Castilla-La Mancha, al límite con la financiación: “Basta de patadas hacia adelante”
La reforma del sistema de financiación autonómica volvió a ocupar el centro del debate político en Castilla-La Mancha tras hacerse público que la propuesta del Gobierno central no verá la luz hasta el primer trimestre de 2026. El retraso ha provocado un notable malestar en el Ejecutivo regional, que considera que el aplazamiento prolonga en exceso una reforma “urgente e imprescindible” y que afecta directamente a la igualdad entre territorios.
La consejera portavoz, Esther Padilla, fue clara durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno: “Llevamos años viendo plazos que se amplían una y otra vez. Cada vez que llega la fecha, se da una patada para adelante”. La responsable regional recordó que el último compromiso formal fijaba finales de enero como fecha límite, una previsión que ya entonces se percibía ajustada pero asumible. Ahora, sostiene, se vuelve a abrir una ventana temporal que puede estirarse de nuevo: “Cuando llegue marzo, ¿volveremos a escuchar que por las elecciones no se puede abordar la reforma? Castilla-La Mancha no va a aceptar esa excusa”.
Castilla-La Mancha acusa al Gobierno de aplazar sin explicación una reforma urgente
En su intervención, Padilla subrayó que no se trata de un retraso administrativo menor, sino de una demora que agrava la infrafinanciación que sufren cuatro comunidades autónomas, entre ellas Castilla-La Mancha. La portavoz recordó que la región asume anualmente el coste de servicios públicos esenciales —sanidad, educación, dependencia— con un sistema que “no refleja el esfuerzo real que soportan territorios con dispersión, envejecimiento o mayores necesidades asistenciales”.
“No es cuestión de echar balones fuera. Es un problema que afecta a toda España y que exige sentarse a negociar ya con todas las comunidades autónomas”, afirmó. Padilla insiste en que no hay margen para mayor dilación y que la falta de un calendario fiable envía un mensaje “de profunda incertidumbre” a los gobiernos autonómicos.
La reacción de la Junta también dio respuesta a las palabras de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que instó a las autonomías a rebajar sus “máximos” para alcanzar un acuerdo. Padilla rechazó de plano esa interpretación: “Sinceramente, no sé a qué máximos se refiere la ministra. Castilla-La Mancha no plantea máximos: plantea mínimos, que son la solidaridad y la igualdad”.
Para la portavoz, los términos no pueden confundirse. “Nuestra propuesta es sencilla: financiación suficiente para prestar servicios públicos de calidad y que ninguna comunidad tenga privilegios frente a otras. No estamos pidiendo nada extraordinario. Pedimos que un ciudadano de Guadalajara, de Albacete o de Ciudad Real tenga las mismas garantías que uno de cualquier otra región. Eso no es un máximo, eso es un mínimo”.
Padilla fue aún más contundente al recordar que Castilla-La Mancha no está dispuesta a “ceder” en cuestiones que considera básicas: “No vamos a renunciar a tener menos para que otros estén contentos con un acuerdo. No se trata de ajustar expectativas; se trata de asegurar la igualdad entre todos los ciudadanos del territorio nacional”.
La Junta insiste en que el sistema debe basarse en criterios objetivos, en el coste real por habitante y en el impacto que determinadas características demográficas —como la dispersión o el envejecimiento— ejercen sobre la prestación de servicios. “Hay territorios que asumen gastos estructurales muy superiores, y eso debe contemplarse. Y, sobre todo, debe contemplarse ya”.
El Gobierno autonómico considera que este retraso trunca expectativas, condiciona la planificación presupuestaria y prolonga la desigualdad. Padilla lo resumió con una frase:
“Castilla-La Mancha ha sido paciente, pero esa paciencia tiene un límite. Esta reforma es urgente, no opcional”.
La gripe bajo control: una vacunación masiva permite descartar restricciones
Otro de los temas importantes de la comparecencia estuvo centrado en la situación epidemiológica de la gripe. Mientras comunidades como Aragón han reintroducido recomendaciones de mascarilla en centros de salud y transporte público, Castilla-La Mancha mantiene un enfoque distinto: no habrá restricciones, porque no son necesarias.
Padilla explicó que la campaña de vacunación está registrando “resultados excepcionalmente buenos”, con una cobertura ocho puntos por encima de la conseguida la pasada temporada. Es una diferencia notable, que la Junta atribuye tanto al esfuerzo organizativo como a la “extraordinaria” respuesta de la ciudadanía.
La vacunación comenzó a principios de octubre en la población infantil y, desde mediados del mismo mes, en las personas mayores. Los datos actuales muestran cifras récord entre los menores, un grupo que la Administración considera clave para cortar las cadenas de transmisión. “Los niveles de vacunación infantil están siendo muy altos, y eso reduce la circulación del virus en hogares y colegios”, detalló Padilla.
Por ello, la portavoz descartó medidas similares a las activadas en Aragón: “Que la ciudadanía se vacune garantiza que la incidencia de la gripe no será descontrolada en Castilla-La Mancha. Preveemos un repunte, como cada año, pero el sistema público de salud está preparado y no contemplamos restricciones adicionales”.
