El pulso entre las Leyes del Vino castellano-manchega y nacional ha finalizado después de una década de continuos conflictos competenciales, relacionados con las potestades asumidas por las autonomías, en materia de política de consumo y en las prioridades que deben prevalecer a la hora de establecer las diferentes figuras de protección de la industria vitivinícola.
El Gobierno de Castilla-La Mancha entendió en el año 2003, al amparo del Estatuto de Autonomía, que podía legislar y clasificar los vinos, en función de su procedencia, dando fruto a los Vinos de la Tierra, y a los Vinos con Indicación Geográfica, relacionándolos con un área de producción, de unas variedades determinadas, y promocionando el municipio o comarca, de donde era originario el caldo, y de esa forma, competir en igualdad de condiciones dentro del mercado con otros vinos, como los de La Rioja o los de Castilla y León, una batalla que siempre ganaban los “enemigos del Norte”.
Además, gracias a esta norma de carácter autonómico, se originó el Fondo de Promoción Vitícola y se articularon las funciones del Instituto de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha (IVICAM), además de establecer nuevos vínculos administrativos entre la Administración regional y las Denominaciones de Origen, facilitando la proliferaron de nuevos Consejos Reguladores.
A pesar de que la Ley autonómica de la Viña y el Vino nació unos meses antes, la Ley nacional del mismo nombre, estableció dos distinciones: vinos de mesa y vinos de calidad, y encuadró dentro de éstos últimos, los vinos de calidad con indicación geográfica, los vinos con denominación de origen, los vinos con denominación de origen calificada y finalmente, los vinos de pago.
El entonces Gobierno de José Bono entendió que se estaba vulnerando el ámbito de actuación de la Junta de Comunidades y decidió presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional en el año 2004, especialmente por entender que se dañaba por parte del Estado a las Denominaciones de Origen, una figura mucho más próxima a los intereses vitícolas regionales.
Ahora, el Tribunal Constitucional desestima, después de once años, el recurso castellano-manchego argumentando que las Denominaciones de Origen son subgrupos de los Vinos de Calidad Diferenciada, es decir, que antes que la procedencia, el consumidor debe tener claro que está ante un producto de gran excelencia, y luego elegir la Denominación de Origen, la Indicación Geográfica, y la Protección Especial de Pago.
Por último, aquel Ejecutivo de Castilla-La Mancha también entendió que se invadían competencias por parte del Ministerio de Agricultura al ejercer nuevas facultades sobre los Consejos Reguladores y que además podía establecer un régimen sancionador, competencias que ahora quedan delimitadas al ámbito estatal, que es quién finalmente autoriza estas figuras y pueda sancionar a través del régimen administrativo.
La ordenación del sector del vino queda finalmente a manos del Gobierno central, y las Administraciones autonómicas asumen las políticas de promoción y en muchos casos de comercialización.
En el caso de Castilla-La Mancha, la riqueza vitivinícola es amplia, y goza de productos con una calidad excelente, procedentes de cualquiera de las Denominaciones de Origen que están arraigadas en nuestra tierra como “La Mancha”, “Valdepeñas” , “Manchuela”, “Almansa”, “Jumilla”, “Ribera del Júcar”, “Mondejar”, “Méntrida” o “Uclés”, y todas ellas, merecen una atención especial en su etiquetaje, son “hijas de una legislación regionalista’, piden una mayor protección, pero sobre todo, lo que más necesitan, es unir esfuerzos para romper un mayor número de barreras comerciales, aunque para ello, deban aglutinarse bajo una misma bandera.
