¿Regulamos los lobbies de una vez?
Los lobbies o grupos de interés o de presión son tan antiguos como la vida misma. Siempre han existido porque siempre ha habido grupos interesados en que el poder se inclinara a determinados intereses para facilitar su acción o para impedir que los dañara. En muchos casos, los intereses ocultos y la posibilidad de corromper al que tiene el poder han determinado muchas acciones. Pero también es legítimo el derecho a participar en la construcción de políticas públicas. Desde hace tiempo se viene urgiendo en España una regulación de estos grupos, cada vez más profesionalizados, para que sus acciones no sean subterráneas sino a la luz del día y para que las Administraciones públicas sean transparentes y no caigan en la “tentación” de favorecer a unos u otros por intereses ideológicos o, simplemente, por dinero.
¿Es urgente y necesaria la regulación de los lobbies en nuestro país? Como dice Carmen Muñoz Jodar en su reciente y excelente libro “Geopolítica del Lobby” (Círculo Rojo, 2025), “para poder regular una actividad compleja, y casi todas lo son ahora, hay que entender mínimamente esa realidad y la brecha de conocimiento entre los legisladores y la nueva realidad sólo hace que ampliarse”. Por eso salen como salen algunas leyes y producen efectos perniciosos y cae significativamente la calidad legislativa. Más aún, como también señala Muñoz Jodar en un relato inteligente de nuestra situación polìtica, el debilitamiento de las instituciones lleva paso a paso a la ingobernabilidad, a la incapacidad para aprobar leyes básicas y a la obsolescencia regulatoria, a la corrupción sistemática de las normas constitucionales, a la arbitrariedad de los procesos políticos, a la imposibilidad de transformaciones estructurales necesarias, a debates falsos, impostados o superficiales y todo ello conduce a la desconfianza de todos en las instituciones, con el riesgo que ello implica para la democracia y el Estado de Derecho.
Los lobbies de políticos reconvertidos en conseguidores son muy anteriores al actual intento de profesionalización y regulación de lo que ha venido en denominarse asuntos públicos. La tentación de pasar del poder a influir en el poder gracias a las relaciones establecidas es difícil de vencer. En sus días, Julio Feo y Pilar Miró, entre otros, fundaron Comunicación 2000, que era eso, un grupo de intereses. Luego Carlos Solchaga, tras dejar el Gobierno de Felipe González, y Aureliano Recio fueron en la misma dirección. Estos días hablamos, y casi siempre con reservas, de Acento y José Blanco, de Equipo Económico y Cristóbal Montoro, de Zaño y Gaspar Zarrías, el todopoderoso en la Andalucía socialista.
En el Parlamento está desde febrero el proyecto de ley de “transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés”. No es la primera vez que se intenta regular y ya veremos si es la última, porque la debilidad del Gobierno y las cada vez mayores dificultades para aprobar leyes, aunque sean necesarias, puede hacer fracasar de nuevo esta imprescindible regulación para hacer transparente la actividad de los grupos de interés y, sobre todo de la Administración.
Por eso es preciso regular los lobbies con urgencia en España como ya se ha hecho en Europa, Reino Unido, Canadá o Estados Unidos. El proyecto que está en el Parlamento es deficiente. Como ha denunciado Civio, deja el control y la fiscalización de las interacciones entre la Administración y los lobistas en manos del propio Gobierno y no de un poder independiente real, no obliga a los lobistas a detallar que normas intentan influir, el régimen sancionador es débil, permite hasta seis reuniones sin registrar al año, no penaliza la reincidencia ni la ocultación de los documentos entregados y deja fuera a actores clave. La APRI, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales, ha pedido la creación de un registro obligatorio de lobbies, la publicación de las agendas de los diputados, la huella legislativa, transparencia e igualdad de acceso y normas claras para prevenir conflictos de intereses. Eso y una regulación clara de las puertas giratorias es absolutamente necesario. Ahora más que nunca.
Como dice Carmen Muñoz Jodar “no hay democracia sana, equilibrada y estable sin interacción entre el Estado y los grupos de interés”. Una interacción legítima, necesaria, ética y transparente. Cuando no existe una regulación clara, hay vía libre para esquivar el juego limpio o para la aparición de los “lobbies” perniciosos y sin reglas de los Ábalos-Koldo-Cerdán o el personalísimo de José Luis Rodríguez Zapatero, el más opaco, poderoso e influyente.