Opinión

Los guardianes de la biodiversidad, en peligro

La difícil situación laboral en la que se encuentran los técnicos forestales de Castilla-La Mancha y los recortes llevados a cabo por el actual Gobierno autonómico, -tanto en infraestructuras como en medios materiales-, no pasaron desapercibido en el II Congreso nacional de agentes medioambientales, que se celebra en Toledo, donde se escenificó la ruptura actual entre este cuerpo de empleados públicos, y las actuales políticas emprendidas por la Consejería de Agricultura, centradas exclusivamente en la desmantelación de capital humano y de las herramientas para velar por la sostenibilidad y la protección de nuestra biodiversidad.

La difícil situación laboral en la que se encuentran los técnicos forestales de Castilla-La Mancha y los recortes llevados a cabo por el actual Gobierno autonómico, -tanto en infraestructuras como en medios materiales-, no pasaron desapercibido en el II Congreso nacional de agentes medioambientales, que se celebra en Toledo, donde se escenificó la ruptura actual entre este cuerpo de empleados públicos, y las actuales políticas emprendidas por la Consejería de Agricultura, centradas exclusivamente en la desmantelación de capital humano y de las herramientas para velar por la sostenibilidad y la protección de nuestra biodiversidad.

Muchos son los frentes abiertos actualmente para estos “policías medioambientales”, nacidos al amparo de las autonomías, y abocados en la actualidad a ser víctimas de la burocratización de una estructura diseñada para hacer frente a los incendios forestales, pero también para perseguir los delitos que se cometen en los entornos naturales.

Los conflictos laborales surgidos tras los diferentes EREs en GEACAM, -reduciendo la plantilla al 20 por ciento en esta empresa pública-, la retirada de los 35 vehículos todoterreno del parque automovilístico de la Junta de Comunidades utilizados por los agentes medioambientales para el correcto desarrollo de sus funciones, la inoperatividad del helicóptero de vigilancia y el despido de 160 forestales en Castilla-La Mancha, -un cuerpo especializado compuesto actualmente por un servicio de 530 agentes para cubrir toda el área medioambiental de la Comunidad Autónoma-, llevaron a que este colectivo escenificara, en este Congreso, su desacuerdo con estas políticas de austeridad, ausentándose del foro como símbolo de protesta, durante la intervención del director general de Montes y Espacios Naturales del Ejecutivo regional, Javier Gómez Elvira, y anunciando posteriormente movilizaciones si continúan los recortes.

Desde la Asociación regional de Agentes Medioambientales (APAM CLM) y también desde su organización nacional, también se mostró el rechazo frontal a la modificación de la Ley de Montes, un cambio legislativo que abriría las puertas de la descatalogación de los denominados montes públicos, y las posteriores consecuencias en la red de espacios protegidos, incluidos parques naturales en Castilla-La Mancha, como se denunció durante la apertura inaugural del COPOMAT.

El Comité Organizador de este Congreso (AAFF) y APAM CLM, alertaron de las graves consecuencias que estas políticas de recortes pueden ocasionar durante los meses en los que está funcionando el dispositivo de lucha contra los incendios forestales, al no haberse puesto en marcha, este año, la campaña de prevención , que consiste en la retirada de las suciedad de las zonas arbóreas, la limpieza de los bosques, y la adecuación del terreno para impedir que la propagación del fuego tenga elementos a su favor.

Esta grave negligencia ha hecho saltar todas las alarmas de todos los agentes involucrados en el cuidado del medio ambiente, al advertir que se avecinan unos meses muy complicados en la lucha contra los incendios, en una Comunidad Autónoma, que su extensión geográfica, sus condiciones climáticas, y su acentuada desertización, es muy susceptible de sufrir fuegos forestales de grandes dimensiones, como el que se registró en el año 2005 en La Riba de Saelices, y que acabó con la vida de once retenes, a los que se les homenajeó, en este foro, celebrado en el campus universitario de la Fábrica de Armas.

La incorrecta descripción de las competencias de estos agentes medioambientales contemplada en el futuro borrador de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha, el bloqueo político en la tramitación judicial de atestados de delitos contra la naturaleza, la falta de inversión en el Centro de Recuperación de Aves Rapaces (CERMI) de Sevilleja de la Jara, -donde también se registraron despidos en los últimos meses-, el boicot que sufre este colectivo por parte de algunas administraciones en el control y análisis de las aguas fluviales, especialmente en el río Tajo, los incumplimientos de directivas europeas en el desarrollo de la actividad cinegética en la Comunidad Autónoma, y la politización en torno al lobo, fueron algunas de las cuestiones que se analizaron en este Congreso, dónde debió haber una mayor presencia institucional para intentar buscar vías de diálogo entre los forestales y el Gobierno autonómico, diagnosticar la actual situación del colectivo, y diseñar conjuntamente los planes técnicos que necesita Castilla-La Mancha para volver a enfrentarse al fuego forestal. 

Comentarios