Opinión

Primeras reflexiones sobre la nueva PAC

Parece mentira que, dos años después de la puesta en marcha de la PAC, ya estemos hablando de la reforma para su aplicación a partir de 2021. Es cierto que lo que se ha denominado como “simplificación” de la PAC actual, ya cerrada a falta de la opinión del Parlamento Europeo, ha vuelto a abrir el debate.

En primer lugar, para enfocar de manera adecuada el asunto tenemos que introducir el análisis de la simplificación anunciada. Lo que podría haber sido una reforma de la PAC a medio plazo (lo que en terminología comunitaria se conoce como “mid term review“) se ha quedado en una teórica simplificación. Y quizá, lo único de esta “simplificación” que afecta al corazón de la PAC en vigor -en su aplicación en España- ha sido la flexibilización -todavía más- del término “agricultor activo”. Hay que recordar que en esta reforma, uno de los pequeños avances fue condicionar, aunque tímidamente, la posibilidad de recibir ayudas directas de la PAC a la condición de que al menos el 20 por ciento de los ingresos agrarios de los agricultores procediera de la venta de sus productos, limitando al 80 por ciento, el porcentaje máximo de las ayudas de la PAC sobre la renta agraria.

Pero la aprobación de la aplicación de la reforma en España matizó esta cuestión, más suavizada ahora, permitiendo a todos los potenciales beneficiarios no cumplir con el criterio del 20 por ciento mencionado. Aunque, es cierto, serán controlados con más detenimiento, no es buena señal, sinceramente. Marca una línea que complicará aún más la explicación a los consumidores de la necesidad de la política agraria y la justificación de estas ayudas.

También es necesario analizar, aunque sea brevemente, cómo se ha aplicado la PAC estos dos años. Una de las consecuencias de esta reforma, constatable ya a estas alturas, es que España se ha distanciado en su aplicación de la mayor parte de los Estados miembros. El alto grado de subsidiariedad -hacia los Estados miembros- y la decisión española de no apartarse de los rendimientos históricos -el resto de Estados miembros sí lo han hecho- hace que España afronte con mayor dificultad una reforma que, de una vez por todas, debe abandonar la referencia de los rendimientos históricos de los años 90 del siglo pasado para calcular las ayudas.

Además, los límites a la convergencia -en España, frente a una mayoría de Estados miembros que sí la han aplicado al 100 por cien-, también han impedido que en esta reforma todos los agricultores europeos -y a nivel de Estado miembro- cobren la misma ayuda por hectárea, uno de los objetivos preeliminares de la Comisión Europea al plantear esta reforma. Es cierto que, a nivel español, se ha conseguido que no haya trasvases de fondos entre comunidades autónomas -uno de los objetivos prioritarios del Ministerio de Agricultura en tiempos de Arias Cañete- y que estos trasvases de ayudas sean de poca cuantía entre la mayoría de agricultores pero a costa de renunciar a los principios básicos de la reforma que sí adoptaron la mayor parte de los Estados miembros. Además, como hemos analizado en este blog desde el mismo día del acuerdo financiero, la PAC ha sufrido un recorte respecto al período anterior que se está notando ya todos los años en los pagos directos.

La aplicación de la reforma también ha puesto de manifiesto la insuficiencia de los instrumentos de mercado para hacer frente a crisis, como la que ha vivido el sector lácteo tras la desaparición de las cuotas. La apuesta por instrumentos de autorregulacion sectoriales -organizaciones de productores e interprofesionales- es buena pero insuficiente y requiere de mejoras urgentes para evitar vaivenes en los mercados de productos sin regulación, que afecten a la renta de los agricultores y ganaderos europeos, haciendo que su actividad no sea rentable.

También, para poder empezar el debate sobre la PAC a partir de 2021, hay que poner encima de la mesa algunos condicionantes. El más importante de ellos, la salida del Reino Unido de la Unión Europea que se producirá, según parece, antes de lo previsto con la inmediata consecuencia de la disminución del presupuesto europeo, es decir, el marco financiero para el periodo 2021-2027. Y es evidente que todas las políticas tendrán dificultades, pero la PAC se deberá pelear -tarea fundamental de los ministros de Agricultura y del sector agrario- para mantener un nivel de gasto parecido al del periodo actual. Esto solo será posible si desde el sector y las Administraciones agrarias somos capaces de hacer entender a los ciudadanos que la PAC es una política dirigida a los consumidores.

Esta cuestión es una de las tres que, desde mi punto de vista, constituyen de forma muy resumida en esta primera entrada sobre la reforma de la PAC más allá de 2020, los pilares de la futura PAC:

1. La PAC, una política ‘de’ y ‘para’ los consumidores. Los destinatarios de los fondos públicos de esta política son, en realidad, los consumidores. Son ellos, nosotros, quienes nos beneficiamos de la seguridad y calidad alimentaria, del medio ambiente y del territorio rural. Los agricultores y ganaderos son el vehículo imprescindible para lograr todos los objetivos que plantean los consumidores. Con estas razones hemos de ser capaces de concienciar a la ciudadanía de la conveniencia -prioritaria- de que una parte de sus impuestos se destinen a esta política que, de una u otra forma, compensa la renta de los agricultores y ganaderos, por todo aquello que ofrecen a la sociedad y que, como consumidores, no pagamos de forma directa en los supermercados.

2. Un nuevo modelo de ayudas directas. Es preciso abandonar las referencias históricas y caminar de manera clara a un modelo de convergencia, con el objetivo último de lograr una misma ayuda por hectárea a nivel de la Unión Europea. Es preciso garantizar una renta mínima a todos los agricultores europeos y se hará necesario avanzar hacia mutualidades o seguros de garantía de renta. Parece que las ideas preliminares de la Comisión Europea van por este camino. Y, esencial, debemos destinar los recursos públicos a los agricultores profesionales, aquellos que crean riqueza en la agricultura y cuyos ingresos provienen de la actividad agraria.

3. Una nueva visión de las políticas de mercado, profundizando en la definición y funciones de las ‘organizaciones de productores’ y organizaciones interprofesionales, ampliándolas a todos los sectores, dándoles mayor capacidad de negociación para vertebrar la cadena agroalimentaria y dotándolas de verdaderos instrumentos para hacer frente a las situaciones críticas en los mercados.

Esta entrada es una primera aproximación al debate. En las próximas semanas se abre el periodo de participacion pública abierto por la Comisión Europea, en el que cualquier ciudadano puede opinar sobre la PAC y, para este otoño, la Comision pondrá encima de la mesa sus primeras ideas. Es momento de participar, de hacer propuestas y de definir la posición política de los Estados miembros y de las comunidades autónomas sobre la PAC. En Castilla-La Mancha hemos iniciado ya el debate que debe comenzar también a nivel nacional. Aunque el proceso sea largo, debemos adelantarnos y no ir detrás de la posición de otros Estados miembros.

Merece la pena, ¡nos va mucho en ello!

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