Castilla-La Mancha ve "insuficiente" la financiación para acoger "en condiciones dignas" a 692 menores

El Gobierno de Castilla-La Mancha volvió este miércoles a poner sobre la mesa sus reservas ante el reparto estatal de menores migrantes no acompañados. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, calificó de "insuficiente" la financiación prevista por el Ejecutivo central para la acogida de los 692 menores que el nuevo decreto asigna a la comunidad. Aseguró que el modelo castellanomanchego está diseñado para garantizar "condiciones de dignidad y humanidad", lo que exige recursos adicionales que permitan evitar situaciones de masificación.

"Nuestro modelo de acogida responde a unas condiciones de dignidad que no pueden cumplirse con los modelos de masificación", subrayó Padilla en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. La consejera recordó que el decreto estatal ya fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, al entender que la financiación prevista no garantiza una atención adecuada.

En este sentido, insistió en que los menores no pueden ser tratados como simples cifras en un reparto poblacional, sino como niños y adolescentes que requieren "acompañamiento permanente de profesionales, acceso a la educación, apoyo psicológico y dotación en infraestructuras". "Todo ello supone un coste muy por encima de los 100 millones de euros aprobados", explicó, advirtiendo además de que la cantidad asignada representa "un descenso notable" en la financiación por plaza que venía recibiéndose en ejercicios anteriores.

Como muestra del compromiso solidario de la comunidad, Padilla recordó que el pasado 15 de agosto la Consejería de Bienestar Social puso a disposición del Gobierno de Canarias diez plazas libres en sus centros de acogida, de manera voluntaria, tras comprobar que existía margen suficiente en la red regional. Sin embargo, advirtió de que una llegada "abrupta" de los casi 700 menores asignados "haría imposible atenderlos en las condiciones que la propia ministra Pilar Alegría señaló que había que cumplir".

La portavoz castellanomanchega sostuvo, además, que este planteamiento no es exclusivo de su Gobierno, sino que incluso el Ministerio de Seguridad Social reconoció recientemente que, en sus propios centros, era inviable acoger al millar de menores previsto inicialmente. "Estamos convencidos de que el conjunto del Gobierno de España comparte la necesidad de que la acogida se haga con dignidad, con recursos y con respeto a los menores", concluyó.

El Real Decreto fija criterios objetivos y activa los traslados

El Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), constituye la herramienta con la que el Gobierno central pretende dar respuesta a la presión migratoria extraordinaria que soportan Canarias, Ceuta y Melilla, además de otras comunidades como Andalucía o Baleares. La norma, que entra en vigor de forma inmediata, establece que aquellas comunidades y ciudades autónomas que tripliquen su capacidad ordinaria de acogida serán declaradas en "contingencia migratoria extraordinaria".

La capacidad ordinaria se define en función de una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes. A partir de este cálculo, Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650) y Madrid (2.325) encabezan la lista de comunidades con mayor disponibilidad estructural. Les siguen Galicia (886), Castilla y León (783) y País Vasco (731). En el caso de Castilla-La Mancha, el decreto fija una capacidad de 692 plazas, lo que sitúa a la región en un rango intermedio, similar al de Canarias (737), aunque la situación de las islas es crítica por el número real de llegadas.

El texto también recoge los datos de comunidades con menor capacidad: La Rioja (107), Navarra (223), Cantabria (194), Ceuta (27) y Melilla (28). Todos estos cálculos pretenden establecer un marco "objetivo y equitativo" para la distribución, atendiendo a la población de cada territorio y a la presión migratoria que soporta.

La aprobación de este decreto da cumplimiento a la disposición adicional introducida en la Ley de Extranjería tras el Real Decreto-ley 2/2025, que consagró la obligación del Estado de garantizar el interés superior del menor en contextos de contingencia migratoria. Con esta base legal, el Ejecutivo activa un protocolo que permitirá trasladar a la península a parte de los menores actualmente tutelados en Canarias, donde los centros de acogida superan desde hace meses su capacidad estructural.

El Gobierno central apela a la solidaridad y advierte de consecuencias legales

Frente a las críticas de Castilla-La Mancha y de otros gobiernos autonómicos, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, defendió este miércoles la "absoluta transparencia" de los criterios aplicados. "Lo que aprobamos ayer fue un real decreto con unos criterios para distribuir menores no acompañados en nuestro país, unos criterios que son objetivos, claros y absolutamente transparentes", señaló en declaraciones a los medios.

Bolaños destacó que el espíritu del decreto es garantizar la solidaridad entre territorios: "Tenemos que ser solidarios todas las comunidades autónomas, las que tienen menos presión migratoria con las que tienen mayor presión migratoria". En este sentido, citó expresamente a Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía y Baleares como los territorios más afectados por la llegada masiva de menores migrantes.

El ministro quiso dejar claro que se trata de una norma "aplicable" y con fuerza legal, por lo que su incumplimiento no sería una mera cuestión política, sino que acarrearía "consecuencias jurídicas". "No me imagino que ninguna comunidad autónoma quiera incumplir la ley abiertamente, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio", advirtió, en una referencia velada a las resistencias expresadas por algunos gobiernos regionales.

Con este mensaje, el Gobierno central buscó zanjar cualquier duda sobre la obligatoriedad del reparto y sobre la validez de los criterios utilizados. "No hay improvisación. Hay reglas claras, equitativas y pensadas para proteger el interés superior de los menores, que es lo que debe guiarnos a todos", subrayó Bolaños, reiterando el llamamiento a la cooperación institucional.