Desde hace años las diferentes administraciones públicas ya fueran gobernadas por el PP, el PSOE o los Nacionalistas fueron externalizando o privatizando parte de las actividades que les eran propias, como la limpieza de los edificios públicos, la seguridad, la recogida de basuras y la limpieza viaria, el mantenimiento de parques y jardines, la ayuda a domicilio, o los servicio socio sanitarios, etc.
Las razones de estas externalizaciones hay que buscarlas esencialmente en la reducción de costes salariales frente al de los empleados públicos, ya que otros argumentos como la eficacia, la productividad… son pura falacia.
Las administraciones adjudican estos servicios a empresas privadas mediante concursos públicos.
Los diferentes convenios colectivos sectoriales negociados por CC.OO. y UGT han ido regulando temas importantes, como el que, si se produce un cambio de empresa, la nueva adjudicataria ha de subrogar a los trabajadores adscritos al servicio y respetar sus derechos laborales. Clausulas que se han ido introduciendo también en los diferentes pliegos de condiciones, aunque ha habido intentos últimamente por partes de algunos Gobiernos Autónomos y Municipales del PP de eliminarlas.
La feroz competencia entre las empresas para obtener la adjudicación les lleva a plantear, aparte de otros medios…, bajas temerarias que no cubren ni siquiera los salarios establecidos en los convenios. Una vez lograda la contrata esas empresas intentan trasladar la reducción directamente a los trabajadores mediante reducciones de plantilla, de jornada y de salarios, retrasos o impagos de estos, no cubriendo las bajas por enfermedad, vacaciones, días propios, etc. Todo ello ha venido y viene produciendo importantes conflictos laborales y ejemplos los tenemos a cientos.
Pero además afecta muy gravemente a la calidad de los servicios prestados, siendo los usuarios, los ciudadanos en definitiva, los realmente perjudicados, que además somos los que los pagamos con nuestros impuestos.
Esta situación no solo es achacable a la irresponsabilidad de las empresas que ofertan esas bajas temerarias, sino y muy especialmente a las Administraciones Publicas, que siguen estableciendo el precio como elemento central de adjudicación -un 80%, dejando sólo el 20% para valorar posibles mejoras-; al tiempo que no establecen cláusulas de penalización a las empresas incumplidoras ni impiden participar a las que tienen antecedentes por ello.
En Castilla-La Mancha, el Gobierno Barreda firmó con los sindicatos un importante acuerdo sobre las condiciones que habrían de incluirse en los pliegos que regulan los concursos, y que no eran otras que las anteriormente referidas.
Pero llegó Cospedal con sus recortes y derogó de inmediato ese Acuerdo y recortó además un 20% el montante económico de las contratas, tanto en vigor como las de los nuevos concursos. Recortes que las empresas aceptaron sin rechistar, y que intentaron trasladar a los empleos, los salarios y los derechos de los trabajadores, provocando un fuerte malestar entre los mismos. Modelo que fue seguido de inmediato por aquellos Gobiernos donde gobernaba el Partido Popular.
No es un tema baladí. Afecta a las condiciones de trabajo, los salarios y la estabilidad en el empleo de miles y miles de trabajadores, especialmente mujeres y a la calidad de los servicios prestados.
Con la llegada de Page al Gobierno se abrió la esperanza de reeditar aquel acuerdo y poner fin a esta lamentable situación; pero lo cierto es que a fecha de hoy sigue sin hacerse realidad.
Page y su Gobierno tienen una obligación: retomar aquel acuerdo sin dilación si no quiere poner en riesgo su propia credibilidad.
Los sindicatos de clase, especialmente sus Federaciones que se ven afectados muy directamente –son más de 300.000 los trabajadores afectados- como las de Construcción y Servicios, las de Administración Publica y Sanidad, tiene la obligación de tomar este problema como prioritario y exigir a los diferentes Gobiernos: Central, Autonómicos, Provinciales y Municipales un acuerdo sobre el tema que garantice el empleo, su estabilidad, sus derechos, e impidan que en los pliegos de condiciones el precio este por encima de las condiciones laborales, sociales, o de seguridad, y que regulen de una forma clara e inmediata la rescisión del contrato a la empresa adjudicataria en caso de incumplimiento; y al tiempo se realice un mapa con aquellas empresas incumplidoras y fin de ser vetadas para participar en ningún concurso mas.
Dar solución desde los sindicatos a problemas como este será el que posibilite la recuperación de la tan necesaria credibilidad de estos ante los trabajadores y la sociedad.
