Opinión

Interinos: una solución falsa (e ilegal)

Estos días hemos leído titulares a mayor gloria del gobierno sobre el plan para hacer fijos a 67.000 sanitarios. Pero esos titulares ocultan (o desconocen) cuál es el núcleo del problema (un abuso contra "personas" trabajadoras) y la raíz de donde arranca todo esto: el incumplimiento continuado y consciente por parte de nuestras Administraciones públicas españolas (con la colaboración necesaria de algunos sindicatos) de la legalidad y la jurisprudencia europea en el ámbito laboral, la que prohíbe la explotación y el abuso de esas "personas" (que no "plazas").

Los actores principales en esta acción que Europa condena (y sanciona) y coautores del crimen, administraciones públicas y muy señalados sindicatos, siguen sin entender (sin querer entender) que el problema que aún tenemos y el que se deriva del marco legal europeo incumplido es un abuso de las "personas" no de las "plazas". Las "plazas" no pueden ser abusadas y explotadas laboralmente, las "personas" sí. Y eso es lo que ha ocurrido en España. Y eso es lo que prohíbe y condena la legalidad europea. Y eso es lo que requiere una solución urgente y exige una reparación de las víctimas de lo que sin ninguna duda es una de las mayores estafas laborales de nuestra historia reciente. Víctimas que son "personas" y no "plazas".

La solución que ahora se implementa para las personas abusadas y explotadas durante 10, 20, o más años, es echarlas a la calle, y que entren personas nuevas, sin la experiencia y sobre todo sin los derechos consolidados de los primeros, muchos de ellos ganados por los propios interinos a lo largo de los años en los tribunales, por ejemplo el cobro de trienios, por ejemplo el cobro de carrera profesional, que la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha aún se resiste cerril a pagarles, a pesar de que sea consciente de que obrando así incumple la Ley y la jurisprudencia (ni que tuviera patente de corso y ausencia de costas en los tribunales).

Este planteamiento contra los trabajadores que han dedicado toda su vida laboral a un servicio público en condiciones de explotación y menores retribuciones, y que han combatido en primera línea (con numerosas bajas en sus filas) la pandemia, deja en muy mal lugar a un gobierno que se dice progresista, y también a los sindicatos que le hacen de coro.

Lo que subyace a la situación actual es una falta de coraje del gobierno central para dar cumplimiento a la legalidad y la jurisprudencia europea, y un atrevimiento por parte de algunos gobiernos autonómicos para incumplir no solo la legalidad europea sino la legalidad nacional recién estrenada.

La Ley 20/2021 que implementa esta falsa solución, además de ser mala e incumplir la legalidad y jurisprudencia europea, resulta a su vez incumplida en muchas comunidades autónomas que tienen por costumbre hacer de su capa un sayo. Por ejemplo, hay "plazas ocupadas con carácter temporal e ininterrumpidamente con anterioridad al 1 de enero de 2016" (verbigracia las plazas PEAC del #SESCAM de Castilla La Mancha, en plena y continuada actividad asistencial desde el año 2005) que no saldrán a concurso extraordinario de méritos (que es lo que corresponde legalmente según la citada Ley), concurso que va ser, según nos dicen, único y sin posibilidades de que se repita.

Esta Ley, aunque sea mala y contraria a la jurisprudencia europea (pues no garantiza la consolidación del personal abusado), obliga a que salgan a concurso de méritos "todas" las plazas que cumplan los requisitos mencionados más arriba. El caso de las plazas PEAC no es el único caso que cumpliendo los requisitos, se quedan fuera. Estos casos irán a los tribunales y esperemos que los jueces paralicen estos procesos hasta que se elabore un procedimiento que cumpla con la legalidad y la jurisprudencia europea. La solución es falsa y por tanto el problema persiste.

Hay quien sospecha que se actúa así, burlando la legalidad a plena luz del día, como medio para prolongar el desorden y por tanto el sufrimiento y la incertidumbre de estos profesionales. Y todo ello desde una estrategia ya apenas disimulada de deterioro de los servicios públicos que viene inspirada e impulsada desde la ultraderecha.

Evidentemente tantos rotos y elementos que no cuadran, solo puede venir de una costumbre inveterada de incumplir la Ley, no solo la europea, sino incluso la nacional.

Hay malas costumbres que es muy difícil desarraigar. En el caso de España esto ha venido favorecido por la falta de responsabilidad de los gestores de la cosa pública, que cargan las consecuencias de sus torpezas gestoras y acciones ilegales sobre las espaldas de los trabajadores y del erario público.

Y además, los trabajadores explotados suelen pagar costas en los juicios. Los gestores explotadores no. Esto no favorece la justicia ni promueve el respeto de la Ley.

En esto el gobierno progresista del PSOE sigue el mismo esquema programático de los gobiernos del PP, y en definitiva de la ultraderecha: saqueo y deterioro de los servicios públicos y explotación de su personal. Se da así continuidad a la "gran ofensiva" contra los servicios públicos puesta en marcha por el PP con motivo del "austericidio".

El mismo austericidio que después rechazó arrepentida su misma autora: la señora Merkel, jefa en aquel tiempo y superior jerárquico de Rajoy.

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