo cambia el equilibrio de intereses. “Los secretos se levantan cuando el hecho ya ha pasado del ámbito de la política al ámbito de la historia”, afirma.

Junto a esta valoración sobre el 23F, Díaz Revorio ha planteado la necesidad de reformar la Ley de 1968, una de las pocas normas preconstitucionales aún vigentes, para introducir plazos automáticos de levantamiento del secreto, modernizarla tecnológicamente y reforzar el control parlamentario.

Interés histórico frente a seguridad nacional

El catedrático recuerda que, décadas después del intento de golpe y de la toma del Congreso, “el interés de la defensa o de la seguridad no es tan acuciante”, mientras que sí puede ser relevante para la investigación histórica que aparezcan documentos o detalles concretos.

Aunque admite que en los documentos desclasificados “no parece que haya habido ninguna sorpresa” respecto a lo ya investigado por historiadores, considera que “parece razonable” que, en términos jurídicos, se haya procedido ahora a levantar el secreto. En España, recuerda, es el Gobierno quien declara o levanta la clasificación “un poco cuando quiera”.

Díaz Revorio reconoce que la publicación ha generado “mucho interés, mucha curiosidad”, ya que los documentos suelen aportar detalles desconocidos. Sin embargo, en este caso entiende que el papel de los intervinientes “más o menos se sabía” y que lo revelado confirma y aporta matices.

El papel del rey, “lo más relevante”

Para el profesor de la UCLM, el aspecto más destacado de los documentos es la confirmación del papel del rey Juan Carlos I, sobre el que desde algunos sectores se habían planteado dudas.

Según explica, la información conocida recoge “conversaciones muy explícitas y muy claras” del monarca con el general Alfonso Armada —impidiéndole acudir al Palacio de la Zarzuela— y con el teniente general Jaime Milans del Bosch. “El rey durante toda esa tarde no paró de dar órdenes para que esto se parase, con lo cual su papel es fundamental”, sostiene.

También subraya la aparición de papeles posteriores al 23F en los que algunos militares golpistas planteaban “retomar el golpe en algún momento de alguna otra manera, pero sin el rey y contra el rey”, lo que confirmaría que determinados sectores “querían volver a las andadas”.

A su juicio, estos elementos constituyen “detalles curiosos” que vienen a reforzar tesis ya muy argumentadas con documentación previa.

Transparencia y memoria colectiva

El catedrático descarta que exista un componente político en la fecha elegida para la desclasificación y contextualiza la situación actual. “Hoy, afortunadamente, no existe una amenaza golpista como en los años 80”, señala, aunque matiza que eso no implica que la democracia esté exenta de otros riesgos.

En lugar de comparar épocas, apuesta por valorar el gesto como un “ejercicio de transparencia”, especialmente por la forma en que los documentos se han puesto a disposición pública, a través de la web y en abierto a la ciudadanía. “Está muy bien que se pueda acceder y cuanto más fácil sea, mejor”, afirma.

Díaz Revorio resalta además el componente generacional de este proceso. Muchos ciudadanos vivieron aquellos acontecimientos y pueden recordarlos. “Es como revivir momentos que en su momento se vivieron de otra manera y desconociendo el trasfondo de todo lo que estaba sucediendo y ahora poder conocerlo”, reflexiona, apuntando a un “interés general” que va más allá del ámbito académico.

En el plano personal, confiesa que le gustaría que se desclasificaran también documentos de la Transición o de años anteriores que se conocen solo por testimonios, como el asesinato del presidente del Gobierno durante la dictadura franquista, Luis Carrero Blanco, a manos de ETA. “Hay muchos detalles que seguro que en su momento se conocerán”, concluye.

Reformar la Ley de Secretos: plazos automáticos y digitalización

Más allá del caso concreto del 23F, el catedrático considera “oportuno y conveniente” reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, modificada en 1978, al tratarse de una de las pocas leyes preconstitucionales aún vigentes y haber sido concebida en un contexto político “muy distinto”.

Recuerda que, desde la aprobación de la Constitución, no existe un problema de inconstitucionalidad formal, ya que las leyes anteriores deben interpretarse conforme a la Carta Magna. No obstante, entiende que tras 57 años resulta necesario avanzar hacia una “legislación más moderna, más actualizada, más conforme con un principio de transparencia”.

Entre las mejoras que propone figuran la actualización de aspectos vinculados a las nuevas tecnologías, la digitalización y la reproducción documental, así como el establecimiento de un periodo de tiempo concreto para el levantamiento automático de los secretos.

Actualmente, explica, es el Gobierno quien decide qué se declara secreto y cuándo y cómo se levanta esa clasificación. Por ello, plantea como regla general que, transcurrido medio siglo, y salvo disposición en contrario, el secreto quede automáticamente levantado, manteniendo siempre el margen de valoración que corresponde al Ejecutivo.

A su juicio, esta modificación contribuiría a una ley “más democrática”, con mayor peso del control parlamentario sobre la actuación del Gobierno —respetando su primacía en materia de seguridad— y, si se consensúa con expertos, podría dar lugar a una “buena reforma”.

“Si ahora hay que redactar una ley no se parecería mucho a la de 1968”, apunta, subrayando que en una dictadura el secreto y las facultades del Gobierno prevalecen como elemento central, mientras que en una democracia deben coexistir con principios superiores como la transparencia, el pluralismo político y el control parlamentario.