Hay pocas cosas que merezcan tan poca discusión y sí aplausos como el mecanismo de pago a proveedores que el Gobierno regional, a través del Ministerio de Hacienda, ha ejecutado en este tramo final del año, devolviendo lo que es suyo a quienes pusieron su confianza en las administraciones públicas para que éstas llevaran a cabo sus políticas más sociales.
Como quien paga descansa, y quien cobra lo hace doblemente, en estas Navidades habrá muchos pequeños empresarios y autónomos que ojalá, además de la propia festividad, puedan celebrar que, gracias a esta fulgurante entrada de liquidez en sus cuentas, quizás y sólo quizás, no tengan que echar el cierre.
Ésa ha sido la suerte que han corrido hasta 150.000 pymes y autónomos en todo el país desde el inicio de la crisis, según los representantes de ATA; una morosidad pública que ha lastrado, según su presidente, Lorenzo Amor, a 800.000 personas hacia las listas del paro.
Desde quien puso un folio hasta quien abrió una empresa de economía social esperando subvenciones, lo cierto y verdad es que, ha habido miles que, no pudiendo hacer frente a sus imposiciones, al pago de salarios o sus propias deudas, han tenido que echar el telón a proyectos que de una u otra manera redundaban en beneficio de la colectividad.
Aunque a veces poco expresivo y ojiplático, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní ha encontrado, vía Estado, la manera de encajar los no pocos “bolillos” con que cuenta la contabilidad autonómica regional, poco agraciada, como tantas otras, tras tantos años sin guardar la ropa y sólo nadar.
Con Valencia (PP) y Cataluña (CiU) a la cabeza, en 2011 las comunidades autónomas elevaron su nivel de endeudamiento respecto a su PIB un 17% haciendo que la deuda de las administraciones públicas españolas, junto a la municipal y a la del Gobierno central, alcanzara la no desdeñable cifra de 734.961 millones de euros.
Estaba, sí que estaba, Castilla-La Mancha en esa excelsa clasificación -por cierto con medalla de bronce en tercera posición- y con un Gobierno de España que, siendo también del PSOE, a finales de 2010, no dejaba que nos endeudáramos más con semejante panorama.
Una cantidad inasumible -6.580 millones declarados de deuda, el 18,8% del PIB y un déficit del 7,3%- que ha provocado, en tiempos ‘populares’, la búsqueda de nuevas y ventajosas -dicen- fórmulas de financiación para los pagos aletargados que, aunque con cierto retraso, han mejorado las perspectivas de quienes se arriesguen a partir de ahora a vender una grapadora a la Junta, los consistorios o el Estado.
Un dato que hemos de sumar a la bajada del déficit hasta el 1,01% conocido esta semana y que, no deja de ser bueno, aunque se haya logrado en parte, gracias al mandoble de dos caras de la tijera regional.
Otra cosa bien diferente es lo que por esta liquidez se tenga que pagar ya que, aunque dicen que beneficiosas, habrá que abonar los créditos y, si ya escandalosa era la cifra de 2011, la deuda respecto al PIB que tenemos ahora -según los datos del segundo trimestre de 2013- roza la demencia: 10.385 millones de euros. O lo que es lo mismo, el 28,9% de su PIB, la segunda comunidad más endeudada, de nuevo sólo por detrás de Valencia.
No es de extrañar, pues, que suban los presupuestos este año porque por alguna parte habrá que empezar a pagar a los mayores proveedores, los bancos. Aunque en este caso, también nos tememos que quien herede esto en 2015, sea PP o PSOE, tendrá una buena losa que levantar.
Con tanto pago sea de proveedores, sea de deuda o de sus intereses, lo que queda para invertir es bien poquito y ahí la segadora popular, que corta a ras lo que toca, no perdona la máxima de tener primero que abonar lo que se debe, renunciando a mantener lo que dicen que es prescindible (educación, sanidad, servicios sociales) y menos aún ampliar estas políticas.
En cualquier caso, si como dicen desde La Moncloa y el Palacio de Fuensalida, estamos a 200 metros de un futurible “kilómetro cero” de la morosidad pública, a partir de ahora no quedará otra que cumplir con la Ley; y esto es que las administraciones deberán abonar a sus proveedores con un margen de 30 días y no con los 148 de media con que venían saldando sus deudas hasta ahora.
Si, como exige la Comisión Europea, ese mes de plazo se traspasa, se podrá cobrar el pago de la deuda en cualquier delegación de Hacienda a través de sistema electrónico, cargando después el pago a la administración correspondiente.
Así que no sabemos si por eso, don Arturo Romaní, ha acabado diciendo que no al 100% sino al 98% ya están cumplidos los pagos por subvenciones y transferencias a empresas del presente ejercicio 2013; no vaya a ser que juntemos las Navidades con los Reyes.
A pesar de todo y aunque sólo sea por hacer, borrón y "cuentas nuevas", bienvenido sea estar, todavía no en Sol, pero sí entre Montera y Carretas.
