Tras la comparecencia del presidente de la Conferencia de Rectores (CRUE), el catedrático Roberto Fernández, que ha hecho públicas las "graves irregularidades" en el supuesto máster de Cristina Cifuentes, a la presidenta de Madrid no le queda otro camino que la dimisión.
Su partido, que "soto voce" la da por amortizada, negocia con ciudadanos el nombre de su sustituto. Lo niegan, pero los encuentros entre Maillo y Villegas, encargados por Rajoy y Rivera de resolver este asunto, se han producido.
En el PP esperan que la resistencia no sea numantina y que, cuando Rajoy aterrice de Argentina, la solución esté sobre la mesa. Ya lo dijo el presidente en la rueda conjunta con Macri, sin pronunciar ni una sola palabra de respaldo a la dirigente madrileña: "El tema se va a resolver de forma rápida".
En Génova han analizado con detenimiento las consecuencias de no ceder a la exigencia de Ciudadanos y presentar otro nombre. Pese a las tentaciones de dejar que Rivera apoye a un candidato al que también sostiene Podemos, y utilizar estos diez meses para vender la imagen de que votar naranja es echarse en manos de la izquierda, han llegado a la conclusión de que la pérdida del poder es todavía más costosa a nivel electoral.
En este año escaso que resta hasta las elecciones, desde la sede a la Puerta del Sol pretenden vender gestión económica, crecimiento de empleo y despegue del mercado inmobiliario. Queda por ver si quien sustituya a Cifuentes va a ser el cabeza de lista en los comicios autonómicos. El martes, Pablo Casado, destinado a liderar la candidatura en Madrid, se empeñó a fondo en tratar de demostrar que el caso de su máster (obtenido con escasísimo esfuerzo, todo hay que decirlo) no tenía nada que ver con el de la presidenta madrileña, poniendo aún más en evidencia lo que la dirección del PP piensa de Cifuentes.
La agonía puede prolongarse tanto como esta última tarde en dimitir, porque cada día los medios de comunicación están publicando datos más desalentadores sobre la veracidad de lo expresado en la Asamblea de Madrid. Las profesoras cuyas firmas fueron falsificadas están declarando ante la fiscalía y una de ellas no se ha presentado alegando baja por depresión.
Porque esa es la segunda derivada de este caso, que tan fácil solución habría tenido de reconocer la presidenta de la Comunidad que después de tantos años no recordaba si había o no acabado el máster y que se daba por no titulada; el gravísimo descrédito de una universidad pública cuyas vergüenzas, en forma de titulaciones prácticamente regaladas a cargos del PP, se ha desvelado estos días.
El sustituto de Cifuentes y toda la oposición deberán tomarse muy en serio limpiar el crédito de la institución universitaria. Si para ello es necesario expulsar a todo el claustro, hágase. De lo contrario, se corre el riesgo de fuga masiva de matrículas a otros campus para huir de titulaciones en entredicho.
Las familias que con gran esfuerzo económico han pagado las matrículas en la Rey Juan Carlos van a tener muchas razones para no volver a votar al PP.
