Castilla-La Mancha denuncia un trasvase que "dilapida" lo acumulado

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) ha autorizado este viernes un triple trasvase de 60 hectómetros cúbicos al mes durante marzo, abril y mayo, lo que supondrá 180 hm³ enviados desde los embalses de Entrepeñas y Buendía al Levante. La decisión llega tras revisar los datos del sistema de cabecera y las previsiones hidrológicas después del tren de borrascas registrado en enero y febrero.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha explicado que, a comienzos de marzo, los embalses de cabecera almacenan 1.503,6 hm³ de volumen efectivo, lo que sitúa el sistema en nivel 1 de las reglas de explotación, el nivel que permite aplicar trasvases automáticos de hasta 60 hm³ mensuales.

La aprobación ha reavivado el debate político y territorial en torno al acueducto. Mientras el Gobierno de Castilla-La Mancha considera que la medida “dilapida” las reservas acumuladas, el Ejecutivo central defiende que la normativa se está cumpliendo parcialmente y que la solidaridad hídrica con el Levante debe mantenerse. Los municipios ribereños, por su parte, denuncian que el sistema sigue funcionando “con piloto automático” pese a los cambios previstos en la planificación hidrológica.

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana ha informado de que la superficie inundada del Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) alcanza ya casi el 60%, gracias a aportaciones superficiales del río Gigüela. Asimismo, se ha solicitado 1,7 hm³ para abastecimiento mediante la Tubería Manchega durante el trimestre marzo-mayo.

Aprobación del triple trasvase

La Comisión de Explotación del trasvase ha acordado la derivación de 60 hectómetros cúbicos mensuales durante tres meses consecutivos, lo que suma 180 hm³ de agua transferida desde la cabecera del Tajo al Segura.

La decisión se adopta tras constatar el incremento de reservas provocado por las borrascas del invierno. Con 1.503,6 hm³ almacenados, el sistema se encuentra en nivel 1, lo que permite autorizar trasvases automáticos conforme a las reglas de explotación vigentes.

Esta situación contrasta con periodos anteriores de sequía en los que el trasvase estuvo limitado o suspendido. Sin embargo, la aprobación de un envío máximo durante tres meses consecutivos ha generado críticas desde Castilla-La Mancha y desde los municipios ribereños de los embalses.

Castilla-La Mancha denuncia que se “dilapida” el agua almacenada

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su rechazo frontal a la decisión y advierte de que el nuevo trasvase puede reducir en torno al 11% el agua almacenada en Entrepeñas y Buendía.

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha señalado desde Viso del Marqués (Ciudad Real) que los 180 hectómetros cúbicos aprobados para los próximos tres meses “dilapidan el almacén de agua embalsada” en la cabecera del Tajo y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico “no lo va a admitir”.

Gómez ha advertido de que el agua es “un recurso escaso en todos los territorios” y que la reducción de reservas puede tener consecuencias para la región, ya que cuando falta agua los informes desfavorables afectan a inversiones y a desarrollos urbanísticos en Castilla-La Mancha.

La consejera ha recordado además que quedan más de 135 hm³ pendientes de trasvasar, lo que, a su juicio, evidencia que “no hay capacidad técnica ni sostenible para poder llevar esos recursos al Levante y a Murcia”, especialmente cuando —según sostiene— actualmente no existe necesidad ni capacidad de almacenamiento en esos territorios.

En este contexto, el Ejecutivo regional considera que se están “perdiendo todas las oportunidades para modificar las reglas de explotación del trasvase” y ha reiterado su intención de presentar una demanda judicial contra el Gobierno central por incumplimiento del Real Decreto de planificación hidrológica del Tajo aprobado en 2023.

Asimismo, la consejera ha criticado que el Ministerio esté permitiendo la situación “sin tener en cuenta medidas de sostenibilidad”, al tiempo que ha reprochado al Partido Popular su respaldo a la actual política del trasvase.

El Gobierno defiende que se cumple parte de la normativa

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha respondido al anuncio de recurso por parte de la Junta afirmando que el Ejecutivo central “no está causando ningún perjuicio grave” a la región en materia de agua.

Sabrido ha señalado que los caudales ecológicos del Tajo se vienen cumpliendo desde el mes de septiembre, aunque ha reconocido que es necesario revisar periódicamente las aportaciones a los embalses de Entrepeñas y Buendía y los desembalses que se pueden producir.

En su opinión, el Gobierno está actuando con prudencia en la aplicación de la normativa europea, teniendo en cuenta que también puede afectar al Levante. Por ello, ha defendido que el Ejecutivo central está compatibilizando la prioridad del Tajo con la solidaridad con otras regiones.

El delegado ha insistido además en que garantizar agua para el río Tajo “no debe suponer estrangular el desarrollo económico de otras regiones españolas”, por lo que considera necesario mantener el equilibrio entre territorios.

En paralelo, ha defendido que no se retrasen las infraestructuras hídricas del Levante, como las desaladoras, incluso en momentos en los que “hay bastante agua” en la cabecera del Tajo.

Sabrido ha recordado que desde Toledo siempre se ha defendido que el trasvase Tajo-Segura está llamado a tener un final, aunque ha subrayado que ese proceso deberá hacerse “de manera solidaria cuando todos tengamos los recursos necesarios”.

Los ribereños hablan de un trasvase “irracional”

La Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía considera “completamente irracional” la aprobación del nuevo trasvase de 180 hm³ en el contexto actual.

Según la organización, el sistema “sigue funcionando con piloto automático”, manteniendo trasvases máximos incluso cuando desde el propio Levante se reconoce que las necesidades de la cuenca del Segura están cubiertas.

El presidente de la asociación, Borja Castro, sostiene que la decisión demuestra que el sistema continúa operando “exactamente igual que en el pasado”, con reglas de explotación antiguas que deberían haberse actualizado hace dos años para aplicar el escalonamiento previsto hasta 2027.

Los ribereños advierten de que mantener los envíos automáticos con la normativa actual vacía de contenido el proceso de adaptación previsto para reducir progresivamente los volúmenes trasvasables.

El técnico de la asociación, Miguel Ángel Sánchez, considera además que el Ministerio está retrasando decisiones clave mientras el sistema “sigue funcionando por inercia”, lo que deja inoperativos muchos de los avances planteados en la planificación hidrológica.

Desde la organización recuerdan que este patrón ya se ha producido en el pasado: cuando hay agua se trasvasa al máximo y cuando vuelve la sequía la cabecera se queda sin reservas. En este sentido, señalan que no se aprobaban trasvases de esta magnitud desde el periodo 1999-2001, durante el Gobierno de José María Aznar, cuando los embalses presentaban niveles similares.

A su juicio, repetir ese modelo podría volver a dejar la cabecera sin colchón ante futuros ciclos secos, como ocurrió en torno a 2005, cuando la sequía redujo drásticamente las reservas.