En la última gran crisis de la política española, apocalíptica según algunas fuerzas y medios de comunicación, no ha ganado nadie, como viene siendo habitual. En el Consejo General del Poder Judicial siguen los mismos y en el Tribunal Constitucional también. Sánchez ha aprendido la lección (de hecho, el martes compareció cual alumno aplicado) de que no valen atajos para modificar piezas claves de la estructura constitucional. Y Feijoo sabe que el vergonzoso enroque de su partido para mantener en sus manos el control de la Justicia tiene los días contados.
Ahora sí, el Gobierno va a presentar una Proposición de Ley para evitar que los Populares, como hacen cada vez que pierden el poder, se aferren a mantener el control de instituciones claves del Estado. No en vano, el CGPJ es el que nombra a los tribunales de las Salas de Justicia de todo el pais, y el TC el que tumba o consolida la legislación del partido en el poder.
Pese a que "el atajo" pergeñado por el incansable Bolaños no tenía un pase, la actual mayoría de conservadores en el Constitucional ha permitido al PP salirse, una vez más, con la suya. Pero también cargar con el oprobio de unas votaciones donde unos magistrados recusados votaban a su favor para quedarse.
Una vez ganada esa batalla ante la opinión pública, Feijoo, de no estar a seis meses de unas elecciones "capitales" para su futuro, debería haber mandado un "recado" a los afines en el CGPJ para que cesaran en el bloqueo y nombraran, por fin, a los dos candidatos que les corresponden para el TC. No lo ha hecho, y lo que ha conseguido es aglutinar a todo el grupo de la investidura que van a apoyar a muerte la nueva proposición de ley.
Así pues, la semana de infarto en el Congreso y Senado se salda con un presidente del Gobierno escaldado y que comparece contrito, y una oposición de derechas que cree haber ganado, pero que sólo ha consolidado su imagen de falta de respeto a las mayorías parlamentarias. Y, por último, y esto es lo más grave, con una imagen desoladora de la Justicia.
La estampa de las votaciones en el Constitucional, el afán de supervivencia de las mayorías conservadoras, las maniobras del CGPJ de solicitar un pleno urgente para votar a sus candidatos antes de que salieran las enmiendas, y la falta de interés cuando decae el peligro, son juegos malabares propios de un circo.
La contaminación del trilerismo político a instituciones que deben velar por la calidad de la democracia es un grave deterioro de la vida pública que debería preocuparnos a todos, porque la actual clase política pasará, pero los soportes sólidos de un Estado de Derecho son el legado que vamos a dejar a nuestros hijos.
El Gobierno, que pretendía entrar en 2023 sin polémicas, tendrá que habilitar el Congreso en enero para aprobar la nueva Proposición de Ley, y luego, pelillos a la mar, PSOE y PP a tope con la campaña electoral. Así es esta política...
