Opinión

16F, unión de mareas en Castilla-La Mancha

Llegó el 16 de febrero, un día en el que los sindicatos han llamado a la masiva movilización a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, para protestar contra la desmantelación de los servicios públicos, contra el continuo tijeretazo y recortes de prestaciones sociales “básicas”, contra la bajada de salarios, contra el desembarco del sector privado en la gestión pública de áreas “esenciales” para el bienestar

Llegó el 16 de febrero, un día en el que los sindicatos han llamado a la masiva movilización a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, para protestar contra la desmantelación de los servicios públicos, contra el continuo tijeretazo y recortes de prestaciones sociales “básicas”, contra la bajada de salarios, contra el desembarco del sector privado en la gestión pública de áreas “esenciales” para el bienestar de la ciudadanía, y en definitiva, para mostrar su rechazo a los sacrificios que traen consigo determinadas políticas neoliberales aplicadas en la Comunidad Autónoma.

Esta manifestación llega días después de que se escenificara en Castilla-La Mancha el logro cosechado por cumplir con el objetivo del déficit del 1,5 por ciento, en el ejercicio presupuestario 2012, sin embargo “este aparente éxito político”, se produce con una tasa de paro del 30 por ciento, con más de 270.000 personas en situación de desempleo, con 130.000 personas que no tienen ningún tipo de prestación, y sobre todo con 89.000 familias en la región que tienen a todos sus miembros fuera del mercado de trabajo.

Ha transcurrido un año desde la manifestación del 11 febrero de 2012, “en defensa de lo público y contra los recortes”, en la que cerca de 20.000 personas tomaron las calles de Toledo, en una protesta multitudinaria y calificada de “histórica”, en la que se lanzaron proclamas en contra de lo que se denominaba entonces medidas complementarias al Plan de Garantías de los Servicios Sociales, y que incluía el recorte de salarios para todos los empleados públicos un 3 por ciento, y un aumento de la jornada laboral semanal en dos horas y media.

Desde entonces hasta ahora, Castilla-La Mancha ha seguido siendo un campo experimental en las políticas de recorte, y nadie ha conseguido poner freno a esta austeridad que se encamina en el 2013 a reducir el déficit y situarlo en el 0,7 por ciento, en el caso de las Comunidades Autónomas, con lo que los sacrificios continuarán en todos los sectores de la Administración pública.

Muchas mareas unirán sus aguas el 16F, la verde se une a esta protesta tras conocer la supresión para el próximo curso de 428 plazas de docentes en la Educación Infantil y Primaria; y la eliminación de 786 plazas de Secundaria, mientras el Ejecutivo autonómico potencia la educación privada en toda la geografía.

La marea blanca se manifestará contra una reestructuración del modelo público sanitario en Castilla-La Mancha que está llevando a peligrar algunos servicios de urgencias y emergencias como el caso de los Puntos de Atención Continuada (PAC), la privatización de hospitales, la posible pérdida de calidad en el transporte sanitario, en pleno conflicto laboral, o el desmantelamiento de los servicios periféricos del SESCAM.

Pero habrá otras mareas, como la de los agricultores y ganaderos, sacudidos por la crisis mucho antes que otras sectores, y que han visto cómo la última Cumbre Europea reduce las ayudas de la política agraria común en Castilla-La Mancha en un 15 por ciento, con 200 millones de euros menos para ayudar al sector primario, en las puertas de un nuevo ciclo de sequía, y con total ausencia de políticas que defiendan los intereses hidrológicos de la región.

También se manifestarán empleados públicos, y no sólo contra las políticas que está desarrollando el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino contra el conjunto de administraciones públicas, ubicadas en nuestra Comunidad Autónoma, y que han permitido que los servicios públicos se hayan deteriorado, perdiendo estándares de calidad, además de ver cómo sus salarios son recortados, congeladas sus pagas extraordinarias y sin embargo, están obligados a atender muchas más necesidades internas en las instituciones.

Por último recordar que esta manifestación también se origina sin ningún atisbo de recuperación, con una economía sumergida a consecuencia del fraude fiscal y laboral cifrada en 3.500 millones de euros, sólo en Castilla-La Mancha, con el abandono completo del Diálogo Social en la Comunidad Autónoma, herramienta imprescindible para alcanzar pactos y acuerdos en materias sensibles para los ciudadanos, y con numerosos escándalos de corrupción salpicando las portadas de los diarios de información general, y que erosionan la imagen de los partidos políticos.  

Comentarios