Créame, de veras: no se trata de hacer un titular para una crónica contra el Gobierno. Pero lo lamento: es que se ve venir una nueva rectificación apresurada tras una decisión apresurada: las idas y venidas de la desescalada con los niños, los plazos del salario vital básico, los ertes y su extensión, los porcentajes para abrir bares y restaurantes... han sido muchas las marchas atrás en estas semanas confinadas. Y sinceramente lo comprendo. Vivimos situaciones impensadas, inéditas, combatimos contra un enemigo mucho más astuto que nosotros, al que no vemos en un campo de batalla que es global. Eso justifica cambios de opinión, que a veces ya se sabe que son cosa de sabios. Sin embargo, no puedo librarme de la sensación de que estamos instalados en una cierta improvisación sorda. Y ahora creo que viene un viraje más. Y de calado.
Porque me temo que improvisación, y gorda, fue la de publicar casi con nocturnidad en el Boletín Oficial del Estado que España impondrá una severa cuarentena a cualquier persona que venga de fuera. Un mensaje al mundo mundial de que el nuestro es un país al que sigue siendo inseguro venir. Gran favor, pardiez, al turismo, la primera industria nacional. Entonces, se preguntan muchos ¿no sirven para nada esos tests casi instantáneos que dicen que son básicos a la hora de programar la desescalada? Se me ocurre que, por el contrario, España podría vender incluso como un favor a sus visitantes la realización a todos ellos de esos tests, que serían una gran inversión en favor del fomento de ese turismo en unos momentos en los que vive una situación agónica. Y olvidarnos de cuarentenas, lanzando la idea de que España es, quiere ser, está siendo, un país que busca garantizar la seguridad posible, no el cierre de todo de forma prolongada.
Nada de esto escuché, por cierto, ni por parte del Gobierno ni, lo que es más grave, por parte de la oposición, en el debate parlamentario, sesión de control al Ejecutivo incluida, de este miércoles. Y es que el Gobierno cuenta con el BOE, que le permite publicar decisiones -precipitadas tantas veces- con apenas unas horas de antelación a su entrada en vigor, y el Congreso, en cambio, tiene un reglamento que se ha quedado antiguo, y que exige publicar las preguntas en la sesión de control dos días antes. Es uno más de los muchos cambios que habrían de introducirse en nuestra arquitectura democrática.
Pero, en fin, comprendo que este sería objeto de otro debate. Lo importante ahora sería, pienso, sacar la pata que, sin duda con la mejor intención de protegernos, se ha metido, han metido. Como viene ocurriendo, es todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Sin consultar a los sectores afectados. Exigiendo una prolongación del estado de alarma pero no para gestionarlo de manera diferente, sin personalismos, con diálogo, sino para seguir como hasta ahora: ordeno, decido y mando. Fiat, hágase, aunque sea manu militari.
¿Cómo se explica que España no haya creado un comité de asesoramiento en la cumbre sobre cómo gestionar parcelas del futuro inmediato tan importantes como la sanitaria, la informativa, la cultural, la judicial y, claro, la económica? Algo semejante a lo que han hecho los italianos, por ejemplo, poniendo al frente de tal comité a uno de los grandes representantes de una multinacional de las telecomunicaciones. Este país nuestro cuenta con grandes hombres de empresa, banqueros, sindicalistas, comunicadores, médicos, técnicos, para integrar esa suerte de comisión senatorial -alejada, claro, de una institución moribunda como es el Senado y con funcionamiento transparente, como no es el caso del comité asesor técnico que dicen que hay- , que podría trabajar auxiliado por el Consejo de Estado. Otra institución, dicho sea de paso, que permanece olvidada en el ángulo oscuro de algún salón de la época becqueriana.
Tendrán que rectificar, y opino que acertarán cuando rectifiquen. Y, por cierto, he de insistir: de todo esto, en la sesión parlamentaria de este miércoles, el acto político más importante de la semana, nada.
