sábado 17/4/21

Del Constitucional y su necesaria reforma

En estos días hemos sabido que el presidente del Constitucional, sr. Pérez de los Cobos, propuesto para ello por el Gobierno, ha militado en el Partido Popular mientras ejercía las funciones propias del cargo. Es cierto que su cuestación como militante no es gran cosa: rondaba los tres euros mensuales. Una aportación económica que no va a subvencionar al partido, pero que dice mucho de la persona que los aporta: tanto como que “milita” en sus ideas y, por tanto, defiende sus propuestas políticas

En estos días hemos sabido que el presidente del Constitucional, sr. Pérez de los Cobos, propuesto para ello por el Gobierno, ha militado en el Partido Popular mientras ejercía las funciones propias del cargo. Es cierto que su cuestación como militante no es gran cosa: rondaba los tres euros mensuales. Una aportación económica que no va a subvencionar al partido, pero que dice mucho de la persona que los aporta: tanto como que “milita” en sus ideas y, por tanto, defiende sus propuestas políticas.

Efectivamente, ni está ni debe estar penalizado pertenecer a un partido político: ellos son los cauces que la Constitución prevé para que los ciudadanos se incorporen a la vida pública. Poseemos el derecho, si nos place, de pertenecer y vincularnos en mayor o menor medida en la defensa de las propuestas de cualquiera de ellos, o de ninguno. Desde el fontanero al médico, pasando por el maestro o el militar, todos tenemos una interpretación para los problemas que nos acucia como sociedad. Interpretación más o menos cercana a una de las muchas posturas propuestas por los diferentes partidos, o entresacada de las de los unos y de las de los otros. Pero siendo todo esto legítimo, sí es cierto que a la hora de nombrar determinados cargos públicos se debería partir de la decencia moral de tener en cuenta estos pequeños datos de la biografía de una persona.

El Tribunal Constitucional es considerado como “el intérprete supremo de la Constitución”. Entre sus funciones están: vigilar que las normas que regulan nuestra convivencia no sean contrarias a los principios constitucionales, defender los derechos fundamentales, y resolver los conflictos territoriales. Evidentemente, a nadie se le escapa que el desarrollo de tales funciones tan importantes se pueden ver condicionado por las propuestas políticas que defiendan quienes forman parte del Tribunal Constitucional, y más si se trata de “militantes”.

Por otra parte, es cierto que la Constitución no señala la militancia política como una condición que anule la posibilidad de pertenecer al Tribunal Constitucional: condición que sí aplica para los jueces y, por tanto, para los miembros del Tribunal Supremo. Aquí podríamos apelar, como han hecho algunos constitucionalistas, a la diferenciación entre la Constitución escrita y la Constitución vivida. De tal manera que si literalmente la Constitución no prohíbe un nombramiento como el del actual presidente del Constitucional; sin embargo, desde la vivencia de la Constitución en estos 35 años, ese hecho se muestra como un atentado a la imparcialidad que a los miembros de dicho tribunal se le exige desde la ciudadanía.

Es más, mantener esta interpretación literal (con la que se defiende el propio sr. Pérez de los Cobos), llevaría a la propia Constitución a caer en una falacia: exigimos imparcialidad a quienes aplican la ley, para que ésta no se vea torticeramente utilizada en sus resoluciones; pero exoneramos de tal condición a quienes se encargan de enjuiciar las leyes que esos jueces deben aplicar. Una falacia que es vista por muchos constitucionalistas como la auténtica perversión del sistema.

Entiendo que es un debate interesante y que debe seguir abierto (¡no hay mal que por bien no venga!); pero considero que cualquier ciudadano percibe su argumentación como artificiosa, alejada de la realidad en la que él se desenvuelve. No digo que ese tipo de debates no deban darse por considerarlos espurios; quiero decir que, a fecha de hoy, la ciudadanía pide cada vez más ir al fondo de los problemas para encontrarles una solución definitiva.

Somos muchos quienes entendemos que a día de hoy el problema no es el de si la Constitución debe ser la leída o la vivida, o el de si lo que debe prevalecer es el espíritu de la ley o su materialidad; sino que la raíz del problema está en el aumento de la capacidad de control de las Instituciones por parte de los ciudadanos.

Si las Instituciones democráticas surgen para organizar mejor la convivencia de los ciudadanos (que son los soberanos), entonces será a ellos a quienes los encargados en cada momento de dirigir y trabajar en ellas, deban rendirles cuentas de sus acciones. Sin embargo, se ha conseguido que, a mayor nivel o altura de la Institución, más blindada esté para su control por parte de los ciudadanos.

El fondo de los problemas que estamos viviendo respecto de los dos altos Tribunales (el Supremo y el Constitucional) radican fundamentalmente en cómo son designados sus miembros. Centrándonos en el Constitucional, ¿qué pasaría si se aprobase que sus miembros fuesen elegidos en un 54% por las dos Cámaras (27% + 27%); en un 33% por el Consejo General del Poder Judicial; y en un 13% por el Gobierno? ¿Qué pasaría si, además, la elección en las Cámaras se hiciese desde los 3/5 de sus respectivos plenos?

La respuesta es que se compondría un Constitucional que representaría más equitativamente el sentir de la ciudadanía de ese momento. Y, lo más importante, que estaría sometido al control de los ciudadanos: función que en una democracia representativa es labor que recae en las Cámaras de representantes. Así evitaríamos situaciones como las vividas, porque la Institución trabajaría más para la defensa de intereses comunes, y se alejaría de oír consignas partidistas. ¿Para ello hay que modificar artículos de la Constitución? Pues pongámonos a ello, en aras de la mejora del funcionamiento de las Instituciones respecto de su control por parte de los ciudadanos.

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