La Junta insiste en que el escenario está bajo control, que los recursos asistenciales funcionan con normalidad y que el servicio de vigilancia epidemiológica mantiene una monitorización exhaustiva. “La clave está en la vacunación. Y este año la población ha respondido de manera ejemplar”, añadió.
Con ello, el Gobierno regional se distancia de medidas extraordinarias y apuesta por reforzar la difusión de la campaña de vacunación, especialmente en grupos de riesgo.
Los laboratorios del Hospital de Toledo mantienen mediciones negativas y continúan los controles
Respecto a la situación en los laboratorios del Hospital Universitario de Toledo, Padilla informó de que todas las mediciones siguen siendo negativas, motivo por el cual la Junta considera que no existe riesgo añadido. “Desde el primer momento, el Sescam ha tomado todas las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del personal”, recordó.
La portavoz aseguró que la continuidad de estos controles evidencia la voluntad del Gobierno autonómico de mantener la máxima transparencia y protección sobre las condiciones de trabajo.
“Los datos son claros. Cuando los resultados son negativos, es muy difícil sostener cualquier interpretación alarmista”.
Ocho millones para el nuevo edificio del Parque Científico: crecimiento y retención de talento
En el apartado de acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno, uno de los más relevantes fue la autorización de ocho millones de euros para construir el Edificio 6 del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha, en Albacete. Se trata de una infraestructura destinada a acoger proyectos de innovación, tecnología e I+D+i.
Padilla recordó que a esta inversión se suman 500.000 euros ya destinados a la redacción del proyecto, y justificó la ampliación por el notable crecimiento del Parque: de 40 empresas y 610 trabajadores en 2020, se ha pasado a 69 compañías y más de 1.600 empleos en la actualidad.
El edificio tendrá 6.500 metros cuadrados, con 35 módulos empresariales, salas de reuniones y espacios auxiliares, y estará equipado con sistemas de climatización eficiente y materiales de bajo impacto energético. Para la portavoz, no se trata de una ampliación convencional: “No es un edificio más, es un edificio mejor, pensado para empresas altamente competitivas y para mantener aquí el talento científico, tecnológico y digital”.
Además, el Consejo de Gobierno aprobó renovar por 1,5 millones de euros el contrato con Tragsatec, responsable del mantenimiento de las aplicaciones del organismo pagador de la Consejería de Agricultura. Padilla subrayó que esta herramienta gestiona cerca de 1.000 millones de euros en ayudas y que resulta “imprescindible” mantener una infraestructura digital segura, estable y sin margen para errores.
La Junta blinda los equipos LOPIVI con 2,4 millones y refuerza la protección a la infancia
Además, el Consejo de Gobierno autorizó 2,4 millones de euros para garantizar durante 2026 el funcionamiento de los 48 profesionales especializados que integran los equipos LOPIVI, encargados de la detección temprana y la intervención ante situaciones de violencia contra menores.
Padilla destacó que estos equipos constituyen “la primera red de protección” ante cualquier riesgo, y que su trabajo resulta esencial en coordinación con colegios, centros sanitarios y servicios sociales.
“Estos equipos funcionan como un radar preventivo: detectan los problemas antes de que estallen”, afirmó.
La portavoz recordó que casi el 60 % de los menores en acogimiento residencial presenta discapacidad o necesidades de salud mental, lo que hace imprescindible mantener una estructura profesional sólida y estable. Castilla-La Mancha adaptó en 2023 su normativa a la LOPIVI y su modelo ha sido reconocido como buena práctica a nivel nacional.
Actualización del Estatuto de las Personas Consumidoras
Finalmente, el Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de Ley que adapta el Estatuto regional de las personas consumidoras a la normativa estatal y europea. La portavoz destacó que se trata de una reforma necesaria para mejorar la protección de quienes compran y usan servicios en la región, ajustando un texto que había quedado desfasado desde 2019.
Padilla explicó que la legislación estatal introdujo conceptos como “información suficiente” o “atención insuficiente”, expresiones ambiguas que generaban dudas en los conflictos de consumo. Con esta reforma, la Junta elimina esa subjetividad y detalla situaciones concretas: no entregar hojas de reclamaciones, retrasos injustificados en reparaciones, cancelaciones sin aviso o negativas a gestionar garantías. “Recoger estos casos permite sancionar con rapidez”, señaló.
La modificación también refuerza el régimen sancionador ante abusos graves, definiendo con más precisión cuándo una infracción es grave o muy grave. Se incorporan ejemplos como cortes injustificados de agua o luz o subidas abusivas de precios en emergencias, con un grado de detalle superior al de la normativa estatal.
Además, se mantienen sanciones accesorias —como el cierre temporal de establecimientos o la imposibilidad de acceder a ayudas públicas en casos de reincidencia—, medidas que, según Padilla, resultan eficaces para prevenir prácticas perjudiciales para la ciudadanía.
En conjunto, la reforma consolida un marco autonómico más claro y más útil. Permite reforzar la seguridad jurídica, define con exactitud qué es una infracción y qué sanción corresponde y ofrece un Estatuto “más concreto, más eficaz y que funciona mejor”, en palabras de la portavoz.