Desde luego no se puede tener respeto por la actuación personal del rey emérito en aquello que le ha acreditado como defraudador y delincuente, y esto a pesar de ser el máximo representante del Estado y el que debía dar ejemplo de valor, esfuerzo, y solidaridad a la ciudadanía en los momentos de crisis, primero económica y luego de salud (con millones de muertos).
Y es que lejos de ser la suya una actuación de carácter privado, ha sido una actuación delictiva en el ámbito de lo público y con consecuencias públicas, como lo son todas aquellas en que median comisiones (estas sí privadas) en el manejo de dineros públicos y el enriquecimiento privado vía fraude fiscal.
Qué bien nos habría venido ese dinero defraudado y robado al patrimonio público para combatir con mayor eficacia y menos muertos la COVID. O para salir con mayor prontitud y mayor equilibrio social del agujero negro creado por la estafa financiera de 2008, cuyo origen también hay que buscarlo en la corrupción anexa al neoliberalismo.
Mientras los ciudadanos tuvieron que esforzarse y resistir (muchos no resistieron y se quedaron en el camino) con todo tipo de carencias y recortes las crisis feroces que hemos atravesado y que aún no hemos superado del todo, el emérito y otros como él se mostraron egoístas, cobardes, y poco solidarios, despreciando el sentido de comunidad y el sentido de país.
No es solo que no contribuyeran con su esfuerzo fiscal a la tarea colectiva, que en las crisis de este calibre supone un desafío de supervivencia, es que mangaron el dinero público que se necesitaba para ese fin, aumentando así las posibilidades de fracaso.
Pero en cualquier caso es claro que la dimensión personal del asunto no deja de ser un indicio de la talla moral de los actores que ha quedado así retratada de forma indeleble. Lo importante y determinante de esta historia, más allá de la dimensión personal (que no privada), son las consecuencias sobre las Instituciones que estas personas representan y cuya estructura defectuosa, poco democrática, y favorecedora del delito, queda al desnudo con sus actos impunes. Desde luego se arroja luz sobre lo poco conveniente de algunas de estas instituciones dada su naturaleza arcaica.
Está claro que la monarquía como forma de Estado, por la sumisión que implica, sumisión que a estas alturas solo cabe calificar de retrógrada y antidemocrática, sumisión que se expresa en la impunidad del monarca y su desigualdad ante la Ley, solo puede favorecer la corrupción y el contagio de esta al resto de las Instituciones del Estado, posibilidad que en nuestro país se ha hecho realidad.
Queda esto reflejado en el comentario reciente de un representante de Podemos (Rafa Mayoral), uno de los pocos partidos que en este tema defiende una postura netamente democrática, en la que no están sin embargo aquellos otros partidos que han bloqueado sistemáticamente la investigación de la corrupción de la monarquía, es decir, la corrupción de nuestra jefatura del Estado. Dice Rafa Mayoral:
"En esta manera de proteger la impunidad de la monarquía se está poniendo en crisis a la Agencia Tributaria porque se acepta una regularización que no se le aceptaría a ninguna otra persona; se pone en peligro el prestigio de la fiscalía cuando se emiten decretos que no hay por donde cogerlos; se pone en peligro al Supremo cuando se archivan denuncias que tienen indicios claros de delito; y se pone en cuestión el Congreso de los Diputados cuando los letrados no nos dejan debatir sobre la estructura del Estado".
O sea, efecto contagio que hace de nuestra corrupción una endemia grave en la que el tóxico circula y se contagia desde la cúspide a los órganos principales.
Nada tiene de extraño que el PP, que ha vivido en y de la corrupción, defienda al emérito. Dados los antecedentes delictivos y el historial de este partido no cabía esperar otra cosa.
Si la corrupción de la jefatura del Estado (incontrolable por su forma monárquica) no es una bomba de racimo, se le parece mucho.
Mientras no nos liberemos de esta forma de Estado y de su sumisión indigna, no nos libraremos de la corrupción que está en el origen de casi todos nuestros problemas.
Pero quizás lo más ridículo de todo este vodevil sea esa insistencia en pedirle al emérito, en su paseíllo marinero, que dé explicaciones. ¿Pero qué explicaciones va a dar?
"Pues sí, os he robado (y no es de ahora) porque yo soy impune y vosotros tontos, que no os enteráis", en la línea del jefazo de Iberdrola, por ejemplo.
O bien:
"Pues sí, os he robado porque yo soy el rey y vosotros los súbditos", recordando lo indeleble y patético de nuestra Constitución.
Que es otra forma de explicarse que nos deja con la misma cara de tontos, y que casualmente es muy utilizada por aquellos bellacos que nos quieren siervos.
Tal que la señora Ayuso cuando disculpa al emérito diciendo aquello de que "A ver si nos habíamos creído los españoles que éramos todos iguales ante la Ley".
Lo cierto es que los que se creyeron que vivían en una democracia de verdad, sí se lo creyeron eso de que todos somos iguales ante la Ley. Quizás un error de principiantes, pero es que así viene en nuestra Constitución, al menos como adorno retórico.
Y no es el único adorno retórico, por lo que vamos viendo.
Y es que esta Constitución está pidiendo a gritos su reforma.
