El caso CCM tiende a enredarse poco a poco como el humo de un cigarrillo, extinguiendo su fantasmagórica esquela mientras da vueltas quebradas sobre sí mismo. Los continuos pases de volea que los imputados en el caso ejercitan cada vez que el juez Ruz llama a declarar a cualquiera de los miembros de las no se sabe cuántas comisiones y consejos con que contaba la extinta entidad financiera, así lo ponen de manifiesto.
Como si se tratara de una “patata caliente”, los que circulan por la Audiencia Nacional, descargan una y otra vez sus presuntas responsabilidades en el mal gobierno de la caja, sobre los mismos nombres que, en la mayoría de los casos, capitaneaban casi todos los órganos y que se encuentran imputados por presuntos delitos de administración desleal, estafa, falsedad contable y falsificación en documento mercantil: el expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó y el ex director general, Ildefonso Ortega.
Buena muestra de ello ha sido la comparecencia de esta semana de los siete miembros de la Comisión Ejecutiva que, poco más o menos, vinieron a contarle al magistrado que sus responsabilidades se limitaban a dar el “sí quiero” a todos los millonarios papelujos que hasta ellos llegaban, que eran demasiados como para prestarles atención pormenorizada, que de números entienden poco y que sus encuentros eran sólo semanales a razón de 400 euros del ala por reunión.
Si ya es grave tener a consejeros en entidades financieras semi-públicas que cobren, además de sus otros sueldos, 1.600 euros mensuales por tomar café, fumar puros y hacer ejercicios caligráficos, más grave aún es que, tras la intervención de la Caja, cuatro años después nadie quiera cargar con el muerto de los 267 millones de agujero patrimonial que causaron todos ellos y sobre el que Ruz anda buscando cabezas pensantes que guillotinar.
Federico Andrés Rodríguez Morata, Tomás Martín-Peñato Alonso, Florencio Fernández Gutiérrez, José María Fresneda, Emilio Sanz Sánchez, Carlos Jiménez Morante y José Fernando Sánchez-Bódalo, de diferente signo y credo, formaban parte de esa Comisión Ejecutiva que, como bien indica su nombre, ejecutaba lo que ahora dicen que eran ideas autorizadas por otros.
Lo cierto y verdad es que en este caso los siete dieron pábulo a las operaciones que el juez ya dijo en enero considerar "contrarias a la normativa bancaria y mercantil", aunque, al más puro estilo José Ángel Cañas con los 200.000 que firmó no haber recibido, hayan querido echar balones fuera.
El más claro y palmario, el testimonio de Emilio Sanz -presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, por la gracia de María Dolores- quien argumentó este jueves en sede judicial que dimitió de la Caja en 2009 porque sospechaba -con carácter retroactivo-, de los documentos que él también firmó entre 2007 y 2008.
Con todo, chirría muy mucho el “estatus quo” firmado en esta ocasión por PP y PSOE que, con miembros y altos cargos aún en activo en este excelso grupo, han dejado en el buen hacer de la justicia las actuaciones que se instruyen, cubriendo con el velo del silencio, no sabemos si pactado, una batalla política de primer orden.
Sociedades como Inmobiliaria Colonial, Renovalia, Kopan Cartera, T-Solar Global y Grupo Lábaro forman parte de la lista de entidades beneficiadas por los préstamos que se investigan.
Sólo hay que rascar un poco bajo esos nombres para ver surgir apellidos coincidentes relacionados con ambos partidos y amistades ancestrales entre cargos políticos -imputados o no- y entramados empresariales de variada alcurnia.
Mucho nos tememos que al final y, como casi siempre, serán los trabajadores -3.000 en el caso de la extinta CCM- quienes paguen el pato de los desmanes cometidos en la Caja, que de sus cargos actuales no dimitirá nadie y que de aquellas operaciones de ladrillo no quedará rastro ni cabeza de turco, más allá de las oficiales.
Con una entidad financiera con una Asamblea General de 150 consejeros que, en su mayor parte, venían de ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta de Comunidades, en un guirigay de partidos, organizaciones y sindicatos de toda laya, qué se podía esperar, sino una sublime capa de excusas a base de maquillaje y demagogia trasnochada.
