Opinión

Una Justicia sin barreras y para todos en CLM

La nueva Ley de Tasas Judiciales impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón ha provocado un fuerte rechazo social, y una oposición frontal por parte de los empleados públicos que trabajan en la administración de Justicia, hasta el punto que hoy se escenifica la tercera huelga de la justicia de la historia democrática en España.

La nueva Ley de Tasas Judiciales impulsada por Alberto Ruiz-Gallardón ha provocado un fuerte rechazo social, y una oposición frontal por parte de los empleados públicos que trabajan en la administración de Justicia, hasta el punto que hoy se escenifica la tercera huelga de la justicia de la historia democrática en España.

Esta nueva iniciativa legislativa tildada de “reformista”, trae como consecuencia que cualquier persona que presente una demanda por vía civil, social o administrativa, tendrá que pagar las tasas marcadas por la Ley, pierda o gane el contencioso. Además, esta tasación de cualquier proceso judicial llevará a que en España haya una justicia para los ricos y otra para el resto de los ciudadanos.

La entrada en vigor de esta ley supone también la creación de una barrera económica de tal envergadura que millones de ciudadanos se verán privados de su derecho de acceso a la Justicia, vulnerando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

La Ley de tasas ha contado con informes negativos del Consejo General del Poder Judicial, y el rechazo del Colegios de Abogados y Procuradores, Sindicatos, Organizaciones de Consumidores y Usuarios e incluso de la Defensora del Pueblo.

La protesta de hoy está convocada por las asociaciones 'Jueces para la Democracia' y 'Francisco de Vitoria', así como por la Unión Progresista de Fiscales. En Castilla-La Mancha, la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) no apoyan la huelga, aunque la APM sí rechaza la reforma como expresó en un comunicado.

A la convocatoria de paro están llamados 5.100 jueces y 2.400 fiscales en toda España, de los que 182 jueces y 79 fiscales ejercen sus funciones en Castilla-La Mancha.

La mayor parte de este colectivo ya no sólo aprovechará para pedir la derogación de la ley de tasas, sino que quiere expresar su malestar por la poca inversión que se ha hecho en la Justicia (el presupuesto equivale al 1 por ciento del PIB, cuando en el resto de Europa oscila entre el 4 y 5 por ciento del PIB), por la ausencia de oferta pública, por el abuso en la práctica del indulto por parte del Gobierno, mostrar su oposición a las reformas anunciadas del Código Penal, denunciar la escasez de recursos para luchar contra la corrupción y exigir una mayor independencia en el Poder Judicial.

Por último, recordar que otro de los motivos de la protesta es volver a incidir en la pésima situación en la que se encuentran los registros civiles que podrían pasar a manos privadas para dejar de ser “públicos, gratuitos y universales”,  y que en Castilla-La Mancha, a pesar de existir 31 servicios, son los registros civiles de las cinco capitales de provincia los que especialmente soportan excesiva carga de trabajo para el bajo número de funcionarios que desarrollan sus funciones en estas oficinas. 

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