Hay en España un lugar común, una frase que desde hace años se pronuncia en toda clase de encuentros sociales y que, piense usted en sí mismo, también pasa por casi todas las mentes cada día que en los medios aparece, todos los días en todos los medios pues, alguna novedad sobre la corrupción patria, esa que tanto nos entretiene y deprime, mediante la que algunos, siempre demasiados, políticos, y delincuentes de su confianza, meten la mano en la caja de todos. Seguro que ya lo ha adivinado porque, además, si tal cosa se afirma nadie osa defender lo contrario. Es ese momento en el que alguien dice aquello de, vale, algunos van a la cárcel, pero nadie devuelve el dinero que ha robado. Y acto seguido otro añade que los delincuentes terminan con un gran patrimonio, que disfrutarán hasta el final de sus días, así como también sus biznietos, con lo que se confirma la manera en que nacen y se consolidan muchas de las grandes fortunas, véase March, ya para siempre intocables. Si en el grupo hay algún antifranquista sin miedo afirmará que los casi ochenta años desde que finalizó la guerra civil solo han servido para sofisticar la manera que tienen, aquellos que ocupan posiciones dominantes, de apropiarse de lo que no es suyo. Y si alguno de los presentes es lector de la letra pequeña, rematará diciendo que en España no existe el delito de enriquecimiento ilícito, pues su implantación podría ser más revolucionaria que una toma de La Moncloa y La Zarzuela al mismo tiempo, al modo de la Bastilla o el Palacio de Invierno. Así de bien tratamos a nuestros delincuentes favoritos, en contra de lo que hemos firmado en acuerdos internacionales.
Por eso resulta cuando menos sorprendente el escaso eco que, en medio del fragor del consenso general contra la corrupción, consiguen determinadas noticias, tan ciertas como felices, que confirman la recuperación para todos del dinero robado por políticos organizados desde ese poder público que las urnas, sin duda en un desvarío del electorado provocado por el exceso de publicidad de algunas candidaturas, les han concedido. Nos referiremos a dos casos concretos y vigentes.
El primero es el de la deuda del PP con Feria Valencia. Dictada sentencia condenatoria por el Juzgado de Primera Instancia número 1de Madrid, ante la que cabría recurso, el PP ha decidido cumplirla sin más excusas de mal pagador, que tal era el caso, pues se trataba de una deuda “comercial” por el congreso del partido que celebraron en 2008 y, además, no han parado de contar milongas para justificarse. Eran los más de 625.000.- € que tenían pendientes de pago. A nadie le cabe la menor duda de que, cuando transcurre tanto tiempo sin pagar lo debido, la voluntad que anima al moroso es siempre la de apropiarse definitivamente de ese dinero. Bien contento que está el nuevo alcalde, pues se ha conseguido un beneficio importante para el pueblo de Valencia que Barberá jamás hubiera ni reclamado. Unos dineros que, saliendo directamente de cualquiera de las cajas del PP, en otra circunstancia los de Rajoy habrían aprovechado para pagarse publicidad en las portadas para presumir. Importante también que hayan preferido “matar” un asunto cuya continuidad no les habría traído más que vergüenza y oprobio, más aún, que sus votantes soportan muy bien la corrupción propia, según las encuestas, pero todo tiene un límite. Menos trabajo para la Justicia, que también en Valencia tienen muchos procedimientos abiertos contra ellos mismos.
La segunda noticia viene de Mallorca, donde gracias a Castro la Justicia lleva cierta ventaja respecto de otros lugares, pues ya los del PP tuvieron que pagar más de diez mil euros tras ser condenados por delito electoral. También allí, en noviembre de 2015 y por iniciativa de los diputados de Més per Menorca y Més per Mallorca, el parlamento de Illes Balears aprobó una Proposición no de Ley sobre la financiación ilegal de la campaña electoral del PP en 2007. Se trataba de reclamar la devolución de subvenciones públicas electorales por importe de 153.322.- € porque, una vez conocidos los hechos tras las sentencias judiciales y la correspondiente resolución de la Sindicatura de Cuentas, ese importe fue pagado al PP en exceso, al haberse calculado con información que había sido falseada por sus dirigentes.
