Castilla-La Mancha estudia recurrir el reparto de menores migrantes por falta de financiación

Castilla-La Mancha analiza con preocupación el decreto-ley aprobado por el Gobierno de España para el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas. El vicepresidente primero regional, José Luis Martínez Guijarro, aseguró que la región está dispuesta a colaborar, pero advirtió de que lo hará defendiendo sus intereses y criticó la financiación prevista como claramente insuficiente.

“Castilla-La Mancha siempre ha sido una región solidaria, tenemos claras cuáles son nuestras competencias y estamos dispuestos a colaborar para resolver un problema que tenemos como país, pero eso no puede ser a costo de los presupuestos de la comunidad autónoma”, declaró en Cuenca antes de inaugurar la Feria de Artesanía.

Según explicó, la asignación estatal supondría que la comunidad autónoma acogiera a unos 600 menores migrantes. Sin embargo, los fondos aprobados por el Gobierno central ascienden a 100 millones de euros para todas las comunidades, lo que, a juicio del Ejecutivo regional, resulta del todo insuficiente. “Los 100 millones que han puesto es escasísimo para lo que quiere hacer el Gobierno de España y no tenemos 600 plazas para esos niños”, recalcó.

Martínez Guijarro dejó claro que la Junta cumplirá con la ley, pero insistió en que no renunciará a defender los intereses de la comunidad. “Vamos a cumplir la ley, pero vamos a defender nuestros intereses, estudiaremos el decreto-ley y probablemente lo recurriremos”, subrayó. Asimismo, reclamó tanto al Gobierno de España como al principal partido de la oposición un acuerdo de Estado que permita afrontar de forma conjunta el tratamiento de los menores no acompañados.

Vox exige explicaciones a Page y eleva el coste a 400 millones

La posición del Ejecutivo regional ha encontrado respuesta inmediata en Vox, que ha criticado con dureza al presidente autonómico, Emiliano García-Page. El líder del grupo parlamentario, David Moreno, aseguró que la acogida de los 322 menores migrantes asignados a Castilla-La Mancha supondrá un coste de 400 millones de euros y exigió al presidente socialista que explique de qué partidas presupuestarias se extraerá esa cantidad.

“¿A quién le va a quitar esos 400 millones? ¿A los ancianos de las residencias, a los niños de los colegios, a los pacientes de la sanidad pública, a los agricultores de la PAC?”, planteó Moreno, advirtiendo de que la medida “saturará aún más los servicios esenciales” de la comunidad.

El dirigente de Vox recordó que la red de protección de menores de la Junta está “ya desbordada” con una ocupación superior al 98% y acusó a la administración de no ser capaz de atender adecuadamente a los tutelados actuales. “Los castellanomanchegos merecen transparencia, respeto y seguridad. Page debe aclarar de inmediato de qué partidas presupuestarias saldrán los 400 millones de euros y qué servicios recortará para cumplir las órdenes de Sánchez”, concluyó.

Presupuestos e inicio del curso político

Más allá del debate sobre migración, Martínez Guijarro se refirió al arranque del curso político en Castilla-La Mancha, marcado por la elaboración de los presupuestos regionales. Explicó que en el próximo Consejo de Gobierno se abordará el techo de gasto, con la intención de que pueda aprobarse en el pleno de septiembre y dar inicio a la tramitación de las cuentas autonómicas para 2026.

El Ejecutivo regional aspira a que los presupuestos entren en vigor el 1 de enero y que se centren en tres ejes fundamentales:

• El mantenimiento de los servicios públicos esenciales, con un esfuerzo especial en sanidad, educación y servicios sociales.

• La mejora de las infraestructuras, para avanzar en cohesión territorial y modernización económica.

• La consolidación del crecimiento económico, como la vía más eficaz de garantizar el buen funcionamiento de la comunidad.

“Tenemos que garantizar que Castilla-La Mancha siga funcionando, y eso pasa por mantener los servicios públicos, mejorar nuestras infraestructuras y acompañar el crecimiento económico, porque es la mejor manera de dar estabilidad a la región”, señaló el vicepresidente.

En este contexto, volvió a insistir en la urgencia de revisar el modelo de financiación autonómica, que vinculó directamente a la capacidad de sostener esos servicios básicos. “Es el gran reto que tenemos y está directamente relacionado con las posibilidades de mantenimiento de los servicios públicos”, concluyó.