35 millones para asegurar el transporte de 11.200 alumnos de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la licitación de 346 rutas de transporte escolar por un importe de 35,1 millones de euros para los próximos tres cursos, una decisión que permitirá garantizar el servicio a más de 11.200 alumnos y que supone renovar aproximadamente un tercio del sistema autonómico. La medida, anunciada por la consejera portavoz, Esther Padilla, se enmarca en la estrategia del Ejecutivo para sostener uno de los pilares básicos del sistema educativo en una comunidad caracterizada por su dispersión geográfica.

“Nuestra máxima es la igualdad de oportunidades para nuestros niños y niñas”, ha subrayado Padilla, quien ha insistido en que garantizar el acceso a la educación en un territorio de 80.000 kilómetros cuadrados exige un esfuerzo inversor muy superior al de otras regiones. Ese esfuerzo se refleja en la evolución del sistema: de los 27 millones de euros destinados al transporte escolar en 2015 se ha pasado a más de 34 millones en la actualidad, con un total de 1.053 rutas activas y más de 27.000 alumnos transportados este curso.

La renovación de estas 346 rutas, cuyos contratos expiraban este año, no solo consolida el sistema, sino que introduce mejoras técnicas y operativas que buscan reforzar su fiabilidad y adaptación al territorio.

Rutas escolares: cobertura en un territorio disperso

El nuevo contrato se estructura en dos grandes bloques que reflejan la realidad demográfica de Castilla-La Mancha. Por un lado, 284 rutas en autobús, destinadas a los trayectos con mayor volumen de alumnado, concentrarán la mayor parte del presupuesto, con 31,7 millones de euros. Por otro, 62 rutas en vehículos de hasta nueve plazas —principalmente taxis—, con una inversión de 3,3 millones, darán cobertura a zonas rurales con menor densidad.

Padilla ha destacado que el modelo responde a una lógica de equilibrio territorial: “Tenemos que garantizar el servicio independientemente de dónde vivan los alumnos, aunque eso suponga un mayor coste”. En este sentido, ha defendido que el transporte escolar es una herramienta esencial para fijar población y evitar desigualdades entre entornos urbanos y rurales.

Entre las novedades más relevantes figura la posibilidad de que las empresas adjudicatarias dispongan de hasta tres vehículos de sustitución, frente al único permitido hasta ahora, lo que permitirá reducir incidencias y mejorar la continuidad del servicio. A ello se suma el mantenimiento de la figura de los acompañantes, que alcanzan los 467 profesionales, fundamentales para garantizar la seguridad, especialmente en las rutas con alumnado de menor edad o necesidades especiales.

El sistema se completa con una línea de ayudas individuales al transporte dotada con 200.000 euros, dirigida a aquellas familias que residen en zonas donde no es viable implantar rutas. “Donde no llegan las rutas, garantizamos con ayudas económicas que las familias puedan hacer frente al coste de llevar a sus hijos a los centros educativos”, ha explicado la portavoz.

En paralelo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del decreto de ayudas al transporte en centros concertados de Educación Especial, que alcanzarán 1,1 millones de euros, incrementando tanto la dotación como la flexibilidad del sistema. Las ayudas oscilarán entre 75.000 y 250.000 euros por centro y curso, en función de si el transporte se presta con medios propios, contratados o de forma compartida. Padilla ha subrayado que este esfuerzo supone casi duplicar las cifras iniciales de 2015, cuando se destinaban 625.000 euros.

SESCAM: estructura preventiva más especializada

El ámbito sanitario ha sido otro de los ejes destacados de los acuerdos. El Ejecutivo ha aprobado un decreto para crear tres nuevas categorías profesionales en prevención de riesgos laborales dentro del SESCAM, con el objetivo de reforzar la protección de los trabajadores sanitarios.

“Se trata de seguir velando por la seguridad y la salud laboral de los profesionales”, ha afirmado Padilla, quien ha incidido en que la medida permitirá dotar al sistema de una estructura “más moderna, más especializada y más eficaz”.

Las nuevas categorías —técnico superior (A1), técnico medio (A2) y técnico intermedio (C1)— cubrirán funciones que van desde la planificación y coordinación de programas preventivos hasta la evaluación de riesgos y la implantación de medidas de seguridad en los centros. Además, el decreto contempla un proceso de integración para el personal que ya desempeña estas funciones, garantizando el reconocimiento de su experiencia.

La norma incorpora también la actualización de denominaciones profesionales, alineándolas con el marco estatal, como es el caso de las especialidades de análisis clínicos y bioquímica, que pasan a integrarse bajo la denominación de laboratorio clínico.

Carrera profesional sanitaria: negociación para blindarla

En paralelo a estas medidas, el Gobierno regional ha reiterado su intención de recuperar la carrera profesional sanitaria, eliminada en 2012, mediante un acuerdo con los sindicatos que pretende elevar a rango normativo.

Padilla ha defendido que el objetivo es “darle garantía” a este derecho para que “no sea tan fácil perderlo si hay un cambio de gobierno”, en alusión a experiencias pasadas. La negociación comenzará a concretarse en la reunión prevista el próximo 26 de marzo, en un proceso que el Ejecutivo quiere abordar con discreción.

