La reforma sanitaria aprobada por el actual Gobierno (Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril) supuso el endurecimiento de las condiciones que la población extranjera en situación irregular debía cumplir para acceder a la atención médica y hospitalaria en nuestro país.
En su momento, muchas fueron las voces que desde diferentes ámbitos (profesionales sanitarios, juristas, ONGs, Defensor del Pueblo, etc.) cuestionaron estas medidas defendiendo que para contener el gasto sanitario y evitar posibles fraudes existían alternativas menos dañinas para la salud, tanto de los afectados como de la población en general
Ante la reciente publicación de la Orden de la Consejería de Sanidad, de acceso universal a la atención sanitaria en Castilla-La Mancha, que extiende la cobertura de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras que residen irregularmente en cualquiera de los municipios de nuestra Comunidad Autónoma, me ha sorprendido el aluvión de comentarios de lectores que con diferentes argumentos, o sin ellos, se manifestaban en contra de esta medida.
Sin tener en cuenta consideraciones de índole humanitario, que parecen no importar cuando nos tocan lo nuestro, favorecer el acceso a la asistencia sanitaria de toda la población que resida en el territorio nacional, tengan o no regularizada su situación, trasciende la solidaridad porque se trata, ante todo, de una cuestión de salud pública.
En 1920, Charles Edward Amory Winslow, micólogo, botánico y bacteriólogo estadounidense, experto en Salud pública, definió ésta como “la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud y la eficiencia física mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene personal; organizar servicios médicos y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades, así como desarrollar la maquinaria social que le asegure a cada individuo de la comunidad un nivel de vida adecuado para el mantenimiento de la salud". El principal objetivo de la salud pública así entendida, basada en reconocer que existen procesos y problemas colectivos de enfermedad, es asegurar las condiciones que permitan a todas las personas tener salud.
Dado que la salud de los individuos transcurre en un plano vital en el que además de momentos de interacción individual entre ellos y el medio, establecen una intrincada red de interacciones con el resto de miembros de su comunidad, podemos afirmar que en cuestiones de salud el hombre no está solo. Es por eso que, a diferencia de la medicina clínica que opera en el nivel individual, la salud pública adopta una perspectiva basada en grupos humanos o poblaciones y, aplicando diferentes enfoques de intervención que tienen en cuenta los determinantes psicosociales de la salud, busca influir en el conjunto de la sociedad para evitar el advenimiento de la enfermedad.
En el complejo escenario actual (caracterizado por una gran desigualdad social) donde coexisten enfermedades infecciosas con otras crónicas, la salud pública tiene la gran responsabilidad de adaptar los sistemas sanitarios para abarcar el control de todas ellas, garantizando así el desarrollo pleno y sano de los individuos y las comunidades en las que éstos se insertan.
Además, para bajarnos los humos de país desarrollado que últimamente nos gastamos, no viene mal que recordemos episodios de nuestro reciente pasado migratorio que tan pronto hemos relegado al olvido: según el Instituto Español de Emigración (IEE), entre 1959 y 1973 emigraron al continente europeo un millón de españoles con un contrato de trabajo establecido entre el IEE y las autoridades de los países receptores.
Pero las cifras oficiales no recogen el fenómeno completo de la emigración. Así lo refleja José A. Garmendia en su obra La emigración española en la encrucijada. Marco general de la emigración de retorno: “muchos emigrantes salieron de España clandestinamente, bien utilizando los contactos en el extranjero de familiares y paisanos, o, en el peor de los casos, captados por redes de emigración ilegales, que les proporcionaban el transporte y les ofrecían trabajo, en muchas ocasiones engañoso. A estas cifras hay que sumar otras, imposibles de cuantificar, aunque de menor volumen, en las que se incluyen los españoles que emigraron clandestinamente y no pudieron regularizar su situación en el país receptor. Estos fueron los que peor vivieron la emigración, al entrar en un mercado de trabajo negro en el que carecían de derechos”. ¿Les suena esto?
Aunque se modificó con el tiempo, la opinión acerca de los inmigrantes españoles no fue unánime en los países receptores ya que una parte de la población temía que la afluencia de extranjeros significara una merma en sus derechos o que se diluyeran sus características nacionales. En Suiza, donde la mayoría de la población aceptaba a los inmigrantes (fue el país europeo que mayor número acogió en los años sesenta), los partidos más conservadores quisieron reducir la presencia de extranjeros hasta en tres ocasiones. Las peticiones se votaron en referéndum (1970, 1974 y 1977) y siempre fueron rechazadas, algo que la prensa de la época reflejó así: “La xenofobia se ha enfrentado con el realismo del pueblo suizo que reconoce que detrás y por debajo del miedo al extranjero y el rechazo de los emigrantes se oculta en realidad un desconocimiento total del emigrante juzgado a través de prejuicios, y, sobre todo, el miedo al cambio".
Referente a la salud y el sistema sanitario: “Pese a que en los países receptores tenían un sistema sanitario mucho mejor que el español, las malas condiciones higiénicas y alimentarias influyeron en una mayor frecuencia de enfermedades “.
A los castellanomanchegos que consideran que el hecho de extender la cobertura de la asistencia sanitaria a las personas extranjeras que residen en cualquiera de los municipios de nuestra Región supone favorecer el denominado turismo sanitario, les sugiero que lean con atención el testimonio de un emigrante español, sobre el sistema sanitario alemán, que Garmendia recoge en su libro: "Aquí todos los obreros disponemos de una seguridad social, un seguro de enfermedad que nos atiende muy bien. Tenemos, incluso, derecho a curas en sanatorios. Nos pagan el viaje si tenemos que ir al sanatorio, allí luego nos dan de comer y beber muy bien, estamos en habitaciones independientes, tenemos teléfono, las medicinas que necesitamos... Uno no está conforme con un médico y busca otro médico, le pide un volante a un médico para un especialista y se lo da enseguida. En España todo esto es muy difícil. Yo estuve allí el año pasado, tenía que hacerme una radiografía y de los catorce días que llevaba de vacaciones tardé doce en conseguir el volante".
Por si lo expuesto hasta ahora no fuera suficiente, solo me resta decir que no existen océanos lo bastante profundos ni vallas tan altas que puedan contener al hambre, la desesperación y la miseria.
Lo vemos cada día.
