Caso Kitchen: cárcel para el asesor de Cospedal y testifical de la expresidenta

La Audiencia Nacional sienta desde este lunes en el banquillo al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento durante el Gobierno de Mariano Rajoy por el denominado caso Kitchen, una presunta operación parapolicial desarrollada entre 2013 y 2015 para sustraer información comprometedora al extesorero del PP Luis Bárcenas. Entre los acusados figura Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de María Dolores de Cospedal durante su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha, para el que la Fiscalía solicita penas de cárcel. La exdirigente popular comparecerá como testigo en el juicio el próximo 23 de abril.

El procedimiento, que se extenderá hasta el 30 de junio, juzga a un total de diez acusados —inicialmente eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad— por su presunta participación en un operativo que habría utilizado fondos reservados del Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y a su entorno familiar, en un momento clave de la investigación del caso Gürtel y de la supuesta caja B del Partido Popular.

Junto a Fernández Díaz se sentarán en el banquillo el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el exdirector adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino; y varios mandos policiales, entre ellos el comisario José Manuel Villarejo —para quien la Fiscalía solicita la pena más elevada, de hasta 19 años de prisión—, así como José Luis Olivera o el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Gómez Gordo, pieza clave y nexo con Castilla-La Mancha

La figura de Andrés Gómez Gordo centra buena parte del interés en Castilla-La Mancha por su vinculación directa con el Ejecutivo autonómico que presidió Cospedal. Según las investigaciones, habría desempeñado un papel relevante en la captación de Sergio Ríos, chófer de Bárcenas, considerado pieza clave de la operación.

Ríos fue reclutado como confidente y habría recibido 54.000 euros procedentes de fondos reservados, además de obtener posteriormente una plaza en la Policía Nacional —de la que actualmente se encuentra suspendido—. En el argot de la trama era conocido como “el cocinero”, denominación que acabó dando nombre a la operación Kitchen.

Diversas declaraciones, entre ellas las del comisario Enrique García Castaño —eximido del juicio por enfermedad—, sitúan a Gómez Gordo como uno de los intermediarios en ese proceso de captación. La Fiscalía considera que formó parte del engranaje que permitió el desarrollo del operativo y le incluye en el conjunto de acusados que se enfrentan a penas que oscilan entre los 2 años y medio y los 19 años de prisión.

Cospedal declarará como testigo tras ser investigada

La ex secretaria general del PP y expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, comparecerá en calidad de testigo después de haber estado imputada durante la fase de instrucción. Su implicación se derivaba de las reuniones acreditadas con el comisario Villarejo en la sede del partido en aquellos años.

Cospedal siempre negó que dichos encuentros guardaran relación con la operación Kitchen y el juez instructor, Manuel García Castellón, acordó finalmente su exclusión de la causa, pese a la oposición de la Fiscalía Anticorrupción.

Su declaración tendrá lugar el mismo día que la del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien ya testificó en el juicio del caso Gürtel. Posteriormente, el 27 de abril, están citados la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el senador del PP Javier Arenas, figura histórica del partido que mantuvo una estrecha relación con Bárcenas hasta su expulsión.

Una trama para obtener información sensible de Bárcenas

Según el escrito de acusación, la operación Kitchen se articuló como un dispositivo clandestino para acceder a documentación sensible del extesorero del PP que pudiera comprometer a dirigentes del partido en plena investigación judicial.

El chófer, pieza central del operativo, habría sustraído dos teléfonos móviles y una tablet de Bárcenas que posteriormente fueron volcados en un ordenador para extraer su contenido. Según algunas versiones, esa información se habría entregado en un pendrive a la cúpula del Ministerio del Interior, extremo que niegan los principales acusados.

La familia Bárcenas sostiene además que los hechos fueron más allá del espionaje y vincula a los acusados con el asalto a su vivienda en 2014, cuando un individuo se hizo pasar por sacerdote y retuvo a la familia bajo amenazas para intentar obtener documentación comprometedora.

Versiones enfrentadas en la cúpula de Interior

Fernández Díaz y su número dos, Francisco Martínez, están acusados de haber impulsado el operativo. La Fiscalía solicita para ambos 15 años de cárcel, aunque mantienen versiones completamente opuestas.

El exministro asegura que nunca tuvo conocimiento de la operación, mientras que Martínez sostiene que fue el propio Fernández Díaz quien le informó de la captación del chófer. Para respaldar su versión, el exsecretario de Estado aportó una cadena de mensajes de WhatsApp protocolizados ante notario, cuya autenticidad niega el exministro.

El juez llegó a someterles a un careo que concluyó sin acuerdo, evidenciando la ruptura total entre ambos y un cruce de acusaciones mutuas.

Elevadas peticiones de pena y acusaciones múltiples

Además de la Fiscalía, ejercen la acusación las formaciones políticas PSOE y Podemos, así como la familia Bárcenas, con peticiones de pena especialmente elevadas:

• Fiscalía: hasta 19 años de prisión (Villarejo)
• PSOE: 47 años y 10 meses para Fernández Díaz
• Podemos: 41 años de cárcel para el exministro
• Familia Bárcenas: 41 años para Fernández Díaz y Martínez, y 33 años para Sergio Ríos

La familia del extesorero acusa a los implicados de asociación ilícita y los considera cooperadores necesarios en los hechos delictivos investigados.

Un juicio clave sobre las “cloacas del Estado”

El caso Kitchen, cuya investigación judicial se inició en 2018, también fue objeto de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, que concluyó que existían indicios de que el expresidente Mariano Rajoy conocía la operación.

Este juicio se erige como uno de los más relevantes sobre el uso presuntamente irregular de estructuras policiales con fines políticos en España y adquiere una especial dimensión en Castilla-La Mancha por la implicación de un exalto cargo vinculado directamente al Gobierno autonómico de la etapa de Cospedal.