Para aplicar esa resolución parlamentaria, el pasado 21 de abril el gobierno balear inició la revisión de oficio del acto administrativo que aprobó la subvención citada de 2007. Aunque existe la prescripción penal, no es lo mismo para las decisiones administrativas. Además, y como también hay sentencia condenatoria por la financiación ilegal, se ha iniciado la revisión de las cuentas electorales del PP correspondientes a las elecciones de 2003, por lo que no se descarta que se ordene la petición de nuevas devoluciones. En estas circunstancias, el PP del archipiélago podría seguir por el camino del realismo cobarde de los valencianos y devolver de “motu propio” los más de 150.000.- € reclamados. También podrían negarse a pagar pero, en este caso, el gobierno de Balears podría retenerlo de futuras subvenciones, también electorales.
Esta decisión política del actual Gobierno Balear implica un cambio importante para un PSOE que, por sí solo, nunca se hubiera atrevido a tomar esta medida, por muchas condenas que recibiera el PP. Pero los socialistas necesitan ahora el apoyo de Unidos Podemos y de Mes. Resulta evidente la bondad de los pactos de gobierno entre varios partidos en la lucha contra la corrupción.
Por mucho que les ponga de los nervios a los del PP, por lo de debilidad que significa para quienes llevan en su ADN la marca de la “Victoria”, el autoritarismo de “prietas las filas” y los “25 años de (aquella) paz”, divulgar al máximo las noticias que anuncian recuperación de dineros robados por ese partido es un deber democrático de primer orden y la mejor forma de colaborar con una Justicia por fin valiente que avanza contra viento y marea. A pesar de que la corrupción a gran escala ha acompañado y falsificado la democracia en España, han sido muy pocas las ocasiones en las que los periodistas se han atrevido a poner en cuestión la legitimidad de los gobiernos nacidos de las sucesivas urnas. Ahora comienzan algunos, como Paula Díaz con el artículo titulado “La legalidad de 16 procesos electorales, en cuestión por las ‘cajas B’ del PP”. En este sentido, llama la atención el eco que, en cambio, sí ha tenido el trabajo de los historiadores Tardío y Villa arrojando sombras de pucherazo sobre las elecciones de febrero de 1936, las que ganó el Frente Popular. Gran número de los que relativizan la criminalidad esencial del franquismo mediante el mantra de que los republicanos no eran unos santos se han sumado a la tesis de ambos historiadores como quien se agarra a un clavo ardiendo. El tiro podría salirles por la culata, pues es probable que muchos otros, también expertos, se pongan con mayor ahínco a investigar las sentencias que van cayendo y lleguen a la conclusión, científicamente probada e irrefutable, de que el PP, desde que se llamaba AP, no ha ganado limpiamente ni las elecciones municipales del pueblo menos poblado de España.
El nuevo papel de la Justicia es decisivo pues, de hecho, sin sentencias condenatorias previas los poderes legislativo y ejecutivo no podrían actuar con fundamento, dentro de sus competencias. Precisamente en Mallorca aún se recuerda la irrisoria condena a Jaume Font, cabeza de lista de los “populares” en Sa Pobla. Convicto y confeso de haber falsificado los votos en unas elecciones municipales en los años 80, solo fue inhabilitado para cargo público durante seis meses. Hoy es líder de un partido regionalista de derechas, al abandonar el PP por discrepancias internas tras más de 20 años sin problemas en sus filas, después de aquella “condena”.
Y, a pesar de que no hay ley para castigar lo suficiente el delito de robar gobiernos mediante artimañas electorales, resulta evidente que recuperar el dinero legal que los tramposos han recibido de más resulta una acción política muy eficaz para hacer justicia, y justamente satisfactoria para tantos españoles como cada día lo piensan, desean y comentan.
