Una Constitución es nada si no existe voluntad de respetar sus preceptos, empezando, lógicamente, por quienes componen el Tribunal que garantizaría que se respeten. En España se respeta tan poco la Constitución, que el propio órgano encargado de velar por ella estuvo en tris el otro día de subvertir su disposición suprema, la de que el poder emana del pueblo, que lo expresa y ejerce a través de sus representantes legítimos, los legisladores del Congreso y del Senado libremente elegidos en las urnas.
Por lo sucedido en los últimos días, y por lo que pudiera suceder a lo largo de esta semana crucial, se ve que la Constitución Española de 1978 admite ese precepto superior siempre y cuando los potentes e intocados residuos del Antiguo Régimen lo autoricen. Inspirada por la idea fundacional del turnismo de la Restauración, a lo Cánovas y Sagasta, y desarrollada por esa senda a través de un bipartidismo controlado, no parece haber resistido la contestación de la realidad política actual, más diversa, imprevisible y exigente, y, en consecuencia, menos controlada.
O dicho de otro modo: desde que el PSOE dejó de ser definitivamente el PSOE domesticado de Felipe González, y, por gobernar en coalición con un partido a su izquierda, empezó a hacer políticas de izquierda precisamente, esos residuos no tan residuales del pasado le declararon la guerra abierta donde todo vale, incluida la instrumentalización del Poder Judicial mediante el bloqueo de su adecuación a la nueva realidad del Legislativo. Y así durante cuatro años, hasta la Bomba H del otro día, cuando se pidió al Constitucional que abortara nada menos que la votación en el Congreso de la reforma en trámite de una ley para acabar con ese bloqueo ilegal.
A la hora de escribir estas líneas, no se sabe aún en qué ha quedado la reunión de urgencia del Tribunal Constitucional que la derecha obstruccionista ha colocado en una posición casi autodestructiva. Con varios de sus miembros caducados, incluido el presidente, con recursos de recusación sobre ellos, con los que referidos a la nonata ley anti-bloqueo presentaron PP y Vox en plan de convertir al Alto Tribunal en el caballo de Pavía o en el ros de Martínez Campos, ese órgano garante sobre el papel de la soberanía del Pueblo Español no sabe por dónde se anda, y olvidado, me temo, de por dónde debe andar.
