Asombrado por el tamaño y éxito alcanzados por la corrupción, decidí “regresar” a la política por el fácil atajo de escribir allí donde tuvieran la amabilidad de publicar mis decepciones. En aquel momento, una de las primeras cosas que se me ocurrieron es que había que cambiar el sistema de financiación de los partidos políticos. Estaba pensando en ello cuando el amontonamiento de sorpresas que comenzó a depararnos el día a día de España primero, de Europa después y de Trump para rematar, hicieron que dejara sucesivamente en el tintero esa motivación inicial.
Pero siempre colma el vaso una última gota y no sé cual haya podido ser de cualquiera de las que a lo largo de cada día de cada semana de cada mes de cada año nos avergüenzan a todos, menos a los culpables, con la excepción de algún arrepentido ocasional, siempre ex, léase hoy Alberto Garre, presidente (ex) del PP de Murcia, que ha salido dando un portazo de los que retumban. Para confirmar, una vez más, que la libertad asustada que hemos “disfrutado” durante los últimos cuarenta años ha sido, y sigue siendo, una especie de laberinto de oficinas en las que meter la mano en la caja común forma parte del paisaje. He dicho susto, o miedo, porque ese es el fantasma que ha tenido agarrotada una democracia de la que tantos sospechosos presumen, pero que tanto se diferencia de todas las que nos rodean.
El recuerdo de nuestro pasado inmediato viene a cuento aquí, pues no es sino la prohibición prolongada de toda libertad, también la de asociación, lo que puede explicar algo tan sorprendente como que solo el 10% de los afiliados de que presumen los partidos se atrevan a deducir, en la declaración anual del IRPF firmada con nombre y apellidos, las cuotas que les pagan, a pesar de que eso les permitiría ahorrarse unos cuantos euros. O que incluso la tesorera del PP, siga defendiendo hoy el anonimato de las donaciones a los partidos políticos, lo que significa aprovechar el trauma que contamina el subconsciente colectivo para seguir creando barreras legales que permitan ocultar el delito de apropiación indebida de fondos públicos que practican de manera organizada. Y que acto seguido se haga la ofendida cuando los diputados de la oposición afirman que los de Rajoy no están colaborando con una Justicia que, por cierto, les ha expulsado de las causas por no colaborar. Para “mear y no echar gota de la risa”, que se decía.
Pero se trata de aportar ideas para propiciar el cambio de una legislación que se ha concebido con todas las trampas necesarias para ser burlada con total impunidad.
Vaya por delante que, si de algo han de servir Internet y sus buscadores es para no alargar cualquier texto con las referencias legislativas que se van amontonando. Las normas se evalúan por su eficacia y qué duda cabe que estas lo han sido, pero para favorecer a los delincuentes. Por tanto, le ahorraré a quien lea lo de citar la Ley Orgánica 8/2007, la de 2015 o al Tribunal de Cuentas y su nepotismo. Todo está, como se sabe, a la distancia de un clic.
Tampoco me parece necesario recorrer la legislación comparada de los sistemas de financiación de partidos existentes en otras democracias pues nuestra historia es tan distinta que importar modelos ajenos no implica la menor garantía. Además, estamos en un periodo de cambios que, como todos, requiere imaginación y osadía, comenzando por encarcelar al mayor número de ladrones y cómplices, no nos vaya a ocurrir como tras la muerte de Franco, que por no limpiar la porquería estamos liderando los rankings de corrupción.
Entrando en el meollo, hay tres preguntas a las que es necesario responder antes de reformar la financiación de los partidos políticos.
Primera.- ¿Quién debe financiar a los partidos políticos?
Segunda.- ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos?
Tercera.- ¿Qué es transparencia sobre las finanzas de los partidos?
Primera.- ¿Quién debe financiar a los partidos políticos?.
Procede la pregunta porque está proliferando entre algunos influyentes la especie de que lo único importante es que se sepa quién entrega dinero a quién, como si fueran lo mismo las cuotas de cien euros de mil afiliados movidos por sus convicciones y la confianza en la política, que la entrega de cien mil euros de una empresa movida exclusivamente por sus intereses particulares y que podría ser favorecida mediante adjudicaciones tramposas de contratos públicos, tal como los juzgados demuestran que es el pan de cada día.
