Opinión

Nuevo contrato social

Disculpen que no hable de Marlaska y de la Guardia Civil, de ETA y del FRAP, de las posibles consecuencias penales de la manifestación del 8M y del endeble informe policial que recibió la instructora del caso ni de las innobles palabras de una diputada con título nobiliario al vicepresidente Iglesias o de las que este ha dirigido un día después a los representantes de Vox especulando sobre sus deseos de un golpe de Estado. Pero es que en mitad de este ruido, la OIT nos ha hecho una pequeña advertencia que requeriría de toda nuestra atención y exigiría todos nuestros esfuerzos. Según sus datos, uno de cada cinco jóvenes de todo el mundo ha dejado de trabajar desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Y quienes han tenido la fortuna de seguir con su empleo han visto reducidas sus horas de trabajo y sus correspondientes salarios en un 23%. Cerrando el zoom, el director de la OIT en España, Joaquín Nieto, ha alertado de que esta situación es especialmente sangrante en España, que ya sufría antes de la crisis sanitaria una de las tasas de desempleo juvenil más altas del mundo.

Los datos avalan esta afirmación. El año pasado, a pesar de que la tasa de desempleo juvenil se había recortado levemente, aún superaba el 30% en nuestro país cuando la mundial era inferior al 14%. Y esa inmensa cifra de desempleo era además compatible con la precariedad y temporalidad de quienes habían conseguido un empleo, muchas veces inferior respecto a la sobrecualificación del joven aspirante. Como la historia tiene la mala costumbre de repetirse, convendría recordar que la anterior crisis económica que se inició en España en 2008 ya supuso un repunte estremecedor del paro juvenil. Si en 2007 la tasa de desempleo entre los jóvenes no llegaba al 18%, en cinco años se multiplicó por tres y alcanzó el 56%, un récord histórico que da vértigo solo recordarlo.

Nuestro país hace tiempo que rompió un contrato social que permitía el relevo generacional en el mundo del trabajo, garantizaba un camino profesional relativamente estable en las empresas y, como consecuencia, una mejora de la vida de los hijos respecto a la que disfrutaron o padecieron sus padres. Esa dinámica permitió modernizar el país, cimentar el estado de bienestar y consolidar un sistema de pensiones y de cobertura al desempleo. Todo eso se ha dinamitado. Los jóvenes ahora se forman, se especializan y estudian idiomas respondiendo a los requerimientos de los nuevos tiempos. Pero hecha su tarea, se encuentran después frente a un mundo laboral que les cierra las puertas o se aprovecha de sus conocimientos, de su fuerza y de sus ganas a precio de saldo y a mayor gloria de las cuentas de resultados. Y si la estafa fuera poca, se incorporan más tarde y de manera más precaria a un mundo laboral que les irá cerrando después las puertas cuando lleguen a la frontera de los 50. Y así es imposible vivir una vida normal.

Dice la OIT que España "no se puede permitir que un elevado desempleo juvenil se instale de manera estructural" tras la pandemia. Y reclama respuestas políticas "urgentes, concretas y a gran escala" para evitarlo. No necesitaríamos que nos conminaran a hacerlo. Pero si no lo hacemos, nadie necesitará en un futuro reclamar informes a la Guardia Civil para investigar si alguien desatendió las evidentes señales de alarma sin tomar las medidas oportunas.

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