El lío montado en torno a la explotación y abuso inmisericorde y prolongado de los trabajadores interinos en nuestras Administraciones públicas es descomunal y es muy difícil aún saber las consecuencias que tendrá.
Estas consecuencias pueden ser de distinta índole: en forma de sanciones europeas; pago de indemnizaciones; atasco judicial; conflictividad laboral en un sector de trabajadores que no es ni escaso en su número ni banal en su importancia; deterioro en el funcionamiento de los servicios públicos; descrédito de los gestores, políticos, y sindicatos que han permitido y propiciado el abuso, y por ello mismo efectos electorales o de afiliación.
Por lo pronto, la permisividad de Podemos y otros agentes ante las falsas soluciones a este abuso (el último acuerdo convalida el abuso y no sanciona de forma disuasoria al infractor, la Administración) puede costarles muy caro electoralmente. Todo lo que sea permitir y dar por bueno un abuso a trabajadores suena poco progresista y va restando credibilidad a las formaciones de izquierdas que hacen poco o nada por compensar de forma justa y pragmática el daño producido.
Y es que más allá de las consecuencias múltiples con las que especulamos más arriba, deben importarnos sobre todo las consecuencias humanas de este problema.
El cuadro lamentable con el que podemos encontrarnos de aquí a poco si no hay un giro radical en la comprensión del abuso que tenemos entre manos y sus consecuencias, que pueden empeorar incluso con las soluciones falsas que hasta ahora se han propuesto, es el de no pocos trabajadores (sobre todo trabajadoras) de los servicios públicos, con gran experiencia acumulada pues han recorrido ya un largo trecho de su vida laboral en el servicio público, y bastantes de ellos en la antesala de la jubilación, abocados al paro y con su vida (y en algunos casos las de sus familias) trastocada radicalmente. Eso, no suele salir gratis.
Añádase que con las falsas soluciones que se perfilan en el horizonte, la víctima del abuso (el interino descartado y que no ve reconocidos sus derechos) será el que pague la factura del abuso, y a los infractores que lo han cometido por acción u omisión (y aquí incluyo políticos, gestores y sindicatos) les saldrá gratis o incluso puede que ganen en la jugada (¡Ay el negocio de los cursos de los sindicatos, más importante que la defensa de los trabajadores!).
En las soluciones que pretenden para dar fin de alguna forma a la tropelía, ahora sí con “urgencia”, la disuasión en forma de sanción al infractor y que evita la repetición del mal, queda muy mermada si es que aparece por algún lado. Y es que en este problema somos repetidores y reincidentes.
Ya en otras ocasiones el estancamiento en la temporalidad laboral abusiva por incompetencia o desidia de nuestros políticos, gestores y sindicatos, derivó en conflicto. Pero en esos episodios, antecedentes del actual, la dimensión del problema quizás no era tan desorbitada como ahora, y sin embargo al considerarlos situaciones extraordinarias y excepcionales se buscaron (y se encontraron) soluciones acordes también extraordinarias.
Que por cierto, no se consideró entonces que violentaran la Constitución. Ahí han quedado para la historia y para desnudar la actual hipocresía.
Claro que no todos ocultan aquello y actúan hipócritamente, pues muchos de los beneficiados -como víctimas de abuso- de aquella terapéutica extraordinaria no lo esconden (no hay motivo para hacerlo porque no fueron los causantes), y muy coherentemente y con valentía se ponen ahora del lado de las víctimas del abuso actual. Otros al contrario, habiendo siendo objeto de reparación su daño por procedimientos excepcionales en aquel entonces, parece que se les ha olvidado y ahora reivindican que el pagano del abuso sea el abusado.
Que seamos un país mal gestionado y reincidente no es culpa del trabajador, y quizás por ello lo que urge es legislar sobre las responsabilidades y sus consecuencias palpables y contables de políticos, gestores, y sindicatos, en vez de cargar el muerto (otra vez) al trabajador.
Expertos constitucionalistas dicen que ahora también hay y se deben implementar soluciones extraordinarias a este problema, que esas soluciones caben dentro del marco de la Constitución (marco que incluso queda supeditado a la normativa y jurisprudencia europea de obligado cumplimiento) y que no pasan dichas soluciones extraordinarias por la convocatoria de OPEs para las “plazas que están en fraude”, como ha quedado claro por el auto de 3 de junio del TJUE.
Así se ha expresado -entre otros- María Emilia Casas, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social en la Universidad Complutense de Madrid y “expresidenta del Tribunal Constitucional”.
Siendo esto así, e incluso con modificaciones tímidas a la falsa solución “urgente” que proponía el “Icetazo”, modificaciones que planteaban sin concretarse medidas en la dinámica de los exámenes (una dinámica de suyo injusta para los interinos añosos) o la excepcionalidad cronológica que supone el caso de los interinos que llevan más de 10 años en el puesto, en situación de abuso y sin convocarse su plaza (que los hay), los sindicatos firmantes de sendos decretazos (primero con Montoro del PP y luego con Iceta del PSOE) dicen que temen por la “seguridad jurídica”.
¿Cómo se atreven?
Los mismos sindicatos que han colaborado en el oscuro negocio de la explotación de trabajadores interinos en las Administraciones públicas, y que ante la normativa y jurisprudencia europea de obligado cumplimiento que persigue evitar el abuso han mirado para otro lado, permitiendo que el incumplimiento y el abuso de la temporalidad se perpetúe en el tiempo … Los mismos que han dado por bueno que a igual trabajo (el esforzado trabajo de los interinos, también durante la pandemia) no corresponda igual retribución … son los que ahora dicen que temen por la “seguridad jurídica” cuando se plantean salidas extraordinarias y humanas a un problema descomunal y excepcional.
Y de las tímidas correcciones que se intentaron introducir en el “Icetazo” en el último pleno del Congreso de los Diputados y aún sin concretar, al parecer la que más les preocupa (quizás porque daña su negocio de los cursos) es aquella que trasluce una reflexión mínimamente humana y pragmática sobre este asunto y busca una solución excepcional para aquellos interinos añosos (10-15-20-30 años en el puesto) que tienen muchas papeletas para ser las víctimas más dramáticas de este atropello.
¡Ver para creer!
Esperemos que al menos en Europa tengan los ojos abiertos ante este drama.
