Cuando, este lunes, se produzca la tradicional sesión solemne de apertura del año judicial estaremos asistiendo a una ceremonia de la confusión más, propia de esta absurda nueva (a)normalidad que nos abruma. Las estrellas de la sesión protocolaria de togas, puñetas y condecoraciones, presidida por el Rey, serán el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y la fiscal general, Dolores Delgado, que hará pública la Memoria de la Fiscalía correspondiente al pasado año. Que el primero haya sobrepasado su mandato legal en casi dos años y que la segunda, ex ministra de Justicia, fuese designada por Pedro Sánchez el pasado 26 de febrero en medio de la mayor polémica que se recuerda en torno a este cargo da idea del ambiente que anima esta cumbre, siempre tan formal, del tercer poder del Estado.
El caos que se avecina en los juzgados ante la avalancha de demandas y querellas derivadas de la pandemia, la imposibilidad de que los dos principales partidos se entiendan para renovar el poder judicial como ordena la Constitución, los muy sonados y sonoros casos en los que se quiere involucrar a respetados jueces en la pugna política, desde el que afecta a Juan Carlos I hasta los que salpican a Podemos, las inminentes comparecencias de personajes relacionados con estos casos estrella (Corinna Larsen, el abogado Calvente), hacen que, una vez más, la apertura del Año Judicial no sea algo rutinario.
El barullo togado ya ocurría el año pasado y el anterior, tras los sucesos de 2017 y el juicio a los responsables del procés, presidido acertadamente por Manuel Marchena, el hombre que se negó a participar en oscuras maniobras que le hubiesen llevado a la presidencia del Supremo y sobre quien acaba de aparecer ahora una interesante biografía de la periodista Ramírez de Ganuza. Pero este año amenaza con ser judicialmente aún peor, como, por otro lado, ocurre en tantos otros aspectos de nuestras vidas.
Ahí están, para unir más cosas a la lista, los intentos de Lesmes -que permanece en el cargo tras haber pedido a los partidos políticos que faciliten la renovación del CGPJ- de nombrar decisivos puestos en la Judicatura, como las presidencias de las Salas III, IV y V del Supremo o la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; una pretensión a la que se oponen asociaciones de fiscales y de jueces por entender que el mandato de Lesmes y su equipo hace ya tiempo que está caducado y se mantiene solo por la incapacidad de los políticos de llegar a un acuerdo.
En resumen, la jornada de este lunes hará patente la debilidad de un Poder, el Judicial, que debería estar ordenando, y solamente a medias puede hacerlo, importantes conflictos de la vida política española, entre ellos el que afecta al problema del secesionismo catalán, terreno en el que nuestra justicia ha recibido importantes varapalos de los tribunales europeos. Y es que, como eminentes juristas han resaltado, en España faltan leyes adecuadas para defender al propio Estado, y, ante la inacción de Ejecutivo y Legislativo para llenar este hueco, los jueces se encuentran no pocas veces con las manos atadas. ¿Cómo, por ejemplo, no pensar que una decisión judicial podría detener la celebración más o menos masiva este jueves de esa Diada, tan peligrosa en tiempos de pandemia? Claro, pero ¿quién, qué magistrado, sería capaz, en estos momentos de confusión, fanatismo y locura, de poner el cascabel al gato, cuando las acusaciones gratuitas (a veces) de servidumbre partidaria se lanzan contra los jueces como balas contra la independencia judicial? Pues esta es la radiografía del sector: si Montesquieu levantara la cabeza...