En mi opinión, los partidos deben ser financiados, única y exclusivamente, por personas físicas. De manera personal y directa, o indirecta a través del Estado, que esto se aborda en el apartado siguiente. Esta respuesta nace de una lógica que parece aplastante. A saber.
Los candidatos que concurren a las elecciones son siempre personas físicas para ser elegidos por otras personas físicas mediante el voto secreto y en base a un programa electoral. No es ocioso recordar que los elegidos, aunque se presenten con unas siglas, son dueños de sus escaños. Por tanto, no es legalmente aceptable que una empresa, por ejemplo, altere el contrato electoral “firmado” en las urnas entre personas físicas. Y no hay nada como mucho dinero en un solo sobre para alterar un acuerdo ante el que una de las dos partes, el electorado, se haya indefensa, pues no puede reclamar su cumplimiento, la acción de legislar y gobernar en base a ese programa electoral conocido, hasta el día en que se celebren las siguientes elecciones. Una fecha a la que, por cierto, se puede llegar con muchas cosas irreversiblemente estropeadas, léanse esta vez la cantidad de millones convertidos en paisajes urbanizados con obras públicas que siguen desiertas y que han servido para llenar de dinero negro la caja del partido que sostenía al gobierno que adjudicaba, para así ganar elecciones más dopado que Amstrong. Y si las pierde, deja a los nuevos endeudados hasta las cejas. A la sociedad española no hay forma de devolverle los gobiernos robados. Y a Rajoy, el jefe de los más imputados, ninguna Justicia ha conseguido siquiera investigarle.
Volviendo a un asunto que no nos preocuparía si no hubiera tanta corrupción, es “de cajón” que una empresa representa siempre unos intereses que solo la benefician gracias a que perjudican a muchos de los que no están vinculados a ella. Es la ley del sistema que, por cierto, nadie cuestiona y que, por eso mismo, su poder e influencia deben estar perfectamente definidos cuando tocan lo público, lo de todos, para que se respeten los derechos e intereses de los demás, tan legítimos como aquellos y muchas veces contrarios.
Al margen de lo anterior, no cabe duda que los partidos deben poder financiarse con los resultados que devengue su propia actividad. No obstante, es imprescindible limitar y controlar con las mismas exigencias que se proponen para los partidos a esos satélites de que se rodean, como las fundaciones, con la principal intención, cuando no única, de canalizar ingresos y otros recursos que no podrían llegar legalmente a los partidos.
Segunda.- ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos?
2a.- En el momento de su constitución.
Al constituirse, cada partido debe abrir una caja con las aportaciones de los afiliados fundadores, si las hubiera, y presentar el estado inicial de cuentas al registro público correspondiente. Esa información debe desglosarse con todo detalle. Al menos con el mismo que se pide a cualquier persona jurídica, tal como se hace, por ejemplo, con las empresas privadas: información del capital constituido y desembolsado, etcétera… Lo que no está reñido con que los partidos deban ser democráticos y, por ejemplo, valgan exactamente lo mismo los votos de todos sus miembros.
A partir de ese momento inicial, tres deberían ser los canales para obtener ingresos, siempre procedentes de personas físicas.
2.b.- Las aportaciones personales de sus afiliados.
En este caso, el pago directo de las cuotas de los afiliados y simpatizantes, con los límites legales que se establezcan. A estas alturas, la ley debería obligar a que todas esas aportaciones entraran a través de entidades bancarias. En relación con esto, no estaría de más que el Estado proporcionara a todos los partidos una cuenta financiera pública con la que trabajar, quizás en el Banco de España, por si cualquier circunstancia relacionada con las actuaciones de la banca privada pudiera resultar inaceptable para algún partido político.
2.c.- La financiación con cargo a los presupuestos generales.
Se trata del dinero que reciben por concurrir a los procesos electorales. En mi opinión, el número de papeletas recibidas en las urnas debe ser el único criterio de cálculo, pues el de representantes conseguidos está siempre alterado por leyes electorales que no respetan la proporcionalidad y que está demostrado que perjudican más a unos partidos que a otros a pesar de que se trata del ejercicio de un derecho democrático, igual para todos por definición. En los temas de dinero público es injusto que leyes pactadas entre los fuertes puedan perjudicar a los débiles, les impidan competir en igualdad de condiciones y terminen convirtiéndolos en más pequeños de lo que deberían ser según las preferencias del electorado. Además esta financiación que se propone que sea la única de esta clase, debe abonarse al margen de que los partidos consigan representantes, porque no toda la política se hace en las instituciones. Pero toda cuesta dinero.
