Estamos a mediados de octubre y seguimos siendo gobernados con unos Presupuestos de 2018 que se aprobaron siete meses tarde y que Pedro Sánchez rechazó tajantemente. Y no sabemos si el Gobierno va a ser capaz de presentarlos ahora unos nuevos y quiénes le van a apoyar. Las opciones son dos: el bloque de la investidura, con ERC o Cs. Los resultados no serán los mismos en uno u otro caso. En todo caso, el PNV y/o ERC cobrarán su parte, y hasta Teruel Existe sacará tajada.
Sabemos que el techo de gasto va a convertir las cuentas del Estado en las más expansivas de la historia, un 53% más de gasto contando con 27.000 millones de Bruselas, pero no sabemos qué ingresos vamos a tener, lo cual parece no importar. Ni las cotizaciones empresariales ni el impuesto de sociedades ni el IVA ni otros impuestos van a crecer, pero sí lo harán el gasto en desempleo o pensiones. Tampoco nadie parece haber echado cuentas de lo que va a suponer la caída del empleo, una vez que se acaben los ERTE, que nos van a costar, como mínimo el doble de lo que nos ha prestado Europa. Y que hay que devolver. El Gobierno mandará el jueves sus previsiones a Europa, pero es posible que Bruselas pida más concreciones y propuestas concretas de reformas. No parece que el Gobierno las timpenga y, sobre todo, que las tenga cuantificadas ni tampoco que las haya consensuado con los sectores afectados. El presidente Sánchez ha anunciado que se crearán 800.000 puestos de trabajo en tres años pero no ha dicho que va a pasar con el empleo y las nóminas de esos 1,4 millones de trabajadores cuyos sueldos paga todavía el Estado por causa de la pandemia. El cuadro macroeconómico del Gobierno prevé un mayor déficit del estimado hace dos o tres meses, ya muy elevado, y la presidenta de la AIReF acaba de decir que no pagaremos la deuda pública antes de 2050.
No me gusta ser agorero, pero en la calle es donde se nota de verdad lo que está pasando. En las de toda España, donde los autónomos están más cerca cada día de tener que tirar la toalla y donde el Ingreso Mínimo Vital no llega a los que lo necesitan porque la burocracia no es capaz de activar todas las solicitudes.
Es tiempo de soluciones compartidas, de escuchar a los que saben y a los que se están jugando la vida y el futuro, de acuerdos sociales, de hombres de Estado, de una cierta grandeza. Si el Gobierno se cree que ellos solos pueden sacar adelante al país, se equivoca. La salud y la economía son los dos grandes problemas de esta hora. No se puede primar uno sobre otro. No se puede acabar sano, pero en quiebra. No podemos hacer un país de subsidiados. Ni es bueno ni hay dinero. Queda tiempo para arreglarlo, pero no demasiado.
