Los miedos traídos por la hecatombe que está provocando la gripe china -llevamos ya cerca de 30.000 fallecidos- están dejando en un segundo plano algunas cuestiones que por su significado nos advierten de las intenciones de algunos políticos que conocedores del clima de especial vulnerabilidad de la opinión pública aprovechan para inocular su agenda ideológica.
Es el caso de Pablo Iglesias, a la sazón vicepresidente segundo del Gobierno. Un personaje que pese a las restricciones impuestas por la pandemia se diría que vive en los platós de la televisión y raro es el día en el que no aprovecha el púlpito catódico para dar lecciones al personal.
El pasado 14 de abril, en ocasión del aniversario de la proclamación de la II República se lamentaba de que tuviéramos a un jefe del Estado vestido con uniforme militar porque -decía- es un representante del pueblo. Olvida Iglesias que la Monarquía fue aceptada por más del 87% de los votantes cuando fue refrendada la Constitución en 1978. Iglesias que, hablando de la II República, cada día recuerda más al Alejandro Lerroux de los primeros tiempos, también parece haber olvidado que forma parte de un Gobierno que como poder del Estado está obligado a respetar a los restantes poderes del Reino.
Esta semana tras hacerse pública una sentencia judicial que condena a Isabel Serra, diputada regional de Podemos, a 19 meses de prisión por agresiones a agentes de la Policía Municipal de Madrid, en un sorprendente desahogo impropio de su actual encomienda Iglesias llegó a decir que: "En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso". Ante semejante derrape en un comunicado durísimo, el Consejo General del Poder Judicial: "Expresa su profundo malestar respecto de unas declaraciones en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serían impunes a la acción de la justicia. Estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales". No hay precedentes de un comunicado en estos términos. A la vista de los ataques de Iglesias cabía esperar que Pedro Sánchez hubiera desautorizado a su vicepresidente. Pero eso no ha sucedido. Está claro quién tiene en sus manos la llave de La Moncloa. Quién manda, es Iglesias. Tengo para mí que la situación no deja de ser inquietante.
