Abusos: sectarismo y mentiras
Cualquier abuso, sexual o de poder, es condenable. Si es a un menor, infinitamente más. Y si se produce en el seno de la Iglesia y por sacerdotes o religiosos, no debería haber perdón. El Gobierno y la Conferencia Episcopal han firmado un acuerdo para que quienes no se fían de la vía abierta por la Iglesia, el Plan PRIVA, puedan acudir al Defensor del Pueblo. Es una vía nueva, complementaria, no excluyente. El objetivo es el mismo: que las víctimas de aquellos casos de abusos que hayan prescrito por la razón que sea, y no se fíen de la vía abierta por la Iglesia, puedan pedir una compensación económica que pagarán las diócesis y las congregaciones afectadas.
El ministro Bolaños se apresuró a vender "un acuerdo histórico" y que "la indemnización la fija el Estado y la Iglesia paga". El presidente del Gobierno se ha reunido rápidamente con algunas asociaciones de víctimas, las más reticentes a la Iglesia, para apuntarse el tanto. "Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse", les dijo. Y tiene toda la razón. Un medio de comunicación, especialmente activo en la denuncia de casos de abusos en la Iglesia describe la firma señalando que el presidente de la Conferencia Episcopal "se inclinaba" sobre una mesa de mármol para firmar ¿la rendición? Los otros dos firmantes no se inclinaban, simplemente "rubricaban el acuerdo". La Iglesia cargará con su responsabilidad para siempre. ¿Sólo ella?
El acuerdo es positivo. Pero encierra muchas trampas y mentiras, como es habitual en este Gobierno. Desde hace año y medio la Iglesia, que en un principio trató de minimizar el problema y mirar para otro lado, ha pagado ya, a través del Plan PRIVA, dos millones de euros a cerca de cien víctimas que han acudido a ese canal. Y sigue analizando otros casos. Esa vía sigue abierta. Diversas congregaciones religiosas también han asumido por su cuenta otras indemnizaciones a víctimas. En ese año y medio el Gobierno no ha hecho nada.
El Defensor del Pueblo fijará las futuras indemnizaciones de los casos que le lleguen por esta vía complementaria -ya veremos cuantos acuden a ella- con los mismos baremos que aplica la Iglesia, no con otros. Y la Iglesia será consultada para su ratificación. En su día, el Defensor propuso la creación de un fondo estatal, con el que la Iglesia debería colaborar aportando recursos, en los casos en que no fuera posible denunciar penalmente. Nunca se ha creado y sólo la Iglesia está poniendo el dinero de las indemnizaciones, que están entre las más altas que se han pagado en otros países. "El Estado no abonará ni un céntimo", ha dicho Bolaños. El dinero público está para "otros casos" más rentables.
Los abusos en el seno de la Iglesia, con ser de extrema gravedad, sólo representan un porcentaje mínimo del total. La inmensa mayoría se han producido y se siguen produciendo en las familias, en centros deportivos o en colegios públicos. El Gobierno se comprometió a que otros sectores de la vida pública donde habían acontecido los abusos puedan ofrecer una reparación integral. No ha hecho nada ni tiene previsto hacerlo. Sólo le preocupan los abusos en el seno de la Iglesia Católica. Estos "rentan" mucho más.
El Vaticano, contra lo que venden el Gobierno y los medios que lo respaldan, ha afirmado que "no hemos impuesto nada" y han respaldado públicamente a lo que están haciendo ahora los obispos españoles.
La Iglesia ha asumido su responsabilidad, aunque tarde, reconociendo sus culpas, acercándose a las víctimas, acompañándolas e indemnizándolas. El Plan Repara de la diócesis de Madrid es ejemplar en este sentido. Pero ¿qué otra institución en España asume delitos que ya han prescrito? A la Iglesia le toca acompañar y pagar, "abrir las puertas a las víctimas" para sanar sus heridas, como ha reiterado el Papa León XIV. Curar, reparar y bendecir. El Gobierno se puede poner las medallas que quiera, nadie lo hace mejor cuando se trata de practicar la mentira, la manipulación o el sectarismo, pero no deberían ser tan falsas como esta.