La portavoz ha rechazado las críticas del PP, defendiendo la gestión del Ejecutivo en sanidad: “Destruir un castillo de arena se tarda muy poco, pero volver a hacerlo cuesta más”, ha afirmado, asegurando que el Gobierno se encuentra en una fase de reconstrucción del sistema sanitario público.

Incendios: prevención estructural frente al cambio climático

En el ámbito medioambiental, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 2,5 millones de euros para la prevención de incendios forestales en más de 4.000 hectáreas de las cinco provincias.

Las actuaciones incluirán trituración de restos vegetales, desbroces y mantenimiento de cortafuegos, especialmente en zonas estratégicas como márgenes de carreteras, caminos forestales y áreas de alta vulnerabilidad. Los trabajos serán ejecutados por la empresa pública GEACAM, clave en el dispositivo regional.

Padilla ha insistido en el enfoque preventivo del Ejecutivo: “No esperamos al verano para proteger nuestros montes”, subrayando que la prevención es la herramienta más eficaz frente al aumento de riesgos asociado al cambio climático.

En este sentido, ha destacado que el presupuesto regional en esta materia alcanza 126 millones de euros en 2026, un 8% más que el año anterior, y que en la última década se han triplicado las hectáreas tratadas. “Prevenir es menos llamativo que apagar, pero es lo que más protege”, ha concluido.

Tubería Manchega: infraestructura estratégica

El Ejecutivo ha aprobado también una inversión de 2,4 millones de euros para prorrogar el contrato de mantenimiento de la Tubería Manchega, garantizando el suministro de agua potable a 15 municipios de Ciudad Real, Cuenca y Albacete, con más de 70.000 habitantes.

Padilla ha subrayado que esta decisión “no es un mero trámite administrativo”, sino una actuación clave para asegurar un servicio esencial y consolidar una infraestructura estratégica para la región. El sistema, operativo desde 2023 en su ramal nororiental, continuará ampliándose hacia el Campo de Calatrava, con obras previstas hasta 2028.

112: refuerzo tecnológico ante máxima demanda

En materia de emergencias, el Consejo de Gobierno ha autorizado un contrato de 923.000 euros para la gestión, mantenimiento y evolución tecnológica del servicio 112 durante los próximos 12 meses, prorrogables.

El objetivo, según Padilla, es garantizar un sistema “más fiable, moderno y seguro”, capaz de responder a un volumen de actividad en máximos históricos. En 2025, el servicio registró 770.000 llamadas reales de emergencia, con una media de 3.500 comunicaciones diarias.

“Es fundamental tener los recursos y las plataformas perfectamente dotadas para garantizar la respuesta”, ha señalado la portavoz.

Ley de espectáculos: actualización tras 15 años

El Ejecutivo ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que actualizará la normativa vigente desde 2011.

Padilla ha explicado que la reforma busca “una regulación más moderna, más clara y adaptada a la realidad actual del ocio”, al tiempo que garantiza “la convivencia, la seguridad y el descanso de la ciudadanía”.

Entre los aspectos que se revisarán figuran los festivales de música, por su impacto económico y social, y eventos como los taurinos, especialmente en la simplificación de trámites. El texto será analizado ahora por el Consejo Consultivo antes de su tramitación parlamentaria.

Ciudad Real: actuación urgente en la estación

El Consejo de Gobierno ha autorizado una actuación de emergencia en la estación de autobuses de Ciudad Real (Ciudad Real), con una inversión de 114.931 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

La portavoz ha explicado que las lluvias intensas de febrero han provocado filtraciones, deterioro estructural y riesgo de desprendimientos, obligando a acordonar zonas del edificio. “El servicio no se va a interrumpir, que es lo importante”, ha asegurado Padilla, quien ha destacado que la actuación se realizará minimizando las molestias a los usuarios.

Nuevo portal web: administración más cercana

El Gobierno regional ha presentado también un nuevo portal web institucional, concebido como un espacio más accesible, intuitivo y centrado en las necesidades de la ciudadanía.

Padilla lo ha definido como un portal “más dinámico, interactivo y transversal”, en el que el usuario encontrará un buscador potente y una organización por temas que evita la necesidad de conocer la estructura administrativa.

“La ciudadanía no tiene por qué saber qué consejería es competente”, ha señalado, destacando secciones como “situaciones cotidianas” o el nuevo portal de actualidad, que incluirá agenda, contenidos multimedia y acceso a información institucional.

Guerra de Irán: seguimiento y posible respuesta regional

Por último, el Ejecutivo ha abordado el impacto económico de la guerra de Irán, mostrando su confianza en que las medidas del Gobierno central serán adecuadas.

“Estoy segura de que irán en la línea de apoyar a sectores como el transporte o los combustibles”, ha indicado Padilla, quien ha añadido que la Junta evaluará su alcance y no descarta complementarlas si fuera necesario para proteger a los sectores afectados.