2.d.- A través de la declaración anual del IRPF.
Se trata de una innovación necesaria. La declaración del IRPF debería ser un procedimiento anual voluntario para que todos los contribuyentes que lo deseen puedan canalizar hacia uno o varios partidos políticos de su preferencia el porcentaje de sus impuestos que la ley debería establecer, mediante un modelo similar al que existe para financiar a la Iglesia Católica. Además, podría preguntarse al declarante, en el mismo impreso, si autoriza al Estado a facilitar sus datos al partido o partidos que decide financiar, cosa que ayudaría mucho a recuperar la muy deteriorada confianza en la democracia y multiplicaría la participación ciudadana en la política.
Tercera.- ¿Qué es transparencia sobre las finanzas de los partidos?
Hace tiempo que los pacientes acuden a la farmacia y les venden las medicinas recetadas por el médico sin necesidad de enseñar más que la tarjeta sanitaria, que ni eso haría falta. Hace bastante más tiempo que podemos consultar y operar con nuestras cuentas bancarias desde la playa o la montaña. Y que somos conscientes de que el Ministerio de Hacienda sabe de nuestros dineros más que nosotros mismos. Incluso acabo de leer que más de quinientas empresas ya comunican en tiempo real a Hacienda las facturas que emiten, sea su importe de un € o de mil millones. En cambio, las finanzas de los partidos constituyen un territorio sometido a su libre albedrío, del que los juzgados están demostrando que es pura coincidencia cualquier parecido entre la información que envían al muy cuestionado Tribunal de Cuentas y la realidad del dinero de todos los colores que han movido en tantas cajas como letras tiene el abecedario, o más.
Por tanto, si por cada metro cuadrado de partido político se cometen más irregularidades que por cada kilómetro cuadrado de ciudadanos y empresas, ¿a qué viene que las finanzas de aquellos, que además son menos, estén mucho menos controladas por el Estado que las de estos y estas?
Seré breve.
3.a.- Deben transferirse del Tribunal de Cuentas a los servicios de Inspección del Ministerio de Hacienda todas las competencias relacionadas con el control y seguimiento del dinero que manejan los partidos políticos. Hay que dotar a esos servicios de Inspección de mayor independencia respecto del Gobierno.
3.b.- La más importante, conexión permanente y en tiempo real con la Inspección de Hacienda de todas las cajas de efectivo y cuentas bancarias que figuren a nombre de cualquier partido político, de tal manera que cualquier movimiento que se produzca en las mismas quede anotado automáticamente en la Inspección. Por supuesto, a partir de esa conexión, cualquier movimiento dinerario de los partidos políticos que se produzca fuera del circuito financiero conocido por el Estado será considerado irregular hasta que no quede integrado en el registro legal y, en su caso, sometido a la revisión por la Justicia.
Conclusión.
Un sistema construido por el mismo aparato del Estado que había impuesto y consolidado una dictadura de cuarenta años no podía dar lugar a una democracia medianamente limpia. Es lo que toca hacer en esta etapa, a pesar de estar rodeados, de nuevo, por las mismas tendencias autoritarias y racistas que ayudaron al golpe de estado de Franco y dieron paso al periodo más desgraciado del siglo XX.
Las propuestas formuladas en este trabajo son, todas, perfectamente aplicables y, por supuesto, no descubren nada especialmente nuevo. Solo hace falta voluntad política. Ni Podemos, ni Ciudadanos ni PSOE pueden estar en desacuerdo con estas reformas legales, u otras parecidas que permitan conseguir los mismos efectos. Además, tienen mayoría de sobra para aprobarlas en el Congreso y el gobierno no puede decir que afecten a los Presupuestos del Estado. Y si han tenido tiempo para salvar los rabos inocentes de perros y gatos, deberían hacer un hueco para decirles a ciertas manos culpables donde no deben meterse, y de esa forma no tener que “cortarlas”.
