Castilla-La Mancha exige nuevas reglas y los ribereños rechazan trasvasar 168 hm3
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado este miércoles un nuevo aviso al Ejecutivo central para que “reaccione cuanto antes” y modifique las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, cuya actualización acumula más de un año de retraso. A la vez, la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía ha anunciado que recurrirá judicialmente el trasvase de 168 hectómetros cúbicos autorizado esta semana y que solicitará medidas cautelares inmediatas para evitar que el agua salga de la cabecera del Tajo.
Ambas posiciones, expresadas en paralelo, reflejan una creciente presión política y social sobre el Gobierno de España para que acelere la revisión de un sistema de explotación que los colectivos afectados consideran obsoleto, injusto y contrario a la normativa vigente.
“La paciencia se agota”, avisa la Junta
La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha manifestado en rueda de prensa en Cuenca que el Gobierno regional está dispuesto a agotar las vías de diálogo con el Ministerio para la Transición Ecológica, pero ha advertido de que “si no se produce un cambio inmediato, nos veremos obligados a acudir a los tribunales”.
Según Padilla, la situación es insostenible: “Estamos ya fuera de todos los tiempos y cada vez vemos el asunto con menos comprensión que al principio”, ha dicho, recordando que el propio presidente autonómico, Emiliano García-Page, ya adelantó que se pedirá la ejecución de la sentencia que obliga a revisar las reglas si el Ministerio no actúa.
La portavoz ha confirmado que este mismo miércoles está programada en Madrid una reunión entre la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Sin embargo, ha reconocido que se desconoce el orden del día y no saben si en ese encuentro se pondrá por fin sobre la mesa el borrador de las nuevas normas de explotación.
Padilla ha sido tajante: “Aquí no vale ganar tiempo, ni ponerse de perfil, ni intentar quedar bien con unos y con otros. Hay unas normas que cumplir”. En su opinión, la falta de reglas actualizadas permite que se sigan autorizando trasvases de manera irregular, como el aprobado el martes, pese a que el año hidrológico concluyó el 30 de septiembre.
Además, ha criticado que el propio Gobierno de España “aprueba normas que luego decide no cumplir”, lo que genera un escenario de inseguridad jurídica y un perjuicio directo para los municipios ribereños y para el propio río Tajo.
Los ribereños llevarán al juzgado el trasvase de 168 hm³
De forma paralela, la Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha anunciado que recurrirá la decisión de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, que el martes aprobó el envío de 168 hectómetros cúbicos en los próximos meses.
La autorización incluye volúmenes que ya estaban previamente aprobados —como los 27 hectómetros automáticos de septiembre— pero que no pudieron ejecutarse por la rotura del canal del acueducto en agosto. Sin embargo, los ribereños sostienen que, de acuerdo con la normativa vigente, los volúmenes no trasvasados dentro del año hidrológico caducan automáticamente, salvo en situaciones de catástrofe o extrema necesidad.
El presidente de la asociación, Borja Castro, ha señalado que la decisión es “flagrantemente ilegal” porque “no cabe trasladar de un año hidrológico a otro las cantidades no trasvasadas”, lo que convierte la resolución en un acto contrario a la ley y que “deja en papel mojado las propias reglas de explotación”.
Castro ha recordado que en este año hidrológico ya se han enviado 321 hectómetros cúbicos, cifra que coincide con la media histórica de trasvases y que equivale al consumo de agua de la ciudad de Madrid durante dos años. “Es evidente que no existe ninguna situación de extrema necesidad. Se han trasvasado los mismos volúmenes que la media histórica y las necesidades del Levante están cubiertas”, ha recalcado.
Por ello, la asociación estudia interponer recurso y solicitar medidas cautelares inmediatas, dado que “si el agua se va, se ha ido; no podemos esperar a una sentencia firme”.
Riesgo de vaciamiento de Entrepeñas y Buendía
Los ribereños alertan de que la autorización llega tras un año y medio de retraso en la aprobación de las nuevas reglas de explotación, pese a que el propio Plan Hidrológico recogía la obligación de revisarlas a la baja. A esto se suma la última sentencia del Tribunal Supremo, que prohíbe escalonar los caudales ecológicos y que, según Castro, puede acelerar el vaciamiento de los embalses de la cabecera.
“Entrepeñas y Buendía se vaciarán con relativa rapidez si no se modifican ya las reglas”, ha advertido el presidente de la asociación, que ha concluido con un mensaje claro: “El Tajo necesita reglas claras, justas y adaptadas a la realidad climática actual. No podemos seguir funcionando con normas obsoletas que ni siquiera se cumplen. El río, los embalses y nuestros municipios merecen respeto”.
Concluye la reparación del canal en Liétor
En paralelo a la polémica, el Ministerio para la Transición Ecológica ha informado de que han finalizado con éxito las obras de reparación del canal del trasvase Tajo-Segura en Liétor (Albacete), averiado desde el pasado 7 de agosto.
Las actuaciones, desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo, se han ejecutado conforme al calendario previsto y permitirán restablecer el normal funcionamiento del acueducto y retomar el envío de los volúmenes autorizados que estaban pendientes de trasvasar.
Según los datos del Ministerio, a fecha 1 de septiembre los embalses de cabecera almacenaban 1.266,4 hectómetros cúbicos de volumen efectivo, lo que situaba al sistema en nivel 2 después de cinco meses en nivel 1. Las previsiones apuntan a que se mantendrá en ese nivel durante todo el semestre.
En este contexto, la Comisión Central de Explotación -explica el Ministerio- autorizó este martes de forma automática el trasvase de 27 hectómetros cúbicos desde Entrepeñas y Buendía para el mes de septiembre, conforme a las reglas actuales.
Un conflicto histórico
El trasvase Tajo-Segura, inaugurado en 1979, ha sido desde entonces uno de los proyectos hidráulicos más polémicos de España. El sistema permite llevar agua desde la cabecera del Tajo (Entrepeñas y Buendía) hacia el Levante, fundamentalmente a Murcia, Alicante y Almería, para abastecimiento y regadío.
El conflicto ha sido constante entre las comunidades cedentes y receptoras. Mientras el Levante sostiene que el trasvase es imprescindible para garantizar el suministro agrícola y urbano, Castilla-La Mancha y los municipios ribereños denuncian que los embalses se vacían sistemáticamente, poniendo en riesgo tanto el abastecimiento local como el caudal ecológico del propio Tajo.
Las reglas de explotación actuales establecen volúmenes trasvasables en función de los niveles de agua embalsada en la cabecera, pero los colectivos críticos reclaman que se adapten a la actual realidad climática, marcada por la sequía estructural y el cambio climático.
En los últimos años, varias sentencias judiciales y directivas europeas han señalado la necesidad de reforzar la protección ambiental del Tajo, obligando al Gobierno a revisar las reglas. Sin embargo, la actualización se ha retrasado reiteradamente, lo que ha provocado un clima creciente de tensión política, jurídica y social en torno al trasvase.