Castilla-La Mancha rechaza el modelo de financiación por injusto

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, se reunió este lunes en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, y con la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Mónica García, en el marco de las rondas bilaterales que el Gobierno de España ha iniciado con las comunidades autónomas para abordar la futura reforma del modelo de financiación. La delegación castellanomanchega estuvo acompañada por el director general de Presupuestos, Isidro Hernández. El resultado fue un rechazo explícito y sin matices: la Junta de Comunidades considera que el modelo proyectado por el Ejecutivo central es "injusto", está basado en el principio de ordinalidad y ha sido negociado al margen del conjunto de las regiones españolas.

Ruiz Molina no tardó en fijar el tono de la comparecencia posterior ante los medios. La reunión bilateral fue, a su juicio, "tardía", porque se produce una vez que el Gobierno central ya había cerrado una propuesta de financiación con una comunidad autónoma concreta y la había presentado públicamente. "Hemos mantenido una reunión bilateral en relación con un modelo que ya está pactado", censuró el consejero, quien consideró que, si el objetivo real era conocer la posición de las regiones, estas reuniones tendrían que haberse celebrado con carácter previo. El espacio natural para ese debate, subrayó, debería haber sido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano multilateral donde se contrastan las distintas sensibilidades territoriales.

Lealtad institucional frente a una negociación cerrada

Pese al rechazo a la propuesta, la Junta de Comunidades no se sumó a la posición del PP, cuyas comunidades decidieron no acudir a estas reuniones. Ruiz Molina explicó que Castilla-La Mancha asistió "por lealtad institucional y por educación", aunque reprochó que esa misma lealtad no hubiera sido correspondida por el Gobierno de la nación, que cerró acuerdos previos que condicionan el resultado final antes de iniciar la ronda de consultas. El consejero sí admitió, no obstante, que el diálogo "siempre es positivo", aunque advirtió que los resultados dependerán de "la tramitación parlamentaria que se le vaya dando" a la reforma.

El rechazo al principio de ordinalidad

El núcleo del desacuerdo de Castilla-La Mancha con la propuesta gubernamental reside en el principio de ordinalidad, un criterio que, según el consejero, está presente en el modelo diseñado por el Ejecutivo central y que supone que las comunidades autónomas con mayor capacidad tributaria mantendrían una posición privilegiada en términos de financiación. Para Ruiz Molina, trasladar ese criterio al ámbito de los servicios públicos equivaldría a asumir que los ciudadanos que residen en territorios con mayores niveles de renta tienen derecho a recibir mejores prestaciones, o que las regiones con mayor concentración de rentas altas merecen una financiación superior. En definitiva, significa defender que "quien más tiene debe recibir más", lo que, en su opinión, resulta difícil de explicar viniendo "de un Gobierno que se define como progresista".

El consejero fue especialmente duro al calificar de "incongruente" y de "despropósito" que un ejecutivo socialista avale un proyecto que "trata de primar más a quien más tiene". A su juicio, el modelo no solo vulnera el principio de igualdad, sino que lanza un mensaje peligroso a la sociedad: que los territorios con mayor capacidad económica tienen derecho a recibir más recursos públicos y, por tanto, a disponer de mejores servicios.

Ruiz Molina también mostró su oposición a la utilización del fondo de dinamismo previsto en la propuesta. En concreto, cuestionó el uso del fondo de compensación interterritorial —un instrumento destinado a reducir las diferencias de renta y riqueza entre territorios— para financiar servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales. "Estamos disconformes con utilizar este tipo de fondo para financiar la sanidad, financiar la educación o financiar los servicios sociales", señaló.

Un modelo basado en el coste real de los servicios

Frente a la propuesta del Gobierno central, el consejero reiteró el modelo que defiende Castilla-La Mancha: un sistema sustentado en el principio de igualdad y, sobre todo, en el coste real que supone a cada comunidad autónoma prestar los servicios públicos de su competencia. Ese coste, argumentó Ruiz Molina, varía de forma significativa en función de factores como la extensión territorial, la dispersión de la población o el envejecimiento demográfico, elementos que la propuesta gubernamental no recoge de manera adecuada.

Para ilustrarlo, el consejero recurrió a un ejemplo de especial resonancia para Castilla-La Mancha: Fuenlabrada, un municipio madrileño con una población similar a la de toda la provincia de Cuenca, presta la Atención Primaria a través de siete centros de salud, mientras que la provincia conquense necesita 32 para dar cobertura a un territorio vastamente más extenso y disperso. La diferencia de coste es, por tanto, estructural e imposible de ignorar en cualquier modelo de financiación que aspire a ser equitativo. Sobre los ajustes técnicos presentados por el Ministerio en relación con el reparto de fondos con la población ajustada, el consejero fue igualmente escéptico: a su juicio, "no reflejan" el coste real de los servicios en Castilla-La Mancha.

"Un modelo que no debe salir adelante"

Ruiz Molina concluyó su intervención con una valoración categórica. La propuesta del Gobierno central es, a su juicio, un modelo diseñado para satisfacer las exigencias de una comunidad autónoma concreta y que no cuenta siquiera con el respaldo de algunos sectores independentistas que, según señaló, no buscan más financiación en términos absolutos sino "tener más financiación que los demás". Por ello, es "un modelo que no debe salir adelante".

El consejero advirtió, además, que el principal daño que causa este debate no es técnico sino político y social: el mensaje que se traslada a los ciudadanos de que el lugar de residencia y la renta del territorio determinan la calidad de los servicios públicos a los que tienen acceso. Castilla-La Mancha, concluyó, no defiende un modelo que premie a los territorios sino uno que proteja a los ciudadanos "con independencia de donde vivan", garantizando que todos los españoles tengan "el mismo nivel de calidad en la prestación de los servicios públicos" independientemente de su capacidad económica o de la de la región en la que residan.