Muy preocupantes son los datos de paro, en el pasado mes de febrero en Castilla-La Mancha con una tasa del 30 por ciento, y el número de parados aproximándose a los 275.000. Esta región se encuentra actualmente con la mitad de parados que de población ocupada, ya que según los datos de afiliación a la Seguridad Social, hay 592.000 personas activas en el mercado laboral.
Cualquier radiografía que se realice sobre el mundo laboral en la Comunidad Autónoma, refleja síntomas de “alarma generalizada” y “emergencia social”.
La destrucción de empleo público, las políticas de recorte y austeridad, la ineficaz reforma laboral, la deslocalización de muchas empresas, el alto coste de la actividad de autónomo, la baja productividad del tejido industrial, la economía sumergida, la subida de los precios (IPC interanual en el 2,50 en enero) o el constante abandono de las labores agrícolas o ganaderas, están llevando a que Castilla-La Manche necesite urgentemente nuevos horizontes en la búsqueda de creación de empleo.
Cualquier plan, programa o iniciativa legislativa, debe priorizar por encima de cualquier otro aspecto, y marcarse como objetivo prioritario, actuar y proteger a 129.000 desempleados que han agotado todas las prestaciones, y 89.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro. Todas las instituciones públicas (regionales, provinciales, y locales) deben unirse para analizar qué presupuesto tienen para este fin, y después buscar mediante el diálogo social y el entendimiento, herramientas que actúen de forma urgente en el mercado laboral castellano-manchego.
Otras cifras para reflexionar son la tasa de paro femenina que supera el 35 por ciento, o la masculina que está aproximándose al 28 por ciento; la tasa de paro juvenil conocida como una de las mayores de toda Europa con un 58 por ciento; la pérdida de 20 autónomos al día en Castilla-La Mancha, 554 autónomos durante el pasado mes de febrero, y el ritmo de crecimiento de paro en provincias como Toledo o Ciudad Real, que suman entre ambas 170.000 parados, debido al efecto que ha tenido en ambas circunscripciones, el cierre de grandes empresas, el incremento de expedientes de regulación de empleo, o la clausura de organismos y empresas públicas, además de la eliminación de numerosas plazas de interinidad dependientes directa o indirectamente de la Administración regional.
Estos datos deben hacer parar agendas institucionales, y actos propagandísticos y buscar urgentemente cauces de comunicación entre los miembros del Pacto Social, los partidos políticos, todas las administraciones ubicadas en la geografía de Castilla-La Mancha, y los agentes sociales sectoriales, para unir esfuerzos en una sola dirección; frenar esta situación.
