El presupuesto invisible
Lo que nació como una medida excepcional para afrontar una emergencia sanitaria se ha convertido, tres años después, en el salvoconducto perfecto para el gasto público discrecional. Las normas aprobadas durante el Covid, que permitían agilizar compras y reasignar partidas presupuestarias sin los controles habituales, siguen plenamente vigentes. Lo que debía ser una herramienta temporal se ha transformado en un atajo permanente que el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza para sortear la falta de presupuestos y la necesaria fiscalización parlamentaria.
Hasta 2020, solo podía modificarse el gasto público por razones de urgencia debidamente justificadas. Hoy, esa exigencia se ha evaporado. El Ejecutivo ampara sus decisiones en una normativa de excepción que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado abiertamente en su último informe. Según la institución presidida por Cristina Herrero -una de las pocas que aún conserva independencia frente al Gobierno-, la situación ha derivado en un auténtico presupuesto paralelo que ya supera los 40.000 millones de euros. Esa cantidad, ejecutada sin control parlamentario, sin urgencia y sin transparencia, ha hecho saltar todas las alarmas. La AIReF advierte de que no solo se obstaculiza su labor de fiscalización, sino que España se aleja peligrosamente del cumplimiento de las reglas fiscales impuestas por la Unión Europea. La opacidad y el desorden financiero amenazan con tener un coste político y económico incalculable.
En cualquier país de nuestro entorno, un uso tan abusivo de los mecanismos excepcionales sería motivo suficiente para disolver el Parlamento y convocar elecciones. En España, sin embargo, el Gobierno parece encontrarse cómodo en esta anómala situación: tres años sin cuentas públicas, pero con total libertad para gastar. Al fin y al cabo, siempre hay dinero para lo que conviene. Para revertir esta anómala situación, el Partido Popular parece haber despertado y ha anunciado una iniciativa parlamentaria para derogar las normas Covid que sustentan este desmadre contable. Llega tarde, pero llega. Recuperar el control democrático del gasto público no es una cuestión partidista: es una obligación institucional. Mientras tanto, el país asiste, entre la indiferencia y la resignación, a la consolidación de un modelo de gestión que confunde la agilidad con la arbitrariedad y el interés general con la conveniencia del poder.