La reorganización del sector público sanitario en Castilla-La Mancha está levantando algunos frentes y resistencias tanto de carácter ciudadano (Plataformas en defensa de la sanidad pública), como una “trinchera” política, al entender el PSOE, que en algunos casos, esta denominada reestructuración sobrepasa “delgadas líneas rojas”
Los pasos dados por la Consejería de Sanidad para privatizar los hospitales de Villarrobledo, Almansa, Manzanares, Tomelloso, sin descartar en el futuro Puertollano y Valdepeñas, han ocasionado el nacimiento de numerosos movimientos sociales y sindicales, que diariamente muestran su disconformidad con esta decisión política.
Sin embargo, el pulso que mayores dimensiones está cobrando, y mayor protagonismo mediático ha despertado, ha sido la respuesta de un numeroso grupo de municipios, con sus alcaldes a la cabeza, que no están por la labor de ver cómo se desmantelan urgencias rurales y comarcales, y se han encaminado a una “lucha” que se alargará en el tiempo, debido a que “esta unión intermunicipal” frente a la Orden de la Consejería de Sanidad, están en manos de una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM).
El Gobierno central y regional defienden las competencias que en la reorganización del sector público tienen las Comunidades Autónomas e insisten en que hay que encaminarse a un cambio de modelo, pero en materia de urgencias y emergencias, la centralización de recursos hiere ciertas sensibilidades, al entender que algunas comarcas y zonas deprimidas, quedan desprotegidas de la acción inminente de estos recursos.
Ahora, una veintena de alcaldes socialistas unen esfuerzos, y tras recurrir la Orden, han decidido que hay que utilizar la Ley de Iniciativas Populares y de los Ayuntamientos de 8 de mayo de 1985, contemplada en el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía, y que permite a través de 20.000 firmas y la aprobación en seis plenos, -cuyos municipios sumen más de 20.000 habitantes-, presentar una Proposición de Ley en las Cortes para su tramitación parlamentaria en pro de evitar en bloque el cierre de estas urgencias rurales.
Este nuevo bloque opositor podría contar con más municipios, puesto que hay cien “afectados por esta decisión”, de los que sesenta están gobernados por el PSOE.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha debería replantearse mantener estas urgencias rurales, sino quiere encontrarse con un frente de grandes proporciones, que ahora recurre judicialmente y defiende que hay decisiones legislativas que deben emanar de una mayor democracia participativa, y que además puede transformarse en una inmensa ola ‘manifestante’, con ciertas similitudes en el pasado a las grandes concentraciones en contra del trasvase Tajo-Segura.
