¿Cómo se va a exigir consenso en la reforma de la educación en España cuando no se consigue en la lucha contra el covid, cuyos efectos son inmediatos? La educación no mata, pero sus efectos son trascendentales en el medio plazo.
La mala educación en España fue responsable de nuestro atraso histórico y la Ley General de Educación de 1970, de Villar Palasí y Ricardo Diez Hochleitner inició un cambio imprescindible. Luego, la Constitución y las distintas leyes educativas trajeron la extensión de la educación obligatoria y universal.
La creación de la escuela concertada por otro Gobierno socialista fue un momento clave para garantizar esa educación universal y, también, la libertad de enseñanza. Desde entonces hemos tenido ocho o nueve leyes de educación, la mayoría socialistas, porque las de los populares apenas se han podido aplicar, y el resultado es que cada una ha sido peor que la anterior.
Si a eso le sumamos que primero se hicieron las transferencias educativas a las comunidades autónomas y luego se creó la Alta Inspección del Estado, sin medios y sin mucho interés de que funcionara, ahí tienen algunas razones por las que nuestro fracaso escolar haya duplicado siempre el de la escuela europea y que cada autonomía haga y deshaga como quiera, en algunos casos bordeando el ridículo y en otros utilizando la escuela para el adoctrinamiento político.
Tenemos un mal sistema educativo, a pesar del esfuerzo de la mayoría de los profesores -también excepcionales en la pandemia- y ahora otra nueva ley, la LOMLOE o Ley Celáa, promete ahondar en el caos y en la falta de unidad del sistema educativo. Y ya se ha visto lo que ha pasado con el sistema sanitario: cada uno hace lo que le parece y los ciudadanos sufrimos las consecuencias y la desigualdad.
Esta ley, que ahora se debate en el Congreso por el procedimiento de urgencia, se ha tramitado, sin necesidad, en plena pandemia, ha hurtado el debate a la comunidad educativa -ni padres ni profesores ni personal docente ni titulares de centros ni estudiantes han sido consultados, lo que no había sucedido nunca- y está saliendo adelante con los votos del PSOE, Podemos, ERC, Bildu y el PNV. Más de mil enmiendas se pueden sustanciar en pocos días. Y ya saben lo que va a traer: el castellano dejará de ser lengua vehicular, los alumnos podrán aprobar cursos y hasta obtener títulos con una canasta de suspensos y las autonomías tendrán mayor libertad para fijar los currículos escolares: es decir más contenidos locales y menos generalistas. Y otros desatinos.
Al mismo tiempo que Sánchez iba a Roma a hacerse la foto con el Papa Francisco, daba el ok a esta ley que es, además, el mayor ataque y casi la sentencia de muerte contra la escuela concertada -en buena medida sostenida por instituciones religiosas- a la que penaliza excluyéndola de las ayudas, reduciendo al límite la libertad de elección de centro y la demanda social, promoviendo más plazas públicas -cuyo sostenimiento cuesta el doble que las de la concertada sin incluir la construcción y el mantenimiento de los centros- dificultando su supervivencia, hasta que sea posible acabar formalmente con ella.
Sin diálogo, sin razones y hasta prohibiendo que se manifieste ante el Congreso de los Diputados. Este Gobierno, que se niega falazmente a bajar el IVA de las mascarillas, ya trató de subir el IVA a la enseñanza y a la sanidad privadas al 21 por ciento. Se creen que el Estado tiene el monopolio de la educación y quien define qué valores se deben enseñar, al margen de las familias y de la comunidad educativa. El artículo 27 de la Constitución consagra la libertad de enseñanza. Y eso es algo que, en manos del PSOE actual, pero sobre todo en las de Podemos, ERC, Bildu y hasta del PNV, hoy vuelve a estar en peligro. Una amenaza para las próximas generaciones, tan grave, al menos, como la de la covid.
