La actualidad de la próxima semana estará marcada por la negociación de la futura Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, una legislación que debería amparar los derechos de 70.000 funcionarios de la Junta de Comunidades, sin embargo, la actual situación de las Administraciones Públicas, las políticas de persecución del objetivo del déficit, las continuas privatizaciones de servicios y la racionalización del gasto, hacen prever que la negociación entre sindicatos y Gobierno regional, convocados para el próximo lunes 8 de abril, se convierta en un escenario más propicio para el enfrentamiento, que para llegar a un acuerdo sobre este futuro texto legislativo.
Uno de los principales escollos se encuentra en la aplicación de la normativa de Incapacidad Temporal de los empleados públicos de la Junta de Comunidades, funcionarios conocidos actualmente en el resto de España por ser los más perjudicados en sus nóminas en caso de baja, perdiendo hasta incluso el 30 y el 40 por ciento de su salario, por enfermedades, hospitalización o tratamientos prolongados.
Esta falta de regularización en los casos de baja por enfermedad, también está agravada en Castilla-La Mancha, durante los tres primeros días, aunque existe el compromiso del consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, de aplicar un complemento del 50 por ciento, una leve mejora que tampoco satisface las pretensiones de los representantes de los trabajadores, que reivindican una homogeneización con respecto al resto de España.
La situación de los agentes medioambientales y las campañas de prevención y extinción de incendios; el conflicto competencial que creará el cuerpo regional de veterinarios; la anterior eliminación de las pagas extraordinarias; la ampliación de horarios, los planes de conciliación de la vida laboral y familiar, la ausencia de políticas de igualdad y las futuras privatizaciones de infraestructuras hospitalarias; son algunos de los asuntos que también estarán encima de la mesa de diálogo, aunque la futura iniciativa legislativa sobre el empleo público, deberá pasar más tarde por Consejo de Gobierno, y su posterior tramitación en las Cortes regionales, donde también se augura que se convertirá en caballo de batalla entre los partidos con representación parlamentaria.
Esta nueva Ley del Empleo Público llega tras el compromiso de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, de poner en marcha el denominado Plan de Garantías de los Servicios Sociales, que dibujó un nuevo funcionamiento de la Administración regional, donde ha ido aumentando la conflictividad entre los empleados públicos y los cargos de mayor rango ejecutivo; y provocando más tarde, dos manifestaciones multitudinarias, convocadas por los sindicatos en defensa de los servicios públicos y exigiendo una rectificación de las políticas económicas, y una mejora de los derechos de los empleados de la Administración.
La primera manifestación se convirtió en una gran protesta por ese Plan de Garantías de los Servicios Sociales, que ocasionó antes y después de su puesta en marcha, el despido de cerca de 10.000 interinos.
La última concentración, realizada el 16F, por parte de todos los sindicatos con representación en la función pública, escenificó el gran rechazo social que existe a los procesos de privatización de los servicios de la Junta de Comunidades, y mostró la indignación que existe en el colectivo de profesionales públicos docentes o en el personal sanitario del SESCAM.
Por último, recordar la importancia de la futura Ley de Empleo Público en una Comunidad Autónoma, donde el 16 por ciento de su población actual es empleado público y trabaja en la Administración regional, bien en los servicios centrales o periféricos de la Junta de Comunidades, o dentro de las dos grandes área funcionariales que representan los docentes y los profesionales de la sanidad pública regional.
