No se pueden bajar las pensiones, por mandato constitucional. El artículo 50 de nuestra Carta Magna consagra: “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Aquí conviene recordar que Rajoy subió las pensiones un 0,25% cada año, y que Sánchez en 2019 las subió el 1,6% y en 2020, el 0,9%. Además, las pensiones son derechos adquiridos en el pasado, que no se pueden alterar con políticas del presente ni del futuro.
¿Por qué sacar esto a colación ahora? Porque el primer ministro de los Países Bajos, el Sr. Rutte, en representación de los mal llamados países “frugales”, está con la cantinela de provocar lo que llama reformas en la política de los países receptores de las ayudas de la UE, como consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Ayudas que no quiere que sean tales, sino más préstamos que ayudas y con la condición de influir en la política de los Estados receptores. Algo así como convertirse en nuestro presidente del gobierno y en nuestro parlamento, sin haber sido elegido por nuestro país. Así conseguiría aplicar sus políticas de reformas en nuestra Sanidad Pública, en las condiciones laborales, en las Pensiones, en la Educación... Reformas (recortes) que serían bien vistas por la derecha española, que no ganó las elecciones.
En toda negociación, y esta parece que lo es, las partes deben ceder en algo para encontrarse. Quien, de momento, parece más remisa al acuerdo es la parte que representa el Sr. Rutte y eso es perjudicial para el éxito de la negociación. Lo pretenden es aprovechar las consecuencias de una pandemia para someter a los países más afectados a sus condiciones de usura. Una falta de acuerdo podría provocar un Tsunami de consecuencias catastróficas, incluso de la supervivencia de la propia UE. El Sr. Sánchez, la Sra. Merkel y otros mandatarios europeos están por favorecer el acuerdo, porque no son ajenos a la importancia de lo que está en juego. El presidente Sánchez ya ha apuntado a la necesidad de conceder algunas cesiones.
Parece claro que las políticas que se aplicaron con motivo de la crisis de 2008 no sirven. No sirvieron ni entonces, porque eran políticas trasnochadas, pensando en clave del siglo XX. Los recortes en el sector público sirvieron, sobre todo, para agudizar aún más la crisis y someter a las clases populares a un flagelo injusto, aumentando el paro hasta cifras insoportables (más de 6 millones), la pobreza infantil (29,9%, solo superada por Rumanía), la pobreza energética, el éxodo de nuestro jóvenes mejor preparados, la destrucción del tejido investigador universitario… A los siete años del estallido, se produjo el pico. El endeudamiento fue tal que alcanzó la cifra de 400 millones de euros diarios desde que Rajoy había ocupado el cargo de presidente del gobierno. Y a todo esto con el IVA más caro, con los repagos farmacéuticos para los jubilados, con cierre de camas en los hospitales, despidos de personal sanitario, recortes en Educación… Para qué seguir con lo que ya se sabe, pero que debemos tener presente.
Esta vez se debe pensar en clave del siglo XXI y mirando, sobre todo, al futuro. Es la agenda social, el “no dejar a nadie atrás”, que insiste el gobierno, y cuando dice a nadie, es ni a personas ni a empresas. Es que la inversión se centre en desarrollar el Pacto Verde Europeo; es impulsar la digitalización a través de las oportunidades que genera la red 5G. Es que se pueda acceder a oportunidades de mejora en la fabricación inteligente, en la investigación, en la logística, en la movilidad sostenible, en la educación, en los servicios de ocio y entretenimiento... Así, pensando en el futuro, se solucionarán los problemas del presente. Para eso es para lo que nos sirve Europa, esta UE. Y de nuestra Sanidad Pública, que copien y, si son capaces, que la mejoren.
