Es difícil asimilar una afirmación como que la justicia es una metástasis que convive entre nosotros, es más, en un sistema democrático es casi imposible creerse que lo sea. Pero, por desgracia, en nuestro país es así.
Yo me pregunto qué nos pasaría al resto de ciudadanos si estafásemos a la seguridad social, como ha hecho la mujer de un torero. Si una trama de corrupción nos plantase un jaguar en nuestro garaje y nos pagasen nuestros viajes y cumpleaños, como le ha pasado a una Ministra. Si blanqueásemos dinero, como le ha sucedido a una cantante. Si matásemos a alguien en un atropello por ir embriagados, como, presuntamente, indican todos los indicios que le ha pasado a un ex-torero. Si fuésemos miembros de la junta directiva de una empresa que ha estafado y se ha lucrado con fondos públicos, como le ha pasado a una Infanta. Si nos hubiéramos financiado ilegalmente a costa del dinero de los parados, como ha sucedido en el caso Pallerols. Y así podríamos continuar con un sinfín de ejemplos. Pero lo importante es la contestación y la posterior pregunta....”estaríamos, sin duda alguna, en la cárcel” . ¿Por qué ellos no?.
En cualquier sistema democrático el poder judicial tiene que ser impecablemente independiente, equitativo y transparente. Por supuesto, todo ello avalado por el Estado. Sin embargo, al menos en nuestro país, los hechos nos indican todo lo contrario.
En algunos de los casos que he mencionado la hipocresía, indignidad, inmoralidad y mezquindad de las sentencias judiciales pueden estar basadas en ideologías personales de quienes las dictan. En otros, la sombra del Estado está encima, de manera clara y contundente, como una cruel y pesada losa.
Aun así, no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco. Hay jueces valientes que dictan sentencias muy justas. Pero se encuentran con que muchas de estas acaban en el cubo de la basura gracias, por ejemplo, a la mano ejecutora del Estado, también conocida como fiscalía general, la cual en lugar de vestir de rayas a estos estafadores los da una palmadita suave y sutil en la espalda. Eso si, en algunos de los casos con una multa la cual, curiosamente, pagamos un 80 por ciento de la misma con dinero público y donde los ciudadanos nos podríamos reflejar en el dicho: “encima de prostituta...apaleada”.
Y para que hablar del trabajo policial en estos casos, donde el mismo acaba siendo pasto de una destructora de documentos. No porque ellos lo quieran, sino porque su trabajo para este sistema solo es válido si no va en contra de los que manejan los hilos del propio sistema.
No nos cansamos de oir, por distintos cauces, la poca independencia del sistema judicial, pero quien tiene las riendas para dar un cambio a todo esto es el gobierno. Afirmación que es una verdad a medias, puesto que la ciudadanía tenemos mucho que decir en ello. Pero aquí nos encontramos con la cruda realidad de todo esto, ya que ha sido el propio gobierno del PP, a través de su Ministro de Justicia, el que ha vuelto a dar un giro de tuerca a toda esta indecencia y ha vuelto a pisotear la poca independencia que existía en nuestro sistema de justicia, apoderándose de tener la decisión de quienes van a integrar los órganos judiciales. Y esto, sin olvidar, que para el PP quien quiera justicia que se la pague. O para que nombrar al que llaman “tribunal constitucional”, que más bien parece una partida de mus entre amiguetes de partido. Está claro que aquí el interés partidista juega un papel fundamental.
Por otro lado, nos cuentan en muchas ocasiones, todas ellas donde los ciudadanos exigimos justicia, que no se pueden llevar a cabo las reivindicaciones que se plantean porque, entre otras cuestiones, está el carácter retroactivo. Un ejemplo claro es el tema de los desahucios. Pero aquí nos encontramos con otra falacia más, porque este carácter retroactivo bien que lo emplean para cuando les conviene, todo ello a una velocidad vertiginosa. Velocidad que no usan cuando la reivindicación es ciudadana y que aplican ese refrán: “las cosas de palacio van despacio”. Sin embargo, en pocas horas se han hecho cosas como el cambiar algún artículo de la Constitución y con el añadido de ni siquiera contar con la ciudadanía. O se sacan leyes de la manga, todas ellas también de manera fulminante, para acabar, por ejemplo, con el escrache.
Todo esto se podría pensar que está fundamentado en un pensamiento, un sentimiento o una deducción, pero no, esto es nuestra indiscutible cruda realidad. Donde los verdaderos culpables de todo somos los ciudadanos, al menos, eso es lo que indican las medidas adoptadas por el partido popular, que van encaminadas solamente a exterminar nuestros derechos, mientras que a la vez ponen la alfombra roja a los estafadores y corruptos de este país. O lo que es lo mismo, que los ciudadanos somos los delincuentes de este país.
Escuchamos muchas veces que hay que mejorar nuestro sistema democrático, pero esto es imposible. Solo se puede cambiar algo que existe y, por desgracia, nuestro sistema es puramente una dictadura encubierta y avalada por el propio Estado con un solo fin...”sus intereses creados” (solo hay que echar un vistazo a la cancerígena ley electoral). De ahí, que la única solución sea implantar una democracia donde el Estado sea un aval de todos los derechos de los ciudadanos y con un firme compromiso hacia lo que verdaderamente importa...”las personas”. Y es aquí donde la ciudadanía jugamos el papel de protagonistas y donde tenemos el derecho y la obligación de no mirar para otro lado, porque de lo contrario podríamos aplicarnos una frase del gran Martin Luther King:
“Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos”.
