Es más que probable que cuando usted lea esto la incógnita que se pretende despejar ya la hayan resuelto, cada uno en la parte que le corresponde, el Tribunal Constitucional y M. Rajoy. Por eso no me gusta escribir al filo de las coyunturas, pero creo que estamos en verdadero peligro, y hay que dar la cara incluso exceptuándose a uno mismo. En este momento son las 16 horas y 25 minutos de un día más para la historia, este el 27 de enero de 2018, y los máximos magistrados siguen reunidos. Me llega un artículo de La Vanguardia que informa que el informe de los letrados del TC informa en contra de admitir a trámite el recurso del Gobierno contra la propuesta de Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat catalana.
Si también el Tribunal Constitucional decidiera exceptuarse a sí mismo, aunque por motivos que nada tienen que ver con los míos, y resolver contra el dictamen de sus propios letrados asesores, contra la propuesta del magistrado ponente y, por primera vez en la historia, contra el dictamen del Consejo de Estado, lo que procede aventurar aquí se resume en dos párrafos.
El primero, anunciar una grave crisis institucional, que se sumaría a la existente con las instituciones catalanas, y en beneficio exclusivo de la política a muy corto plazo del Gobierno del PP, un partido político acorralado en multitud de frentes.
El segundo, es la intuición del riesgo de que la próxima semana se puedan producir hechos consumados en el Parlament catalán, y solo M. Rajoy, Sánchez y Rivera serán responsables, por acción o como colaboradores de conveniencia, de la violencia que se produzca en Catalunya.
En cambio, si como pienso que ocurrirá, el TC optara por respetarse a sí mismo no admitiendo a trámite el recurso del Gobierno, conjurando así los peligros citados y, de paso, elevando un cortafuegos contra el incendio provocado en la Justicia para evitar que M. Rajoy se quemara un poco haciendo política con lo de Catalunya, entiendo que el gallego, que no es menos inteligente que cualquiera de nosotros, se verá obligado a aplicar el plan que quizás hasta este momento no haya desvelado más que al grupo de los más cercanos, o quizás ni a ellos.
Disolver el Congreso de los Diputados y convocar elecciones anticipadas.
Nos cuente M. Rajoy lo que nos cuente para justificar tal decisión, los beneficios inmediatos que tal medida le reportaría, frente a un futuro que oscurece desde todos los flancos cada día, serían los siguientes:
1) Lo primero, librarse personalmente de ser él quien esté al frente en los peores momentos del conflicto con Catalunya, aún por venir. Aunque le acusaran de cobarde ante Puigdemont, él sabe que gran parte del electorado comprenderá su quiebro.
2) Además, ahora mismo, y por muchos motivos, está en mejores condiciones de cumplir su promesa de volver a encabezar la candidatura del PP de lo que podría estarlo dentro de un año, por poner un ejemplo. Menudo problema que le ahorrará a su entorno más cercano si tiene que obligarles a buscar el relevo, aunque sea con un año por delante.
3) También será la única manera de parar la sangría de votantes del PP en dirección a Ciudadanos, que las encuestas incrementan cada día. Puede que tenga en su poder información privilegiada sobre lo próximo que publicará el CIS.
4) M. Rajoy trabaja paralelamente por una mayoría de derechas. Será su legado. Sabe que, también con las encuestas en la mano, en este momento se producirá una abstención importante entre el electorado de izquierdas que, por una parte, está a la baja en la urna de Podemos y confundida en la de un PSOE que viene de muchos vaivenes y cuyo líder no podrá negar su apoyo al PP en el conflicto que, a la postre, habrá provocado la convocatoria electoral. M. Rajoy no puede haber olvidado que su mayoría absoluta de 2011 se debió más a los votos que perdió el PSOE, y que no fueron a ningún partido, que el exiguo medio millón que ganó el PP.
5) Además, creará un cierto “impasse” en la situación política general, similar al periodo de gobierno en funciones que desde las elecciones del 20D 2015 se prolongó durante un año y cuyas limitaciones se saltó siempre que le convino y sin consecuencias. Quien lo recuerda?
6) Sí recordamos en cambio que la mayoría republicana derivada de las anteriores elecciones catalanas, las de septiembre de 2015, no consiguió dar ni un paso efectivo hacia su objetivo hasta el 1 de octubre de 2017. Por eso podemos concluir que los periodos de transición a nivel estatal no favorecen precisamente los avances del “procés”. Es lógico. En la coyuntura actual un gobierno solo funcional e irresponsable, tanto en cuanto a las consecuencias jurídicas de sus actos como en la lógica mental que rige en cada uno de sus miembros, significaría una amenaza evidente de intervención violenta del Estado en Catalunya, y con la ventaja de no haber levantado el 155.
7) Termino de escribir a contra reloj para que los acontecimientos, casi sucesos, no envíen esto a la “Papelera de reciclaje”. No podemos despreciar que una ventaja importante de la anticipación electoral es que podría asegurar la victoria en Catalunya del bloque por la permanencia en España, formado por Ciudadanos + PSOE + PP + Podemos, por lo demás un resultado habitual de las generales en Catalunya, lo que serviría como argumento contra la victoria de JCat + ERC + CUP en las autonómicas del 21D. Además, colocaría a estos mismos partidos ante la tesitura de participar en un proceso electoral evidentemente incómodo para ellos.
Suficientes motivos que explicarían una decisión de un M. Rajoy a la desesperada, pero que precisamente por ello aprovechará cualquier recurso para no perder las posiciones de ventaja que la ocupación del Gobierno proporciona, frente a cualquier otra posición en la arena política.
